En la página oficial de la oficina quebequense de la lengua francesa, se puede leer que el 1 de junio de 2022, fue sancionada la Ley relativa al francés, el idioma oficial y común de Québec (Loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français) o en inglés “Bill 96”. Es entonces, en esta fecha, cuando entrarían en vigor varias modificaciones a la Carta de la lengua francesa: “La charte de la langue française” (la cual se encuentra vigente desde 1977).
La Carta de la lengua francesa, también conocida en inglés como “Bill 101”, es una serie de disposiciones legales de la provincia de Quebec, que apunta al idioma francés como el idioma oficial.
De acuerdo a la página oficial de la provincia de Quebec, esta revisión y sanción de la Carta, convierte al idioma francés en un asunto de Estado; Imponiendo la lengua francesa encima de cualquier otra, específicamente en los ámbitos de la ley o impartición de justicia, en la vida cotidiana, los ambientes de trabajado, la educación, la construcción, las comunicaciones, el comercio y los negocios.
Dicho de otro modo, y tomado del blog WEGLOT “el objetivo del proyecto de ley 96 (Bill 96) es proteger y fortalecer el francés como idioma oficial dentro de la provincia. La ley original sobre el idioma francés, el proyecto de ley 101, situó el idioma francés en el centro de operaciones empresariales, educativas y comerciales en Quebec, y con el proyecto de ley 96 se amplía aún más, adicionándole áreas de cumplimiento y sanciones por incumplimiento”.
Esta imposición, ha traído un sin número de consecuencias de profundo impacto en la sociedad que compone la provincia de Quebec.
Esto es, ¡tiene un impacto prácticamente en todas las áreas de la sociedad!, permeando en la dinámica cotidiana de todos los trabajadores, sobre todo de aquellos que no son francoparlantes. Desde que se aprobó esta reforma (Ley 96) por ley, el uso del idioma francés, debe imperar entre el equipo de trabajo, y su relación con sus jefes, aunque el idioma usual sea otro o su lengua de origen sea diferente, como en el caso de los inmigrantes y nativos.
So pena de que alguien presente una denuncia por la falta de incumplimiento ante la OQLF (L’Office québécois de la langue française). Desde un cliente molesto, hasta un colega envidioso o un jefe arbitrario. Lo que ya ha propiciado reacciones y hasta denuncias por las actitudes excesivas del personal, que observa su incumplimiento; la agencia gubernamental que comúnmente es llamada la policía de la lengua.
Y ni que contar del triste caso del sistema educativo, en donde, no solo es el hecho de que no se hayan abierto nuevas y necesarias escuelas de educación elemental, para la población anglófona de la provincia, sino que han intentado desaparecerlas, substituirlas o transferirlas por una en donde el comité sea francés, constituyendo un cisma en las comunidades en donde estos centros educativos se encuentran perfectamente adaptados a su población. Desmantelando moralmente e hiriendo culturalmente y emocionalmente centros comunitarios de aprendizaje, sin contar que se va dejando en situación de vulnerabilidad, a todas aquellas personas o grupos minoritarios que no dominen el idioma francés, provocando entre otras cosas deserción estudiantil, cambios a nuevos centros educativos ya rebasados en población estudiantil, esto para los que cuentan con la posibilidad de trasladarse o cambiar de residencia, y demás consecuencias psicosociales, con una adicional tensión entre los padres de familia, exacerbando el descontento y facilitando el señalamiento y consecuentemente la fractura social en la provincia.
Para hacer efectiva estas quisquillosas series de disposiciones, desde 1961 el gobierno de la provincia de Quebec, comenzó la creación de lo que es popularmente conocido como la policía de la lengua, la cual funciona como un organismo de control de la provincia de Quebec.
Esta agencia por demás controvertida desde su nacimiento, lleva por nombre oficial “L’Office québécois de la langue française” sus siglas en francés son OQLF, es actualmente la agencia que tiene entre sus facultades, el monitorear la situación lingüística en Quebec, garantizar que el idioma francés sea el lenguaje normal y común en el trabajo, las comunicaciones, el comercio, los negocios, asociaciones y entidades corporativas, con respecto a su terminología y la política de francofonización del Quebec.
