Mariana Mazzucato sostiene que el Estado, y su representación gubernamental, el gobierno, junto con el sector privado, deben cooperar y trabajar juntos para alcanzar metas y lograr objetivos. Desde la orilla de los empresarios ultraneoliberales, se critica la capacidad de gestión del gobierno que se compromete con las causas sociales y ambientales. Por su parte, los liberales progresistas argumentan que es necesario estimular las bases populares para que se inserten en el circuito económico, pero que es necesario crearles espacios y condiciones institucionales para que estos emprendedores se inserten adecuadamente y despeguen bajo las mismas condiciones que los empresarios consolidados han construido a lo largo de siglos, lo que crea, de hecho, una gran y enorme brecha de capacidades, metas, objetivos y visiones en diferentes escenarios y condiciones.
Por supuesto que se pregona la necesidad de trabajar juntos y cooperar de manera equilibrada o “armoniosa”, especialmente a la hora de justificar el denominado “equilibrio de poderes” que hoy está seriamente afectado por los intereses políticos de corte extremo y económicos. Esa misma idea se ha enarbolado para justificar las ramas del poder público dentro del modelo del Estado de derecho, su proceso evolutivo y, más recientemente, del Estado social de derecho.
Los actores políticos tradicionales (liberales), sean estos conservadores, progresistas, verdes o religiosos, han perdido el norte, si es que necesitamos alguno en un ecosistema cíclico que funciona en un universo en ajuste interpretativo o explicativo según las imágenes del telescopio espacial James Webb. Los extremos ideológicos que justifican la propiedad privada, el estatus y la minimización del Estado como único argumento olvidan “convenientemente” que necesitan, así lo desprecien, del Estado, de sus administraciones públicas y del poder legítimo que otorga el constituyente primario a la hora de gestionar los recursos públicos estatales. Desde la parte estatal (institucional), son las reglas del juego, la Constitución Política, las normas y las leyes equilibradas las que posibilitan que la capacidad de gestión estatal o gubernamental no se confunda con el ánimo de lucro o el interés particular.
Sí, señores, es el pueblo, del que ustedes también hacen parte, el que evita que sigamos siendo bárbaros, corruptos, insensibles o irracionales a la hora de autoadministrarnos bajo la idea de la democracia participativa y del imperio de la ley plasmados en una Constitución Política, que tiene su talón de Aquiles: un pequeño grupo de “sabios” que olvidan, en ocasiones, su compromiso principal, asegurar que la voluntad popular se cumpla y que los recursos del Estado, es decir, de todos los que conforman la nación, no sean desviados, arrasados o manipulados a favor del círculo político o económico del que hacen parte en un territorio único.
El Estado actual como institución política no va a desaparecer, o menos será reducido, como quiere un sector extremo de neoliberales, porque equivaldría a pegarse un tiro en el pie. El mejor ejemplo de esto es la reciente elección del Sr. Donald Trump en los Estados Unidos. El sistema político actual está demostrando que las guerras, las migraciones, la delincuencia transnacional y los desastres y tragedias ambientales afectan a las economías en todos los territorios y, especialmente, a las poblaciones más vulnerables. Por ello, se debe trabajar colaborativamente, armoniosamente, decentemente y con transparencia a la hora de administrar los recursos.
Es inadmisible que los gobernantes subnacionales (alcaldes y gobernadores) no tengan ese perfil básico ni se rodeen de profesionales y expertos en temas tan claves y estratégicos para la competitividad y productividad de un país. Su pobre argumento de que les falta autonomía o recursos es la peor excusa y desnuda su incapacidad de gobierno y de gestión pública. No es gerencia, ojo, es ética pública lo que hace la diferencia. La gerencia pública es más que una simple ecuación contable.
El sistema de justicia no ha cambiado en siglos su propia idea de justicia, que ni siquiera se ajusta a la velocidad de los avances tecnológicos. Esto tiene un origen común: el sistema educativo. No es recomendable que un gobierno, el congreso o las altas cortes se equivoquen en la selección de ministros, magistrados o directivos porque terminan pagando el coste político, su confianza institucional y sus logros atados al beneficio general. Se pierde credibilidad y legitimidad.
Entonces, según Mazzucato, los gobiernos necesitan rodearse de los mejores y más honestos, no de las fichas o cuadros tecnócratas que hagan caso a un solo individuo que se cree el dueño de un partido político. Se necesita hoy un profesional íntegro, incorruptible, autónomo y visionario que logre entender el sistema económico global, la geopolítica y los riesgos para la nación. El sistema de cuotas para aprobar proyectos o actos legislativos se tiene que acabar y, con ello, la depuración urgente e inmediata de las instituciones políticas. Necesitamos fortalecer la idea del partido político como suma de voluntades hacia un mejor Estado y no girar en torno a un solo individuo o actor.
El Estado, el sector privado y la sociedad o pueblo (incluidos los que se aprovechan de los recursos del Estado) tienen que dialogar, trabajar y cooperar juntos si se quiere lograr un mayor crecimiento económico, la preservación de los recursos naturales y sus ecosistemas, y la fortaleza del sistema democrático. El camino es la educación, la investigación, las ciencias y las tecnologías que aporten capital semilla con estricto seguimiento y garantías legislativas en el marco constitucional democrático. Esta es la transición energética que necesita Latinoamérica y no seguir alimentando egos individuales histriónicos o actores populistas de un lado u otro.
Profesor Asociado e Investigador en la Escuela Superior de Administración Pública – ESAP, institución de carácter universitario superior del nivel nacional del Estado colombiano. Temas y líneas de investigación relacionados con Ciencia Política, Estado, Gobierno, Administración Pública, Gerencia Pública, Políticas Públicas, Técnicas de Análisis Espacial y Geopolítica, Innovación y análisis organizacional, Gestión ambiental, Responsabilidad Social Empresarial, entre otros. He sido columnista de opinión política en revista Capital Político, conferencista, consultor y asesor de empresas e instituciones en sistemas de gestión de la calidad (ISO) y modelos de excelencia (EFQM), evaluador del Premio Nacional a la Calidad (Icontec). Profesor y catedrático en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia (UN - Bogotá), Fundación Universitaria San Martín (FUSM-Bogotá). Jubilado del Grupo Energía de Bogotá S.A. ESP. Doctorando en Política y Gobierno en la Pontificia Universidad Católica de Córdoba (Argentina); Magister en Estrategia y Geopolítica de la Escuela Superior de Guerra, y Especialista en Responsabilidad Social Empresarial de Universidad Externado de Colombia y Columbia University New York; Especialista en Gobierno Municipal de la Pontificia Universidad Javeriana (Bogotá).
