El 20 de enero de este año, Donald J. Trump asumió por segunda vez la presidencia de los Estados Unidos en un contexto de profunda incertidumbre, especialmente fuera del país. Desde su primer día en el cargo, firmó una serie de órdenes ejecutivas sin precedentes, estableciendo un récord histórico en la cantidad de medidas adoptadas en un solo día. Estas acciones iniciales delinean con claridad la dirección que tomará su administración en los próximos cuatro años: un gran viraje en la política económica, migratoria y de seguridad nacional. La situación actual de Estados Unidos exige una transformación profunda. El país enfrenta una crisis migratoria sin control, con récords de cruces ilegales en la frontera sur; una desindustrialización progresiva, que ha dejado a amplios sectores económicos en declive; una deuda pública en niveles insostenibles, que compromete la estabilidad financiera a largo plazo; y un aparato burocrático y regulatorio que requiere revisión y replanteamiento, pues lejos de mejorar la eficiencia del Estado en favor de un mercado más dinámico, muchas de sus estructuras han terminado por obstaculizar el desarrollo económico (Es posible un gobierno ágil y eficiente: Elon Musk y el reto de reinventar la burocracia, Revista Eje Global, 2024). A esto se suma el ascenso imparable de China, que ha desplazado a EE.UU. como socio comercial principal en múltiples países y domina sectores estratégicos del futuro, desde inteligencia artificial hasta la producción de semiconductores. Mientras tanto, durante la última administración, el gobierno estadounidense ha destinado enormes recursos a conflictos ajenos que no han fortalecido su posición global. Ante este panorama, la necesidad de un cambio estructural inmediato no es solo una opción, sino una urgencia histórica para la Unión Americana.
Proteccionismo y desarrollo: la historia económica de Estados Unidos
A finales del siglo XIX, Estados Unidos dejó de ser una nación emergente y se consolidó como una potencia industrial. Este ascenso no fue producto del libre comercio, sino del proteccionismo estratégico impulsado por el Partido Republicano desde su fundación en 1854. En ese momento, el país estaba dividido en dos modelos económicos opuestos. El Norte, rico e industrializado, apostaba por el desarrollo manufacturero y promovía aranceles altos para proteger sus productos de la competencia extranjera, particularmente de Gran Bretaña. En contraste, el Sur, agrícola y económicamente rezagado, dependía de la exportación de materias primas, especialmente algodón, y favorecía el libre comercio para mantener su relación con los mercados europeos. Tras la Guerra de Secesión, la política proteccionista se profundizó, permitiendo un auge sin precedentes en sectores clave como el acero, el petróleo y el ferrocarril. Gracias a estas medidas, EE.UU. no solo generó empleo masivo y atrajo migración interna y extranjera hacia sus ciudades industriales, sino que también desarrolló un mercado interno lo suficientemente robusto para sostener su crecimiento sin depender del comercio exterior. Para 1900, el país había desplazado a Gran Bretaña como la principal potencia industrial del mundo.
Como se observa en la gráfica basada en datos de Johnston & Williamson (2018) y complementada con datos de Angus Maddison (2001), el PIB de EE.UU. experimentó un crecimiento acelerado entre 1865 y 1900, impulsado por políticas proteccionistas y una rápida industrialización. Este modelo económico permitió al país consolidarse como la principal potencia manufacturera mundial al inicio del siglo XX, estableciendo un precedente que hoy cobra relevancia en el contexto de las políticas económicas de la segunda administración Trump.
De la apertura comercial a la crisis industrial estadounidense
Durante el siglo XX, Estados Unidos transitó de un modelo proteccionista con altos aranceles a una economía más abierta, pero lo hizo desde una posición de fuerza, ya consolidado como la principal potencia industrial del mundo. La expansión de su producción y su dominio tecnológico le permitieron liderar la creación del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT) en 1947, con el objetivo de reducir barreras comerciales y consolidar su influencia económica en el mundo occidental. Décadas más tarde, en 1995, el GATT evolucionó en la Organización Mundial del Comercio (OMC), ampliando aún más las reglas del comercio global y facilitando la integración de mercados. A la par, acuerdos regionales como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA, 1994) y su posterior reemplazo por el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC, 2020) fortalecieron la relación comercial con sus socios regionales. Sin embargo, el contexto actual es distinto. La apertura comercial que en su momento favoreció a EE.UU. terminó facilitando el desplazamiento de su industria manufacturera hacia países con costos de producción más bajos, especialmente China, contribuyendo a un déficit comercial persistente y a la pérdida de competitividad en sectores estratégicos. Hoy, ante esta realidad, el gobierno de Trump propone una revisión de su modelo económico que no busca un retorno absoluto al proteccionismo, sino un equilibrio entre apertura y protección selectiva. Su estrategia se enfoca en la reindustrialización, la defensa del mercado interno y la salvaguarda de industrias clave frente a prácticas desleales de competencia global.
