En un giro decisivo para el panorama político sudamericano, Rodrigo Paz Pereira, candidato del Partido Demócrata Cristiano (PDC), ganó la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Bolivia ayer domingo con el 54.5 % de los votos frente al 45.5 % obtenidos por el expresidente Jorge “Tuto” Quiroga. Con el 97.4 % de las actas computadas, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) confirmó una tendencia irreversible. Paz asumirá el cargo el 8 de noviembre para el periodo 2025–2030.
Esta elección, la primera en alcanzar el balotaje desde la Constitución de 2009, pone fin a casi veinte años de dominio del Movimiento al Socialismo (MAS), que gobernó con Evo Morales (2006–2019) y Luis Arce (2020–2025). La participación superó el 85 %, reflejo del deseo de cambio en medio de la peor crisis económica en cuatro décadas.
Paz, economista de 58 años, nació en el exilio durante la dictadura que derrocó a su padre, el expresidente Jaime Paz Zamora (1989–1993). Su ascenso fue sorpresivo: en la primera vuelta, celebrada el 17 de agosto, lideró con 32.4 % pese a aparecer inicialmente en cuarto lugar. Su fórmula con Edman Lara —ex capitán de policía conocido por denunciar corrupción en redes sociales— conectó con votantes desencantados de distintas regiones y sectores: desde comunidades indígenas hasta emprendedores urbanos afectados por la escasez de dólares y combustibles.
Paz ganó en seis de nueve departamentos, incluyendo bastiones del MAS como La Paz y Oruro. El elevado voto nulo, cercano a 1.3 millones, se interpretó como expresión de hartazgo. Morales, inhabilitado por el Tribunal Constitucional, votó en blanco y reconoció el resultado, aunque lo atribuyó a la “proscripción” de su partido. Arce, por su parte, prometió una transición ordenada.
Desde el exterior, líderes como Javier Milei (Argentina), José Jerí (Perú) y el subsecretario estadounidense Christopher Landau felicitaron a Paz, quien fue calificado como una oportunidad para “superar dos décadas de mala gestión”.
Su plan de gobierno, titulado Agenda 50/50, propone un reordenamiento del gasto público: 50 % para el gobierno central y 50 % para entidades subnacionales —gobernaciones, municipios y universidades—, rompiendo con el actual esquema que concentra el 85 % de los recursos en La Paz. Además, rechaza recurrir al FMI y plantea un modelo de “capitalismo para todos”: acceso a crédito a tasas bajas, reducción de impuestos productivos, eliminación de aranceles para bienes no fabricados localmente, y formalización de una economía informal que abarca al 80 % de la población laboralmente activa.
En lo fiscal, propone congelar empresas estatales deficitarias —con una carga anual de 90 mil millones de bolivianos— y negociar contratos energéticos que garanticen el suministro desde el primer día. En materia judicial, su programa incluye digitalización de procesos mediante blockchain, y en el ámbito social, promete mantener programas de transferencias como el bono Juancito Pinto, proteger a grupos vulnerables —incluyendo población LGBT— y reformar la Ley 348 para evitar abusos sin desproteger a las víctimas de violencia de género.
La campaña de Paz se distanció de la confrontación. Rechazó la polarización, evitó la retórica ideológica y apeló a la construcción de confianza y orden económico. “La ideología no da de comer; lo que alimenta es el trabajo, la seguridad jurídica y el respeto a la propiedad”, declaró en sus actos finales en Santa Cruz y Cochabamba. Su estilo fue percibido como una alternativa al “Estado tranca”, símbolo de corrupción y trabas burocráticas.
El recorrido conjunto de Paz y Lara por mercados populares como La Ramada o Achacachi fortaleció su conexión con jóvenes y clases medias bajas. El discurso de “renovación sin revanchismo” apeló tanto a sectores aimaras emprendedores como a votantes desencantados del MAS. Aunque reivindicó la herencia democrática de los 90, marcó distancia con el pasado: su perfil técnico, familiar y meritocrático contrastó con el clientelismo asistencialista.
En redes sociales, su victoria generó tendencias como #BoliviaRenueva. Aunque algunos sectores alertaron sobre un posible retroceso en derechos sociales, predominó un clima de expectativa favorable ante el fin del ciclo político anterior.
De su gobierno se espera un reencuentro con la estabilidad institucional y el fortalecimiento de la relación con Estados Unidos, rompiendo vínculos con Irán y Venezuela. El litio, el gas y la importación de combustible están en la agenda inmediata. Su partido contará con mayoría simple en el Legislativo, pero deberá negociar con otras fuerzas como la Alianza Unidad de Samuel Doria Medina. Los movimientos sociales, desde sindicatos cocaleros hasta ONG indígenas, ya anticipan posibles roces si se tocan intereses sensibles.
Los desafíos son considerables: frenar la inflación del 24 %, estabilizar el tipo de cambio paralelo, impulsar exportaciones y devolver confianza a los inversionistas. Paz, con un estilo reflexivo y analítico, ha prometido gobernar “para todos los que amen la patria”. Si logra mantener su mensaje de moderación sin diluir su agenda reformista, Bolivia podría abrir una nueva etapa marcada por el reencuentro democrático y la reconstrucción económica. Si no, la polarización podría reaparecer con renovada fuerza.