Mientras Canadá reconoce tanto al francés como al inglés como lenguas oficiales, los quebequenses por medio de su dirigente François Legault siguen presionando por la imposición a una sola: la primera. Sintiéndose esta medida como imposición a una población históricamente rica en multiculturalidad y etnicidad. Montreal, la segunda ciudad más importante de la provincia, da una imagen al mundo exterior como abierta a las diferentes expresiones, en donde se pensaría que una medida como ésta, es absolutamente innecesaria. Porque es precisamente la variedad de las culturas lo que la mantiene viva y atractiva.
Esta excluyente ley 96 ha exacerbado nuevamente tensión entre la población, deteriorando las relaciones entre todos los grupos lingüísticos, gastando recursos financieros en una policía del lenguaje que castiga, disminuye y genera divisiones.
Una de las más recientes consecuencias, fue lo que ocurriría este pasado agosto 1 de 2024; un grupo de burócratas emitiría un comunicado de 31 páginas, en donde formulan las circunstancias específicas que serían caso de excepción en donde (Si) se es permitido el uso del idioma inglés en hospitales y facilidades médicas. (Dicho documento) el cual ha sido llamado confuso y potencialmente peligroso por representantes de la comunidad anglófona.
En la publicación del día 25 de Julio del periódico local de Montreal “The Gazette”, se hace la denuncia que “las nuevas directivas lingüísticas son peligrosas”. Para esto, en el artículo se explica que el “ministerio de salud generó la directiva en comento como consecuencia de la adopción de la ley 96 la cual requiere que todos los trabajadores de instituciones gubernamentales, incluidos los de los hospitales y residencias de ancianos, el uso sistemático del francés en sus comunicaciones escritas u orales con sus clientes, con ciertas excepciones como en el caso de las emergencias”.
A partir de esta medida, una serie de demandas han surgido por parte de varios sectores de la población. Para comenzar, un grupo de trabajadores del sistema de salud se manifestaron preocupados por la medida, algunos incluso llamándola ridícula, apuntando que “la falta de staff (trabajadores) en los hospitales es preocupante, y la eficacia en la prestación del servicio es primordial, por lo que imponer restricciones lingüísticas en momentos apremiantes, es poner vidas humanas en peligro” (The Gazette, 25 de Julio 2024).
Refiriéndose al hecho de que desde hace años que los trabajadores del sistema de salud se encuentran inconformes, y en noviembre de 2023 se pronunciarían en huelga. Hasta la fecha las negociaciones continúan, sin poder llegar a un acuerdo.
Por otro lado, un grupo de defensa de los derechos humanos situado en Montreal llamado en inglés Red Coalition, presentó una denuncia en el mes de agosto de 2024, por el pago de $1 millón de dólares canadienses por el concepto de daños y perjuicios causados por el gobierno de la provincia, por el “impacto discriminatorio del proyecto de ley 96”.
La posición oficial del gobierno de Legault está socavando los principios de la cultura de paz, porque está perjudicando minorías no francoparlantes creando divisiones y tensiones en vez de fortalecer los lazos entre los individuos de su propia comunidad. Como menciona Dimitrios Karmis en el libro Quebec: Estado y Sociedad, “un Quebec soberano sin duda tendría que enfrentar demandas nacionales de los pueblos aborígenes y de la comunidad anglófona, como es ya el caso dentro de la federación canadiense”
Abogada México-Canadiense, especialista en estudios para la paz y resolución de conflictos.Egresada de la Licenciatura de Derecho por la Universidad de Guadalajara (México), prestadora de servicios sociales en el Instituto Nacional de Migración (Delegación Jalisco). Asistente a la Conférence de L'Association Internationale des Écoles de Travail Social, Montpellier (Francia). Ha participado como observadora nacional e internacional. Trabajó para el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Master of Arts in International Peace Studies by the mandate United Nations University for Peace (UPEACE).
