Desde la independencia de los Estados Unidos en 1776 hasta la implementación del New Deal en la década de 1930, la administración pública federal estadounidense se caracterizó por operar bajo un modelo de gobierno pequeño pero eficiente. Durante este período, las funciones del gobierno federal estaban limitadas principalmente a la defensa nacional, la diplomacia y la regulación del comercio interestatal. A pesar de su tamaño reducido, el sistema logró mantener una operación efectiva que se adaptaba a las necesidades de una sociedad en crecimiento.
Por ejemplo, en 1800, el gobierno federal empleaba a menos de 3,000 personas para atender las demandas de una nación que ya contaba con millones de habitantes. Esta eficiencia se lograba mediante estructuras organizativas claras y una estricta limitación del alcance del gobierno en los asuntos locales y estatales. En 1929, justo antes de la Gran Depresión, el gasto público federal representaba menos del 3 % del Producto Interno Bruto (PIB), un contraste significativo con las cifras posteriores al New Deal.
La expansión de la burocracia
Las políticas implementadas por Roosevelt en la década de 1930, marcó el inicio de un crecimiento sin precedentes de las instituciones federales. Diseñado para enfrentar la Gran Depresión, el estado de bienestar trajo consigo la creación de agencias clave como la Administración de Obras Públicas (PWA) y la Administración de Seguridad Social (SSA). Si bien estas instituciones jugaron un papel crucial en la recuperación económica y en la protección de los más vulnerables, también cimentaron una tendencia hacia el incremento del aparato gubernamental, que se consolidó durante la Segunda Guerra Mundial. Entre 1940 y 1945, el número de empleados federales aumentó en un 88 %, pasando de 1.4 millones a 2.6 millones.
El crecimiento de la burocracia continuó durante la Guerra Fría, cuando la competencia con la Unión Soviética impulsó la creación de agencias dedicadas a la defensa y la investigación, como el Departamento de Defensa y la NASA. Aunque estos desarrollos reforzaron la capacidad del gobierno federal para abordar retos globales, también generaron redundancias y duplicación de funciones, contribuyendo al aumento del gasto público. Para 1960, el gasto federal en administración representaba cerca del 20 % del presupuesto total, una cifra significativamente mayor que en 1930.
Entre las décadas de 1960 y 1980, la administración pública estadounidense vivió un periodo de consolidación y expansión funcional. Durante la administración de Lyndon B. Johnson, el programa de la Gran Sociedad introdujo una serie de iniciativas sociales, como Medicare y Medicaid, destinadas a reducir la pobreza y mejorar el acceso a servicios de salud. Estas políticas ampliaron significativamente el alcance del gobierno federal, llevando al crecimiento de agencias como el Departamento de Salud, Educación y Bienestar, contribuyeron a un sistema burocrático cada vez más complejo y costoso.El periodo también estuvo marcado por crisis económicas, como la estanflación de los años 70, que generaron debates sobre la eficiencia del gasto gubernamental. A pesar de los esfuerzos por controlar el presupuesto, el número de empleados federales y el gasto en burocracia continuaron en aumento, lo que preparó el terreno para las reformas administrativas de la década de 1980.
La llegada de dos nuevos paradigmas en la gestión pública
La situación insostenible de aquella época hizo surgir el llamado New Public Management (NPM), que ganó prominencia hasta el inicio del nuevo milenio. Este paradigma, basado en principios del sector privado, buscaba introducir eficiencia, competitividad y orientación a resultados en las administraciones públicas. La administración de Ronald Reagan fue una de las primeras en implementar elementos del NPM a través de la Comisión Grace en 1982, que propuso más de 2,000 recomendaciones para mejorar la eficiencia gubernamental. La administración de Bill Clinton, por su parte, profundizó en los principios del NPM mediante la Revisión del Desempeño Nacional (NPR), liderada por el vicepresidente Al Gore en los años 90. Este programa buscó “hacer más con menos” y logró reducir el número de empleados federales en 324,000 puestos entre 1993 y 2000, alcanzando el nivel más bajo desde los años 60.
Sin embargo, con el tiempo, el NPM comenzó a diluirse debido a diversas críticas, especialmente provenientes de la izquierda académica, que argumentaba que este paradigma priorizaba la eficiencia financiera sobre valores fundamentales como la equidad y la responsabilidad democrática. Además, eventos como la crisis financiera de 2008 evidenciaron las limitaciones de enfoques basados en la privatización y la desregulación, cuestionando la viabilidad del NPM para gestionar problemas públicos complejos.
Con la caída del NPM, surgieron nuevos enfoques que buscaron abordar las limitaciones de este paradigma. Uno de los más influyentes fue el modelo de Public Governance (Gobernanza Pública), que surgió a finales de los 90 y se consolidó durante la década de 2010. Este modelo pone énfasis en la colaboración entre el gobierno, el sector privado y la sociedad civil para abordar problemas complejos de manera integral.
