El 1 de junio de 2025, México protagonizó un experimento democrático inédito al celebrar la elección directa de más de 880 cargos judiciales, desde jueces federales hasta ministros de la Suprema Corte. Esta iniciativa, promovida por Morena y el gobierno de la llamada Cuarta Transformación, fue presentada como un intento de acercar el Poder Judicial a la ciudadanía. Sin embargo, el proceso ha suscitado cuestionamientos tanto dentro como fuera del país, especialmente por sus preocupantes niveles de participación y su impacto potencial en la independencia judicial.
Con una afluencia de apenas 12 por ciento de los casi 100 millones de electores registrados, esta elección se convirtió en la de menor participación en la historia reciente de México. De los aproximadamente 12 millones de votos emitidos, más de 5 millones fueron anulados, lo que refleja un nivel significativo de confusión o rechazo por parte del electorado. Esta cifra supera ampliamente la participación de la elección presidencial de 1929 —que alcanzó 17 por ciento— y contrasta con la más reciente elección presidencial de 2024, donde el 61 por ciento del padrón acudió a las urnas para elegir a Claudia Sheinbaum.
Varios factores parecen haber contribuido a este resultado. La complejidad del proceso, que en algunas regiones exigía votar por hasta 51 cargos distintos, sumada a la falta de información sobre los candidatos —el 77 por ciento de los ciudadanos no los conocía, según encuestas de El País— generó desinterés y desorientación. El elevado número de votos nulos (más de 40 por ciento) podría interpretarse como una forma de protesta silenciosa ante un proceso que no logró conectar con la población.
El costo económico del ejercicio también ha sido motivo de controversia. Con un desembolso gubernamental estimado en 13 200 millones de pesos, esta elección judicial se convirtió en la más costosa de la historia de México en términos absolutos. El precio por voto emitido fue de aproximadamente 1 100 pesos mexicanos (equivalente a unos 55 dólares estadounidenses), cifra que incluso supera el costo por voto de las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2024. En contraste, el voto promedio de la elección mexicana de 2024 costó 133 pesos.
Desde el oficialismo se impulsaron estrategias activas de movilización. Morena distribuyó listas con los nombres de candidatos recomendados, y sus bases recibieron exhortos claros para acudir a votar. Sin embargo, esta no fue una práctica exclusiva del partido gobernante. Otras fuerzas como el PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano recurrieron a tácticas similares, incluyendo los llamados “acordeones” con nombres de aspirantes, algo que el Instituto Nacional Electoral intentó limitar. Este tipo de movilización condicionada, sumada a la baja participación general, sugiere que el resultado refleja más bien el peso de las estructuras partidistas que una expresión libre e informada del electorado.
La presidenta Sheinbaum calificó la jornada como un “éxito total” y fue respaldada públicamente por el expresidente López Obrador. Sin embargo, la baja participación relativiza ese triunfo. Aunque Morena logró obtener la mayoría de los votos válidos, según estimaciones de El Financiero (54 por ciento), la elevada proporción de votos nulos y la limitada participación alimentan cuestionamientos sobre la legitimidad de los resultados.
Una encuesta nacional publicada por El País mostró que el 62 por ciento de los encuestados consideraba necesario un mínimo de 60 por ciento de participación para que la elección fuera representativa. Ese umbral estuvo lejos de alcanzarse. A ello se suma la exclusión del proceso de dos sectores relevantes: los ciudadanos mexicanos en el extranjero y las personas en prisión preventiva. Ambos grupos fueron excluidos sin justificación técnica, lo que también afecta la percepción de legitimidad y equidad del proceso.
Diversos organismos civiles, analistas jurídicos y socios internacionales de México —incluidos Estados Unidos y Canadá— han expresado su preocupación por la independencia del Poder Judicial tras la reforma que dio origen a este proceso electoral. La falta de consenso político y la rapidez con que se aprobó dicha reforma contribuyen a esa percepción.
Desde una mirada externa, este experimento mexicano abre interrogantes más allá de sus fronteras. ¿Puede un ejercicio con participación tan baja ser considerado democrático? ¿Acercar la justicia al pueblo implica necesariamente someterla a votaciones populares? ¿O se trata, más bien, de un movimiento para consolidar el control político sobre un poder del Estado que históricamente ha sido contrapeso?
El caso mexicano obliga a observar con detenimiento la delgada línea entre democratizar instituciones y someterlas a la lógica de los partidos. En un contexto global donde se debaten los límites de la democracia representativa, la experiencia de México en 2025 podría convertirse en un referente, ya sea como una advertencia o como una lección para otras naciones. El verdadero éxito de esta reforma no se medirá por el número de votos, sino por la capacidad del nuevo Poder Judicial para impartir justicia de forma imparcial y profesional, sin presiones políticas.
México, hoy, enfrenta un delicado equilibrio entre participación ciudadana e institucionalidad democrática. Y ese equilibrio, como lo demuestra esta elección, es más frágil de lo que parece.
