En los últimos años, la transparencia en las compras gubernamentales ha emergido como uno de los pilares fundamentales para fortalecer la democracia y el Estado de derecho en cualquier nación. A medida que las sociedades reclaman mayor rendición de cuentas y un uso eficiente de los recursos públicos, las instituciones gubernamentales se ven sometidas a una presión creciente por garantizar procesos claros, equitativos y libres de corrupción. Sin embargo, el desafío más importante de las compras gubernamentales no radica únicamente en la implementación de tecnologías avanzadas o en la creación de nuevas normativas, sino en aspectos más profundos y humanos, tales como la ética, los principios y el profesionalismo de los actores involucrados en estos procesos.
El corazón de cualquier sistema de compras públicas está compuesto por personas que, en muchas ocasiones, no cuentan con los principios, la ética y la profesionalidad necesarios para asegurar que dichos procesos sean verdaderamente transparentes. Esta falta de formación y disposición entre los actores responsables de la gestión pública es, sin lugar a dudas, uno de los obstáculos más serios que enfrentan los gobiernos al momento de implementar prácticas adecuadas y honestas en las adquisiciones. Aunque la corrupción o el desvío de recursos son problemas notorios, a menudo la raíz de estos problemas reside en una falta de principios sólidos y una insuficiente formación profesional.
No obstante, los factores humanos no son el único desafío que enfrentan las compras gubernamentales. Un problema igualmente grave y tal vez incluso más complejo es la falta de sistematización generalizada en los procesos. A lo largo de los años, las instituciones gubernamentales han tendido a manejar sus procesos de compras de manera fragmentada, sin una visión integral ni un sistema único de gestión que permita la correcta supervisión y control de las adquisiciones. Los diferentes entes gubernamentales implementan sus propios sistemas internos sin considerar una plataforma común que facilite la interoperabilidad entre ellos, lo que limita gravemente la efectividad del control y la transparencia.
Al hablar de la falta de “sistematización”, no nos referimos exclusivamente a la ausencia de un sistema informático, sino a la inexistencia de un conjunto organizado de registros, procesos, procedimientos, criterios, estructuras, herramientas y funciones dentro de las entidades públicas, que garanticen la correcta administración de los recursos en las compras. Cada institución opera de manera aislada, lo que implica que no existe una red coherente de información que permita auditar y verificar de manera eficiente todas las transacciones realizadas. Esto crea un terreno fértil para malas prácticas, el desperdicio de recursos y la falta de transparencia, ya que no hay un control centralizado ni un acceso fluido a la información clave.
La gestión documental, en este contexto, juega un papel crucial. Los procesos de archivo y documentación deben estar alineados con los principios de transparencia y eficiencia para evitar la opacidad. El manejo desorganizado de los documentos, la falta de normativas claras sobre la clasificación de la información y la carencia de un sistema centralizado de acceso a los mismos agravan la situación y dificultan la rendición de cuentas.
Por tanto, la transparencia en las compras gubernamentales no solo depende de la voluntad de los servidores públicos, sino también de la creación de una infraestructura adecuada que permita la sistematización y digitalización de los procesos. Para que el proceso de adquisiciones sea verdaderamente transparente, es necesario que todas las entidades gubernamentales estén interconectadas mediante un sistema unificado, que permita a los ciudadanos y a los órganos de control acceder a la información relevante de manera rápida, precisa y clara. Solo con un sistema interconectado y transparente será posible detectar irregularidades, evitar el uso indebido de recursos y garantizar que los contratos se otorguen de manera justa y eficiente.
La creación de plataformas digitales únicas para la gestión de compras no solo debe tener como objetivo hacer que los procesos sean más rápidos y eficientes, sino también garantizar que se sigan criterios de calidad, competencia y honestidad. La digitalización puede mejorar la transparencia al reducir la intervención manual, pero para que sea efectiva, debe estar acompañada por un cambio cultural dentro de las instituciones gubernamentales, en el que se promuevan la ética profesional y el respeto por los principios de transparencia.
En este sentido, es fundamental que las instituciones gubernamentales implementen programas de capacitación continua para los servidores públicos involucrados en el proceso de adquisiciones, con el fin de fortalecer su conocimiento sobre las leyes y normativas que regulan las compras públicas, pero también para cultivar un cambio de mentalidad que permita enfrentar las presiones externas o las tentaciones internas de desviar recursos. La corrupción no es solo un problema de infraestructura o tecnología, sino también de cultura organizacional.
Además, es necesario que las compras gubernamentales estén sujetas a un marco normativo más riguroso y actualizado, que contemple no solo las normativas locales, sino también las buenas prácticas internacionales en materia de compras públicas. Esto implica la implementación de controles externos, la auditoría constante de los procesos y la creación de mecanismos de participación ciudadana que aseguren que las decisiones se tomen en beneficio de la sociedad y no de intereses particulares.
La falta de transparencia en las compras gubernamentales es un desafío complejo que requiere una solución integral. Es necesario repensar la manera en que los gobiernos abordan este tema, entendiendo que no se trata solo de aplicar herramientas tecnológicas o de aumentar la burocracia, sino de crear una estructura sólida, interconectada y ética, en la que los actores involucrados, tanto humanos como tecnológicos, trabajen en conjunto para lograr una gestión pública eficiente, honesta y transparente.
En conclusión, la verdadera transparencia en las compras gubernamentales no depende exclusivamente de la creación de sistemas informáticos avanzados, sino de la voluntad de cada actor involucrado de actuar con responsabilidad, ética y profesionalismo. Es el ser humano, con sus principios y valores, quien debe garantizar que las compras públicas se realicen de manera transparente, eficiente y en beneficio del bien común. Asimismo, la sistematización integral de los procesos y la interconexión de los sistemas gubernamentales son pasos esenciales para que la transparencia sea una realidad efectiva, más allá de las buenas intenciones.
Licenciada en Derecho con Maestría en Transparencia y Protección de Datos por la Universidad de Guadalajara. Con una sólida trayectoria en el ámbito gubernamental, especializada en administración pública, legislación administrativa, compras gubernamentales, transparencia y proyectos estratégicos, a lo largo de mi carrera he demostrado una gran capacidad en la gestión pública, brindando asesoría en normatividad y políticas administrativas, así como en la optimización de procesos en el sector público.