Durante la implementación del enfoque de Public Governance en diversos contextos, se evidenció un crecimiento de la burocracia, aunque de manera distinta a los paradigmas anteriores como el NPM. Este crecimiento no siempre implicó un aumento en el número de empleados federales, pero sí se tradujo en una complejidad operativa mayor debido a la creación de estructuras de coordinación interorganizacionales. Estas redes y alianzas entre diferentes niveles de gobierno, sector privado y organizaciones de la sociedad civil incrementaron la necesidad de personal especializado, mecanismos de monitoreo y procesos para gestionar estas interacciones, lo que derivó en una “burocracia oculta” difícil de medir directamente. Además, al involucrar a múltiples actores en la gestión pública, la rendición de cuentas se fragmentó, dificultando identificar claramente a los responsables de errores o fallos en la implementación de políticas. Esto, combinado con el crecimiento en los costos administrativos necesarios para sostener estas redes, hace que el modelo sea vulnerable a ineficiencias significativas y plantea serias dudas sobre su sostenibilidad, lo que justifica una nueva salida para reducir esta complejidad y optimizar la gestión pública.
El DOGE: una respuesta audaz a los nuevos retos
Ante este panorama, Donald Trump, en su segundo mandato, ha creado el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés). Este programa representa un esfuerzo revolucionario para modernizar y optimizar la administración pública, aprovechando los grandes avances tecnológicos de la segunda década del siglo XXI, como la inteligencia artificial (IA), la automatización y los sistemas de datos avanzados.
El DOGE, liderado por Elon Musk, un visionario tecnológico destacado, tiene el potencial de revolucionar la administración pública de manera similar al impacto que tuvo Henry Ford con sus ideas en la gestión industrial y administrativa en el siglo XX. Este enfoque se alinea con los principios del llamado Data-Driven Government, que promueve la toma de decisiones basada en evidencia y datos precisos para optimizar recursos y maximizar la eficiencia.
Así como Ford cambió para siempre los procesos productivos mediante la estandarización y la producción en cadena, Musk busca trasladar su modelo de innovación tecnológica al aparato gubernamental, enfocándose en eficiencia y resultados medibles. Este paralelismo destaca cómo una combinación de visión disruptiva y tecnología avanzada puede redefinir la forma en que las administraciones públicas operan para maximizar su impacto y eficiencia.El objetivo principal del DOGE es reducir el gasto gubernamental en miles de millones de dólares sin comprometer la funcionalidad del gobierno. Según las estimaciones iniciales, el DOGE busca ahorrar hasta 2 billones de dólares en un plazo de cuatro años, principalmente mediante la eliminación de redundancias administrativas, la racionalización de procesos y la renegociación de contratos federales. Este ambicioso programa se apoya en indicadores clave de rendimiento (KPI) para monitorear el progreso y asegurar que las reformas tengan un impacto medible y sostenible.
La administración pública de cara al futuro
La creación del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) marca el inicio de una nueva era para la administración pública, una era en la que las burocracias enormes ya no son necesarias para atender las necesidades de las sociedades modernas. Hoy contamos con tecnologías que permiten transformar radicalmente la forma en que los gobiernos operan: inteligencia artificial, automatización y big data, que han redefinido los procesos administrativos con mayor eficiencia y resultados medibles. Estas herramientas no solo eliminan redundancias y simplifican estructuras, sino que también hacen posible algo que parecía inalcanzable en el pasado: un gobierno más pequeño y eficiente.
Es hora de replantear los fundamentos de la administración pública, centrándose en la eliminación de redundancias, la optimización de procesos y la incorporación de tecnologías disruptivas que permitan gobiernos más ágiles, eficientes y transparentes. Este replanteamiento debe abordar también la racionalización de los recursos, garantizando que cada acción gubernamental esté respaldada por datos verificables y orientada a maximizar el impacto en los ciudadanos. El mundo ha cambiado, y los ciudadanos exigen soluciones rápidas, eficientes y efectivas. Persistir en modelos que se sustentan en un exceso de personal y estructuras complejas ya no es viable, ni económica ni operativamente. El DOGE, liderado por un visionario como Elon Musk, pone en el centro de su agenda una premisa clara: el futuro del gobierno es lean, eficiente y basado en evidencia. Es un llamado a aprovechar el momento histórico en el que la tecnología nos ofrece las herramientas para maximizar el impacto de cada recurso invertido.
El reto ahora es romper con paradigmas obsoletos y apostar por el cambio, un cambio que no comprometa la funcionalidad del gobierno, sino que la potencie. La transición hacia administraciones públicas minimalistas no solo es posible, sino imprescindible. Es el momento de avanzar hacia un modelo donde menos sea más: menos burocracia, menos gasto superfluo, pero más resultados, más transparencia y más capacidad de respuesta. El DOGE es el primer paso en este camino, un paso que redefine la relación entre el gobierno y la eficiencia, marcando un hito en la historia de la gestión pública contemporanea.
Consultor y analista data-driven. Egresado de la licenciatura en Ciencias Políticas por la Universidad de Los Andes (Venezuela), del Máster en Gestión Pública de la Universidad Complutense de Madrid (España) y de la Maestría en Política y Gestión Pública del ITESO (México). Fue Director Editorial de la revista Capital Político. Actualmente es Director General de la agencia Politics & Government Consulting y CEO de la revista Eje Global en la ciudad de Miami, Estados Unidos de América.
