
En lo transcurrido del siglo XXI, el mundo en general atraviesa un rápido y peligroso proceso de deslegitimación del sistema democrático, sustentado en la narrativa de la intimidación, el bloqueo, la mentira elaborada y la descalificación personal e institucional de gobiernos legítimamente elegidos por los ciudadanos de cada país. Desde la criminología, esta situación favorece y fortalece una cultura de la violencia desde edades tempranas (niños, adolescentes y jóvenes sicarios) en poblaciones cada vez más precarizadas por la falta de oportunidades, una educación de baja calidad e incluso en familias adineradas que delegan la formación de sus hijos al sistema que ellos mismos han escogido y a las reglas del capitalismo.
Los gobiernos legítimos —incluidos los tres poderes públicos— no reflejan interés en que esta problemática sea un eje central para el diseño de políticas públicas efectivas de carácter preventivo, correctivo y punitivo. Predomina una adaptación pasiva, una normalización del tratamiento criminal, que se extiende a la sociedad civil y obstaculiza un análisis científico profundo para comprender las causas estructurales del fenómeno.
La teoría de la neutralización moral sostiene que los adolescentes, especialmente, no tendrían vínculos sólidos ni con las pautas de comportamiento ni con los valores sociopolíticos, ni con actividades delictivas hasta cierto punto de la vida. Por otra parte, en el mundo cibernético que los rodea, la ingeniería social destaca un conjunto de técnicas “que permiten manipular y engañar a las personas para obtener datos confidenciales o lograr que realicen acciones que no deseaban hacer”. Estas prácticas son utilizadas por grupos delincuenciales organizados, pero también por actores políticos y empresariales en estrategias de marketing y publicidad.
Según expertos en ciberseguridad (Proofpoint), el término ingeniería social fue acuñado en 1894 por el industrial holandés J.C. Van Marken, pero se consolidó como metodología de ciberataques desde la década de 1990. A partir de entonces, los gobiernos y tecnócratas responsables de la ciberseguridad establecieron como protocolo estándar contactar telefónicamente a los usuarios para verificar identidades o procedencias, aunque en realidad el objetivo muchas veces es ejercer presión para lograr acciones prediseñadas por actores con poder, al margen del control estatal. Incluso criminales encarcelados operan estas estrategias sin regulación efectiva.
Desde una lectura política y económica formal, el afán de lucro desmesurado y el mercadeo masivo focalizado por corporaciones, bancos, entidades financieras e industrias formales ha contribuido a normalizar estas prácticas. Muchas veces se trafican o venden bases de datos de clientes a contact centers o a servicios de inteligencia y contrainteligencia. Estas acciones sustentan redes de empleados precarios, jóvenes conectados al ciberespacio, subordinados a órdenes verticales desde instituciones que contratan sus servicios. Pero ¿qué es realmente la ingeniería social y qué impactos genera?
La ingeniería social es el conjunto de tácticas utilizadas para manipular, influir o engañar a una víctima para que divulgue información sensible o realice acciones poco aconsejables, como liberar datos personales, financieros o ceder el control de un sistema informático (Proofpoint.com, 2025). Desde la psicología, se considera una práctica “malévola”, pues se basa en manipulación, persuasión y explotación de información confidencial. Puede conducir al chantaje legal, al cambio de condiciones contractuales por tecnicismos dictados por asesores jurídicos o financieros. Muchos empleados sin principios éticos sólidos son vulnerables, no solo por el poder del dinero, sino por amenazas a su vida, su familia o la pérdida de su empleo.
En el fondo, la ingeniería social implica engaño, intimidación y presión psicológica, política y legal (o ilegal) hacia individuos o grupos para lograr los objetivos de actores poderosos: funcionarios, directivos o criminales. No se trata solo de un problema moral, legal o psicológico, sino de una táctica socialmente aceptada. Ese es su mayor riesgo: obedecer sin cuestionar los principios ni las consecuencias. Como afirmó Hannah Arendt —filósofa del existencialismo y la fenomenología—, el peligro radica en seguir órdenes sin pensar en su impacto humano. Arendt, influida por Kant, Heidegger y Jaspers, contribuyó profundamente a las teorías del totalitarismo, la política y la cultura.
La falta de conciencia sobre las verdaderas estrategias de poder lleva a muchos profesionales y ciudadanos a caer en el analfabetismo político funcional, legitimando como “normales” ciertas respuestas opositoras a gobiernos democráticamente elegidos, simplemente porque incomodan a intereses particulares. Este deterioro es consecuencia de una lectura simplista del principio liberal de elegir y ser elegido, que ha perdido conexión con los ideales de libertad e igualdad ante la ley.
Desde la teoría política, Arendt defendió que el pluralismo es la vía para alcanzar igualdad y libertad. En Los orígenes del totalitarismo, denuncia que la historiografía no ha logrado explicar fenómenos como el Holocausto o el antisemitismo, y cómo este odio ha sido replicado a la inversa, hoy, por sectores del pueblo judío contra la población civil en Gaza. Para Arendt, el totalitarismo afecta todas las dimensiones del ser humano, manipulando el miedo colectivo para transformar los sistemas estatales. Así lo hicieron el nazismo, el fascismo italiano, el franquismo español y el estalinismo inicial.