China: el desafío tecnológico y económico más grande
En las últimas décadas, China ha emergido como un competidor formidable en el ámbito tecnológico y científico, superando a Estados Unidos en múltiples áreas clave. Según un informe del Instituto Australiano de Política Estratégica (ASPI, por sus siglas en inglés), China lidera actualmente en 57 de 64 tecnologías críticas, un incremento significativo desde las 52 tecnologías del año anterior y un salto notable desde el periodo 2003-2007, cuando dominaba solo tres tecnologías. Esta transformación ha sido gradual pero constante, consolidando a China como una potencia global en investigación y desarrollo.
El avance chino se ha traducido en aplicaciones concretas, como su dominio en baterías eléctricas, donde ha convertido su liderazgo en investigación en capacidades de manufactura. No obstante, en otras áreas la transición de la investigación a la capacidad tecnológica ha sido más lenta. A pesar de ello, el liderazgo chino en sectores estratégicos como exploración espacial, robótica, biotecnología, tecnología cuántica e inteligencia artificial supone un desafío directo para Estados Unidos. Un ejemplo claro es el desarrollo del modelo DeepSeek, una inteligencia artificial creada por desarrolladores chinos que ha demostrado mayor eficiencia en tareas específicas que ChatGPT, desafiando el liderazgo estadounidense en este sector. Esta innovación, sumada a la expansión de chips avanzados diseñados y fabricados en China, ha impactado directamente a gigantes tecnológicos como NVIDIA.
El ASPI Critical Technology Tracker (2024) confirma que China no solo ha consolidado su liderazgo, sino que ha ampliado su dominio en tecnologías críticas. Presentando un riesgo de monopolio chino, lo que significa que el control sobre la producción y el desarrollo está altamente concentrado en China, generando vulnerabilidades estratégicas para Occidente.
Estados Unidos sigue siendo un líder en áreas como computación de alto rendimiento y software avanzado, pero está perdiendo terreno en la mayoría de las áreas críticas. La creciente brecha tecnológica con China es un reflejo del estancamiento en la inversión en manufactura avanzada y la falta de estrategias efectivas para proteger la innovación estadounidense.
Este crecimiento no solo representa una amenaza económica, sino que también tiene implicaciones estratégicas y de seguridad nacional para Estados Unidos. La superioridad china en tecnologías emergentes podría traducirse en una ventaja militar y geopolítica significativa en los próximos años, desafiando el liderazgo global que Washington ha mantenido durante décadas.
El nuevo rumbo con la administración Trump
Ante este panorama, la Heritage Foundation elaboró el documento Mandate for Leadership: The Conservative Promise, una hoja de ruta política que, si bien no es un plan oficial del gobierno, ha ejercido una gran influencia en la nueva administración de Donald Trump. Este extenso plan, desarrollado con la contribución de más de 400 expertos, establece medidas concretas para restaurar la competitividad de Estados Unidos en sectores estratégicos y reducir la dependencia de tecnología extranjera.
El plan enfatiza la necesidad de revitalizar la industria nacional, proteger la propiedad intelectual y fomentar la innovación en sectores clave. Con estas medidas, se busca no solo recuperar el liderazgo económico, sino también garantizar que Estados Unidos mantenga su influencia en el mundo ante el ascenso de China y la consolidación de su modelo tecnológico y comercial.
A nivel geopolítico, la nueva administración ha priorizado la seguridad fronteriza como parte de su visión económica. La crisis migratoria en la frontera sur ha alcanzado niveles sin precedentes, con más de 2.5 millones de cruces ilegales en 2023, lo que ha generado presiones fiscales y desafíos de seguridad interna. La administración ha propuesto medidas más estrictas de control fronterizo, deportaciones aceleradas y restricciones en el acceso a beneficios sociales para inmigrantes indocumentados. Esta política, además de su dimensión de seguridad nacional, está ligada a la estrategia económica de proteger el mercado laboral estadounidense y racionalizar el gasto público en su sistema de bienestar.
