En un contexto internacional donde hay países realizando despachos aduaneros con la mínima intrusión del hombre, de manera rápida y efectiva, México imploraba por una modernización al sistema aduanero que le permitiera transformarlo de manera eficiente, transparente y segura.
Actualización indispensable para estar a la altura de las exigencias del T-MEC, no perder más oportunidades como el nearshoring —que fue más noticia que beneficio— y subirse a tiempo al tren de la inteligencia artificial, una nueva revolución digital.
Ante esta necesidad, el Poder Ejecutivo presenta en septiembre pasado —y no sin antes precisar en el paquete económico la intención de incrementar la recaudación en aduanas— una propuesta de reforma a la Ley Aduanera que, lejos de optimizar el proceso o las instituciones, asfixia a la figura del agente aduanal, que no la llevaba fácil ya de por sí.
Simplemente obtener una patente requiere de una convocatoria federal —la última tardó más de 20 años—, completar exámenes, estar al corriente de obligaciones fiscales, estar titulado, aprobar exámenes de conocimientos, físico-psicotécnico, polígrafo, no tener condenas. Invertir en toda la infraestructura y personal para llevar a cabo el despacho de las mercancías. Autorización que solía ser vitalicia y que, a partir de la reforma, tiene fecha de expiración: 20 años con la posibilidad de renovarlo por 20 más, certificándose cada tres años, declaración patrimonial anual e hipervigilancia del Consejo Aduanero. Y es a esto a lo que me refiero cuando digo que no es fácil ser agente aduanal.
Y así, el día siete del presente, con el 61 % de los votos a favor sin abstenciones, la Cámara de Diputados aprueba la reforma con escasas modificaciones a la propuesta, recalcando la importancia de la misma para combatir la evasión y contrabando, agilizar el despacho, incorporar tecnologías de punta y la creación de un Consejo Aduanero, entre otros. Da la impresión de venir más con la encomienda de encontrar un responsable y castigarle por todos los pecados aduanales cometidos, los más recientemente expuestos: el huachicol fiscal, contrabando de mercancías e hidrocarburos.
Convirtiendo al agente en el vigilante, informante y aval, dejando caer en sus hombros toda responsabilidad del cumplimiento regulatorio del contribuyente importador y/o exportador, así como el pago de contribuciones y multas si este decidiera no cubrirlas.
Es notable la falta de acciones hacia la figura de autoridad; no se menciona nada de la corresponsabilidad de la autoridad en las operaciones aduaneras. Si bien el agente aduanal es el responsable de ejecutar el despacho y presentar ante la autoridad la mercancía de los contribuyentes a su modulación, lo hace en recintos fiscalizados y zonas federales resguardadas por oficiales, pasando puntos de revisión y mecanismos automatizados por la autoridad aduanera.
Y por el contrario, sí otorga una autoridad al Consejo Aduanero que nace con la reforma, y será responsable de otorgar, suspender, cancelar y extinguir patentes; cancelar, inhabilitar o autorizar a las agencias aduanales.
Preocupa el incremento de las multas, alcanzando penalizaciones de hasta 300 % del valor de la mercancía, y algunas modificaciones al uso de los recintos estratégicos en mercancías que no se someten a procesos, obligando a la presentación de una cuenta en garantía.
Lo anterior obliga a una mayor comunicación y establecimiento de obligaciones contractuales entre cliente y agente aduanal, ya que las consecuencias, además de costosas, pueden derivar en juicios penales.
Es de valor agregar las tecnologías a todo el proceso, implementar inteligencia artificial en el seguimiento, revisión y ejecución del despacho. La codificación de la operación aduanera en el pedimento cruzará con los aspectos legales y fiscales en una organización, lo que obliga a los actores al famoso compliance o a la coherencia operativa.
Revisiones exhaustivas, tanto previas al despacho como durante y posteriormente. Auditorías electrónicas a la orden del día con el objetivo de encontrar el error, que justo es ahí donde está una gran oportunidad de recaudación, limpieza de padrones y patentes. Donde el sector privado es quien recibe el primer impacto de estas modificaciones, que se espera generen incremento en los tiempos y los costos aduanales.
Aún falta que se presente el reglamento de la ley para establecer ordenamientos de operación, mas esta sobrerregulación puede provocar ineficiencias operativas y tiempos prolongados de desaduanamiento de las mercancías, que no propician el intercambio comercial.
El panorama no es alentador operativamente hablando; los agentes aduanales serán más selectivos en las operaciones y todo será mediante firmas contractuales. El panorama pinta más complejo para los importadores pequeños, que deberán invertir en capacitación y controles a sus operaciones, en el entendido de que el desconocimiento de una regla no te exime de ella. Y el costo de todos estos cambios, como siempre, terminará siendo pagado por el bolsillo del consumidor final, con alza de precios y escasez de opciones de compra.
Provoca el riesgo latente de que la inversión extranjera captada por el nearshoring no soporte el marco legal tan rígido, costoso e incierto, buscando oportunidades en otros países.
Contraviene tratados comerciales, obstaculizando la facilitación comercial, la imparcialidad y la certeza jurídica, que sumado a la reciente reforma judicial y a la iniciativa de la reforma a la Ley de Amparo, hoy en día ponen en riesgo la renegociación del T-MEC.
En definitiva, es una reforma que moderniza pero que manifiesta una profunda desigualdad de condiciones, con una responsabilidad considerablemente cargada al agente aduanal, obligándole en algunos casos a lo imposible y a ser el delator del contribuyente cuando se dé cuenta, o su cómplice y fiador, cuando fallen o le engañen los controles establecidos por las agencias para el ejercicio de su actividad económica.
Y aunque es claro que ni todos son culpables ni todos inocentes, sin decirlo, es un juicio sobre todo el gremio y persigue a los particulares como los responsables de la corrupción, dejando sobre la mesa el cuestionamiento de ¿quién cuidará al que cuidando está?
Lic en Negocios Internacionales por la Universidad de Guadalajara, Especialista en Legislación aduanera, compras, logística y negociación en mercados asiáticos y interprete de Mandarín, Fundadora y CEO de grupo GCB integrado por Agencia Aduanal, Transporte, Consultoría al Comercio Internacional.
