En un giro histórico, México se adentra en un terreno inexplorado: la elección directa de jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial Federal. Este proceso, que implica una apertura inédita del sistema judicial al escrutinio y la participación ciudadana, plantea tantos retos como oportunidades. En ausencia de un referente global que guíe estas elecciones, estamos ante un experimento democrático que promete redefinir la relación entre justicia y sociedad.
Según el cronograma establecido, los comités de selección designados por los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) deberán entregar sus listados finales de candidatos para el 31 de enero de 2025. Estos listados incluirán a los aspirantes a nueve ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y jueces de distrito y magistrados de circuito. Una vez definidos los candidatos, estos tendrán la responsabilidad de hacer campaña para convencer a los ciudadanos de su idoneidad.
El concepto de una “campaña judicial” es, por sí mismo, un desafío. Los aspirantes no solo deberán demostrar su experiencia y conocimiento técnico, sino también conectar con una ciudadanía que, en muchos casos, desconoce el papel del Poder Judicial en su vida diaria. De acuerdo con lo establecido en la normativa, los candidatos podrán:
Participar en debates públicos.
Presentar sus propuestas a través de plataformas digitales.
Acudir a foros organizados por universidades, asociaciones civiles y organismos ciudadanos.
Sin embargo, existen restricciones importantes. No podrán recibir financiamiento de partidos políticos ni realizar actos de proselitismo tradicionales como mítines masivos. El financiamiento autorizado será exclusivamente público, con topes específicos que garanticen la equidad. Además, cualquier uso indebido de recursos podría derivar en sanciones que incluso los descalifiquen del proceso.
Dada la singularidad de la campaña, los candidatos deben priorizar estrategias innovadoras y transparentes. Aquí algunas recomendaciones clave para quienes busquen destacar:
- Claridad en el mensaje: Los candidatos deben enfocarse en explicar con lenguaje sencillo cómo sus propuestas impactarán positivamente la vida de las personas. Hablar sobre acceso a la justicia, reducción de tiempos procesales y combate a la corrupción puede resonar con una ciudadanía cansada de la opacidad.
- Presencia digital: Las plataformas digitales serán esenciales para conectar con audiencias amplias. Videos informativos, foros virtuales y participación en redes sociales pueden ser herramientas poderosas para ganar visibilidad.
- Vinculación con la sociedad civil: Establecer alianzas con organizaciones ciudadanas puede otorgar legitimidad y acceso a foros donde se pueda interactuar directamente con los votantes.
- Transparencia financiera: Los candidatos deben asegurarse de que cada peso utilizado en su campaña sea público y auditado. La percepción de honestidad será tan importante como el contenido de sus propuestas.
- Participación en debates: Los debates públicos serán una oportunidad única para demostrar conocimiento técnico y habilidades de comunicación. Prepararse adecuadamente para estos encuentros puede ser decisivo.
El reto y la oportunidad
Como ya lo referimos, estamos ante un hecho inédito no solo para México, sino para el mundo. Nunca antes un país había sometido a elección directa a los integrantes de su máxima autoridad judicial. Esto significa que no contamos con un manual o precedente que nos indique cómo navegar estos procesos.
El éxito de este experimento dependerá de muchos factores: la calidad de los candidatos, la claridad de las reglas, el compromiso ciudadano y, sobre todo, la capacidad del sistema para garantizar que este ejercicio fortalezca el Estado de derecho. México tiene la oportunidad de ser un ejemplo global, pero también enfrenta el riesgo de convertir esta innovación en un proceso polarizante si no se manejan adecuadamente los retos que plantea.
Doctor en Estado de Derecho y Gobernanza Global; Maestro en Política y Gestión Pública; Analista y Profesor Investigador de la Universidad de Guadalajara, México.
