El 4 de marzo quedó grabado en la historia del bloque de integración comercial de Norteamérica. Ese día, ante los ojos del mundo que veían con incredulidad el ataque contra dos de sus principales aliados, entró en vigor la imposición del 25 % de arancel a las importaciones de productos mexicanos y canadienses (pospuesto hasta el 2 de abril del presente año).
Podríamos preguntar: ¿cómo lo logró? Mediante una serie de decretos a través de órdenes ejecutivas, que le permiten al presidente llevar a cabo de manera inmediata ciertas decisiones en su territorio, siempre y cuando no contravengan su constitución y se encuentren dentro del marco legal.
Todo comenzó el mes pasado, cuando el recién electo presidente de los Estados Unidos firmó una serie de estas órdenes, volviéndose de inmediato el centro de atención de todas las miradas, puestas en torno a las amenazas de aranceles contra Canadá, China y México.
Impuso a China un 10 %, quien le respondió de manera recíproca. Quedó en pausa con sus socios vecinos por 30 días en reconocimiento a las acciones tomadas, indicando claramente que, si fallan en implementar suficientes medidas contra el narcotráfico y empeoran las crisis de drogas ilegales, así como de inmigración, el mandatario norteamericano tomará las medidas necesarias para atacar la situación, incluida la imposición de aranceles.
No es casualidad que el pasado 20 de febrero la Casa Blanca indicara que se designaban como Organizaciones Terroristas Extranjeras, y como Terroristas Globales Especialmente Designados, a ocho cárteles del narcotráfico, siendo seis ubicados en México. Esta designación otorga un mayor sustento a la declaración de emergencia nacional y le da la posibilidad de ampararse en los tratados internacionales, alegando seguridad nacional ante la crisis del fentanilo, que, de acuerdo con diversas investigaciones y alegatos, proviene de China, pero son Canadá y México las puertas de entrada mediante los cárteles.
Y a todo esto, ¿qué pasa con el T-MEC? Se pierden los beneficios arancelarios de manera unilateral, es decir, EE. UU. los impone a los productos importados, pero ni México ni Canadá han hablado aún de reciprocidad.
Lo cual es sensato, ya que la imposición de aranceles afecta directamente el poder adquisitivo de los consumidores, fomenta la inflación y beneficia principalmente al gobierno. Y he aquí que hace sentido el interés de imponerlos por parte de EE. UU.: la capitalización es uno de los objetivos.
Esta decisión tiene consecuencias inmediatas para los consumidores locales en EE. UU.: enfrentarán de inicio escasez de productos por temor al sobreprecio o desabasto, alza de precios por aranceles, aunado a compras de pánico. Actualmente, se ha visto ese efecto con el huevo.
La competitividad del mercado se verá mermada ante la falta de opciones. La industria nacional americana comenzará a sufrir en sus cadenas de suministro, y las industrias mexicanas y canadienses verán algunos contratos de compra perdidos y relocalizados, ya que este tipo de acciones propician la búsqueda de nuevos proveedores que puedan otorgar precios competitivos y calidades similares. Esto afectará la fortaleza de la moneda, ocasionando devaluación. Aunque, eventualmente, esa devaluación los volverá competitivos en precio para seguir exportando.
El famoso nearshoring, que hizo más ruido que impacto en el país, finalmente dejará de ser la bandera de muchos economistas y políticos que, como se ha venido comentando, sin reformas estructurales que den certeza jurídica, no hay beneficios. Si México no toma medidas al respecto, muchos capitales buscarán nuevos terrenos con ventajas.
¿Qué sigue? Además de un análisis profundo para identificar en México dónde realmente estamos parados y quién controla el país, es necesario tomar acciones para recuperar verdaderamente la soberanía.
Ante los daños al T-MEC, toca responder conforme a derecho y determinar la estrategia y alternativas para que esto dure lo menos posible y volvamos al libre comercio, ya que solo han excluido del castigo a decreto IMMEX (gran porcentaje de estas industrias son de capitales estadounidenses), de minimis y artículos personales de viaje.
Ya ha sucedido anteriormente con medidas de salvaguarda, que se han tenido que defender y renegociar mediante los mismos mecanismos del tratado en resoluciones de disputas y/o controversias. Si bien se pueden establecer aranceles en situaciones de seguridad de acuerdo con el T-MEC, haciendo alusión a la Organización Mundial de Comercio, deberá analizarse y demostrarse considerando que el tratado sí ampara medidas cuando se atente contra la naturaleza, la vida y la vegetación en su capítulo 10, pero la imposición de estas deberá realizarse a través de un protocolo establecido en el mismo.
Ahora bien, como país, México debe estar listo para responder también a lo que nos compete en temas de violaciones al tratado, como la reforma judicial, la reforma energética, delitos contra la salud, temas laborales, entre otros.
Es momento de aprender que, si bien no desmerece ser vecino de una de las economías de consumo más importantes, hay que diversificarse. Toca abrirse a otros mercados. Particularmente, México tiene tratados comerciales con más de 52 países y acuerdos de complementación económica, por mencionar algunos. Que por cercanía y conocimiento le apostemos al T-MEC no quiere decir que sea la única opción.
Establecer políticas de fomento a la exportación, otorgando beneficios fiscales a diferentes niveles, no solo a los altamente exportadores, propiciaría la apertura a nuevas economías.
Lic en Negocios Internacionales por la Universidad de Guadalajara, Especialista en Legislación aduanera, compras, logística y negociación en mercados asiáticos y interprete de Mandarín, Fundadora y CEO de grupo GCB integrado por Agencia Aduanal, Transporte, Consultoría al Comercio Internacional.