El impacto fiscal de la inmigración ilegal ha sido ampliamente estudiado, y uno de los informes más citados es “La carga fiscal de la inmigración ilegal para los contribuyentes estadounidenses | Estudio de costos de 2023”, publicado por la Federación para la Reforma de la Inmigración Estadounidense (FAIR). Según este estudio, la inmigración ilegal impone un costo neto anual de aproximadamente 150.7 mil millones de dólares a los contribuyentes estadounidenses. Este monto resulta de gastos totales de alrededor de 182 mil millones de dólares, compensados en parte por 31 mil millones de dólares en impuestos indirectos, como impuestos al consumo y a la propiedad. Los principales costos incluyen educación, atención médica, aplicación de la ley y otros servicios gubernamentales.
Este escenario ha llevado a la administración a adoptar una postura de revisión integral del gasto público, enfocándose en reducir las presiones sobre el sistema de bienestar y garantizar que los recursos se utilicen de manera más eficiente. En este contexto, el control migratorio no solo responde a una preocupación de seguridad, sino que se inscribe en una estrategia más amplia para reducir costos fiscales y reforzar la estabilidad económica a largo plazo.
En el ámbito fiscal, la reforma más ambiciosa que se está evaluando es la reducción del impuesto corporativo (ISR) del 21% al 15% con la posibilidad de ser totalmente eliminada. Esta propuesta representa uno de los cambios estructurales más profundos en la política fiscal del país en décadas. La idea detrás de esta medida es convertir a Estados Unidos en un destino más atractivo para la inversión y la producción, contrarrestando la fuga de capitales y el atractivo que países con menor carga tributaria han representado para las empresas.
Otro de los ejes de la nueva estrategia económica es la revisión de tratados comerciales y la implementación de aranceles estratégicos. Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump ha elevado los aranceles a productos chinos en sectores clave como tecnología y automóviles eléctricos, además de establecer un arancel del 25% a bienes importados de Canadá y México. Sin embargo, al momento de escribir este artículo, la administración ha pausado temporalmente la implementación de estos aranceles en el caso de México, con una revisión programada dentro de un mes. La permanencia o eliminación de estos aranceles dependerá de que el gobierno mexicano implemente medidas efectivas para frenar la migración ilegal hacia Estados Unidos y desmantelar las redes de producción y tráfico de fentanilo hacia la Unión Americana.
El segundo mandato de Donald Trump no es solo un reajuste de políticas económicas y comerciales, sino una transformación estructural de Estados Unidos y su rol en el mundo. La administración actual busca reducir su dependencia de la globalización, restaurar su industria, proteger su mercado laboral y priorizar la soberanía económica sobre las dinámicas del libre comercio irrestricto.
Estados Unidos fue fundado como una República constitucional, basada en principios de autogobierno y soberanía nacional. Sin embargo, con el tiempo, su política exterior evolucionó hacia un modelo de intervención global, comprometiéndose en conflictos y alianzas que han moldeado el orden internacional. La administración de Trump busca revertir esta tendencia y reorientar la política estadounidense hacia una mayor autosuficiencia económica y un enfoque centrado en los intereses nacionales, lo que representa un giro significativo en la estrategia del país.
Este gran viraje no es menor. Implica abandonar el paradigma de intervención constante en asuntos globales y reenfocar los esfuerzos en la autosuficiencia económica, la competitividad tecnológica y la seguridad interna. En lugar de ser el financiador de conflictos ajenos y el garante del orden mundial, Estados Unidos bajo Trump parece encaminado a proteger sus propios intereses de manera más estricta, priorizando su recuperación económica y su estabilidad interna sobre la hegemonía global.
Las próximas décadas determinarán si este cambio estratégico fortalece a Estados Unidos o si las tensiones comerciales, las disputas geopolíticas y los cambios estructurales en la economía global generan desafíos inesperados. Lo cierto es que el país ha entrado en una fase de transformación profunda, redefiniendo su papel tanto a nivel interno como en el escenario global.
Consultor y analista data-driven. Egresado de la licenciatura en Ciencias Políticas por la Universidad de Los Andes (Venezuela), del Máster en Gestión Pública de la Universidad Complutense de Madrid (España) y de la Maestría en Política y Gestión Pública del ITESO (México). Fue Director Editorial de la revista Capital Político. Actualmente es Director General de la agencia Politics & Government Consulting y CEO de la revista Eje Global en la ciudad de Miami, Estados Unidos de América.