Actualmente, predomina una ideología imperialista basada en la intimidación, el control económico global mediante aranceles, la defensa selectiva de la democracia, el uso militar indiscriminado, y un populismo libertario legitimado por líderes mediáticos. Todo ello se apoya en una narrativa manipuladora que seduce a ciudadanos ingenuos, quienes se someten sin pensar a la moral dominante, ya sea liberal o conservadora, o incluso a luchas espiritualizadas entre el bien y el mal, según convenga políticamente.
Arendt afirmaba que los seres humanos no son por naturaleza buenos o malos, pero sí responsables de sus actos. Toda maldad debe ser sancionada, ya que cada individuo es dueño de sus decisiones. Además, sostenía que las personas tienden a comportarse mejor bajo una autoridad que guía su conducta, lo que explicaría su facilidad para someterse a la moral dominante (Arendt, 2006). La responsabilidad se transfiere así del individuo al colectivo, dificultando la sanción justa y objetiva de actos punibles, dolosos o disciplinarios.
El uso de niños, adolescentes y jóvenes como instrumentos del crimen debe abordarse desde todos los frentes: hogares, partidos políticos, instituciones del Estado, sindicatos y gremios empresariales. Esto exige recuperar el concepto de justicia basado en la “responsabilidad individual” y desde el Estado en sus múltiples expresiones: penal, fiscal, política, empresarial, ética y comunitaria.
John Rawls, citado por Bidet (2000), plantea que un sistema social justo debe basarse en principios morales aceptables para todos. Entre ellos: 1) toda persona tiene derecho a un esquema equitativo de libertades y derechos básicos, y 2) las desigualdades económicas deben beneficiar más a los sectores desfavorecidos. Esto implica reconstruir las normas cuando dejan de ajustarse a los contextos actuales. Rawls advierte que la “mano invisible” del mercado no basta: las transacciones libres no garantizan justicia ni equidad. La sociedad civil debe definir, mediante negociación, el orden económico y las formas legítimas de propiedad.
Arendt también defendió una ética comunitaria basada en la negociación, frente al imperativo categórico kantiano que consideraba “egoísta”, pues en el capitalismo salvaje triunfa quien es más despiadado, no el más justo. Lo mismo ocurre en el crimen organizado: los individuos se agrupan bajo un líder para delinquir, justificar acciones inmorales o simplemente obtener beneficios económicos inmediatos, incluso si ello implica arriesgar su vida y la de su familia.
Fredy Abed (2025) señala que “los liberales somos muy amplios para incluir dentro de los socialistas a todos los que defienden al Estado […], pero somos extremadamente estrictos en reconocer a alguien como parte del movimiento liberal”. Esta visión, excluyente y reductora, niega la complejidad de los vínculos sociales y la aspiración humana a pertenecer a una comunidad.
Finalizo destacando el propósito de las técnicas de neutralización: justificar actos que normalmente estarían prohibidos por valores éticos. Estas técnicas permiten a los jóvenes delinquir sin sentir culpa, considerando esos actos como parte de una norma funcional. Como dice el refrán colombiano: “hecha la ley, hecha la trampa”.
Los grupos criminales no requieren títulos ni legitimidad institucional; conocen las necesidades de sus sicarios, las debilidades del sistema legal y la fragilidad ética de la justicia. En consecuencia, urge formar y actualizar permanentemente a legisladores, jueces, funcionarios y actores privados para comprender este fenómeno y diseñar respuestas profundas, colectivas y efectivas en los ámbitos físico, digital y socioeconómico. Solo así será posible recuperar los principios fundamentales de la convivencia humana.
Profesor Asociado e Investigador en la Escuela Superior de Administración Pública – ESAP, institución de carácter universitario superior del nivel nacional del Estado colombiano. Temas y líneas de investigación relacionados con Ciencia Política, Estado, Gobierno, Administración Pública, Gerencia Pública, Políticas Públicas, Técnicas de Análisis Espacial y Geopolítica, Innovación y análisis organizacional, Gestión ambiental, Responsabilidad Social Empresarial, entre otros. He sido columnista de opinión política en revista Capital Político, conferencista, consultor y asesor de empresas e instituciones en sistemas de gestión de la calidad (ISO) y modelos de excelencia (EFQM), evaluador del Premio Nacional a la Calidad (Icontec). Profesor y catedrático en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia (UN - Bogotá), Fundación Universitaria San Martín (FUSM-Bogotá). Jubilado del Grupo Energía de Bogotá S.A. ESP. Doctorando en Política y Gobierno en la Pontificia Universidad Católica de Córdoba (Argentina); Magister en Estrategia y Geopolítica de la Escuela Superior de Guerra, y Especialista en Responsabilidad Social Empresarial de Universidad Externado de Colombia y Columbia University New York; Especialista en Gobierno Municipal de la Pontificia Universidad Javeriana (Bogotá).