La desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ha generado un intenso debate en diversos sectores de la sociedad y ha abierto interrogantes cruciales sobre el futuro de la transparencia en el país, el impacto en la democracia y la posibilidad de garantizar el derecho a la información en un contexto político cada vez más polarizado. En este artículo exploraremos las implicaciones de esta decisión, las expectativas sobre la nueva forma de garantizar la transparencia, la autoridad encargada de asumir esa responsabilidad, así como las repercusiones en la confianza de la ciudadanía.
El INAI ha sido uno de los organismos autónomos más importantes de México. Creado en 2002 con el objetivo de garantizar el derecho de los ciudadanos al acceso a la información pública, ha operado en línea con los principios democráticos que sustentan al país. El instituto también tenía la responsabilidad de proteger los datos personales de los mexicanos y asegurar que las autoridades públicas actuaran con la mayor transparencia posible. Su misión ha sido fundamental para impulsar la rendición de cuentas y fortalecer la confianza pública en las instituciones del gobierno.
La desaparición de este organismo significa un golpe significativo al sistema de transparencia en México, ya que su función es esencial para asegurar que los ciudadanos tengan acceso a información relevante y puedan ejercer su derecho a la participación informada en los asuntos públicos. Sin el INAI, la supervisión de la gestión pública y la vigilancia de los procesos administrativos estarán en manos de otras autoridades que podrían no tener la independencia ni los mecanismos adecuados para cumplir con este propósito de manera efectiva.
La desaparición del INAI también pone en riesgo el sistema democrático mexicano al reducir la capacidad de control de los ciudadanos sobre el poder público. En una democracia robusta, la transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales para mantener el equilibrio entre los poderes y garantizar que el gobierno actúe en beneficio de la ciudadanía. La falta de un órgano autónomo e independiente que vigile las acciones gubernamentales podría favorecer prácticas opacas y un ambiente de impunidad, afectando así la confianza pública en las instituciones.
La centralización del poder que podría resultar de esta decisión se traduce en un debilitamiento de los mecanismos que permiten a la sociedad civil ejercer presión sobre el gobierno. Si la responsabilidad de la transparencia y la protección de datos recae en instituciones que dependen directamente del Ejecutivo o de otros poderes, podría verse comprometida la imparcialidad y objetividad de las decisiones. Esto abriría la puerta a la manipulación de la información y a la toma de decisiones sin la supervisión adecuada, debilitando las bases de la democracia.
A raíz de la desaparición del INAI, se han planteado diversas propuestas sobre cómo garantizar la transparencia en el país. Se ha hablado de la creación de nuevos mecanismos o de asignar estas funciones a otras entidades gubernamentales. Sin embargo, la gran incógnita radica en qué tan efectivas serán estas nuevas alternativas para asegurar un acceso libre y efectivo a la información y, sobre todo, si podrán operar con la independencia que requiere un organismo encargado de velar por la transparencia.
Uno de los principales desafíos que enfrentará la nueva autoridad es la posibilidad de que, al depender de las estructuras de poder ya existentes, se vea influenciada por intereses políticos. La creación de un organismo o autoridad encargada de la transparencia sin la autonomía suficiente podría convertirlo en una herramienta manipulable por el gobierno en turno, vulnerando los principios fundamentales de acceso a la información y rendición de cuentas. Esto generaría un clima de desconfianza generalizada en las instituciones y afectaría la percepción de la ciudadanía sobre el compromiso del gobierno con la transparencia.
Un aspecto crucial a considerar es cómo esta decisión afecta la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas. La transparencia no solo es un derecho, sino también un pilar fundamental sobre el cual se construye la confianza en el gobierno. Si la desaparición del INAI es vista como un intento por limitar el acceso a la información, es probable que aumente la desconfianza de la ciudadanía hacia las autoridades.
En este contexto, la percepción de que el gobierno intenta ocultar información importante o restringir el acceso a datos relevantes puede desencadenar un sentimiento de desafección política. Además, la sensación de que el poder se encuentra cada vez más concentrado en manos del Ejecutivo podría alejar aún más a los ciudadanos de los procesos democráticos y generar un ambiente de desconfianza y apatía electoral.
Aunque los estados en México tienen autonomía para establecer sus propios mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, esta autonomía no necesariamente garantiza la permanencia de los organismos autónomos ni su capacidad para operar de manera efectiva. En un escenario en el que el INAI ha sido eliminado a nivel federal, es probable que los estados enfrenten dificultades para mantener o crear organismos equivalentes con las mismas facultades y recursos debido a la sujeción a una ley general.
En conclusión, la desaparición del INAI en México es un acontecimiento que abre un debate profundo sobre el futuro de la democracia y la transparencia en el país. Esta medida plantea serias preocupaciones sobre el control gubernamental de la información, el riesgo de centralización del poder y el impacto negativo en la confianza de los ciudadanos hacia las instituciones públicas. Las expectativas sobre la creación de una nueva forma de garantizar la transparencia están rodeadas de incertidumbre, y el temor de que los nuevos mecanismos carezcan de autonomía y de recursos adecuados persiste.
Al mismo tiempo, aunque los estados mexicanos tienen autonomía para crear sus propios mecanismos de transparencia, la desaparición del INAI a nivel federal pone en evidencia las limitaciones que enfrentan en este sentido. En un contexto donde los organismos autónomos se ven amenazados, es crucial que la sociedad civil siga vigilante y exija un compromiso real por parte de las autoridades para mantener la transparencia como uno de los principios fundamentales que sustentan la democracia en México.
Licenciada en Derecho con Maestría en Transparencia y Protección de Datos por la Universidad de Guadalajara. Con una sólida trayectoria en el ámbito gubernamental, especializada en administración pública, legislación administrativa, compras gubernamentales, transparencia y proyectos estratégicos, a lo largo de mi carrera he demostrado una gran capacidad en la gestión pública, brindando asesoría en normatividad y políticas administrativas, así como en la optimización de procesos en el sector público.
