Diversos estudios de años recientes validan el hecho de que las amplias brechas en la distribución de los recursos económicos en nuestra región son una de las principales manifestaciones de la desigualdad estructural que la caracteriza y que se expresa multifactorialmente. Uno de esos factores se encuentra en los mercados de trabajo, los cuales siguen afrontando importantes transformaciones tecnológicas, económicas, políticas y demográficas.
Weller (2023) sostiene que, pese a los avances obtenidos y al progreso logrado en algunos países y actividades productivas durante el auge de la globalización, la región no ha modificado sustancialmente sus ventajas comparativas ni ha avanzado en la transformación productiva basada en la generación y el progreso técnico a lo largo de todo el sistema productivo, ni en el correspondiente crecimiento de la productividad.
A todo ello se suman los cambios tecnológicos asociados a la llamada cuarta revolución tecnológica (Industria 4.0), que tienen y tendrán un profundo impacto en los mercados laborales del mundo y, ciertamente, en la región, mediante la destrucción, transformación y generación de empleos.
Esta cuarta revolución tecnológica, basada en el desarrollo de máquinas inteligentes (inteligencia artificial) y que aprenden (machine learning), las cuales toman decisiones mediante la generación exponencial de datos (Internet de las cosas) y su uso intensivo (big data) para operar autónomamente, ha logrado un desarrollo altamente acelerado en pocos años. Está teniendo un efecto directo en la redefinición y reorganización radical de los sistemas productivos y de las condiciones sociales que los sustentan.
Hace unas décadas, J. Rifkin (1996), en su libro El fin del trabajo. El declive de la fuerza del trabajo global y el nacimiento de la era post-mercado, planteaba que se estaba entrando en una nueva fase de la historia humana, caracterizada por lo que “ya parece una permanente e inevitable decadencia de lo que hasta ahora entendíamos por trabajo”, a partir de la constatación del aumento significativo del desempleo y subempleo a nivel mundial. Sostenía que ello sería una consecuencia de una nueva “revolución tecnológica”, en la que los más sofisticados ordenadores, la robótica, las telecomunicaciones y otras formas de alta tecnología están sustituyendo rápidamente a los seres humanos en la mayor parte de los sectores económicos. Estaríamos, decía, frente a la posibilidad de un “mundo sin trabajo”.
La cuarta revolución industrial no escapa a esta característica que señala Rifkin, pero, a diferencia de las revoluciones industriales anteriores, esta época desafía a la sociedad en su conjunto. Más allá de lo tecnológico, plantea la pregunta por el futuro mismo del trabajo, con enormes implicaciones no solo en la dimensión temporal (horas de trabajo), sino también en el espacio (desterritorialización) y en su rol como centro de la actividad humana y del lugar que ocupa en la sociedad (clase social), entre otras.
La evidencia disponible muestra que la incorporación de robots en Estados Unidos y Europa ha generado efectos negativos en los niveles de empleo y salarios de sus trabajadores. Una suerte de Globotics Revolution, como lo sostuvo R. Baldwin (2019), en relación con su impacto global.
La revolución tecnológica, tanto en países desarrollados como en desarrollo, conlleva desafíos y genera tensiones importantes. La adaptación y reinvención de los trabajadores afectados por las nuevas tecnologías no resulta fácil, y es el factor principal para determinar el grado de desempleo tecnológico y desigualdad que se genera en los países. Las evidencias y proyecciones recientes apuntan, por ejemplo, a que la inteligencia artificial podría amenazar unos 300 millones de trabajos en ciertos sectores —como manufacturas y servicios—, pero igualmente podría generar millones de nuevos empleos en áreas como tecnología, salud y energías renovables (Wang & Wong, 2025).
El futuro del trabajo y sus posibilidades de regulación en una época de cambio tecnológico son temas que deben llevarnos a interrogarnos con urgencia, tanto desde el mundo gubernamental como desde las organizaciones que representan a los trabajadores en sus intereses colectivos. En especial, en torno a los tipos de trabajos venideros y los efectos en los salarios, la seguridad laboral, el desempleo, los impactos en los procesos de desigualdad social y, ciertamente, la necesaria reconversión laboral para adaptarse a los cambios provocados por la Industria 4.0.
La transformación digital basada en la incorporación de sistemas ciberfísicos y de inteligencia artificial constituye un camino estratégico para impulsar diversos procesos de innovación en el sector público de nuestros países. Acelerar el paso para alcanzar robustas estrategias de transformación digital del Estado es el camino correcto —por ejemplo— para romper con la cultura del trámite en la gestión pública e instaurar una cultura organizacional innovadora, que dé la espalda a viejas prácticas no siempre del todo transparentes que existen en el sistema de decisiones públicas.
Se hace vital el diseño de políticas públicas orientadas a lograr gobiernos digitales, porque ello implica mejorar los servicios, optimizar los recursos económicos, la infraestructura y la logística pública, pero también puede ser un medio importante para recuperar la confianza ciudadana en el Estado.
Por consiguiente, la complejidad de los trámites y la discrecionalidad de muchos funcionarios en su toma de decisiones son razones suficientes para profundizar los procesos de transformación digital del Estado.
Los escenarios globales de transformación presentan riesgos, pero también muchas oportunidades. En tal sentido, las administraciones públicas deben ser capaces de adaptarse a los cambios tecnológicos y, por ello, se hace vital profundizar reformas que apunten a agilizar el Estado y a repensar la relación entre este y el ciudadano, por ejemplo, a través de los datos abiertos, la simplificación de los trámites y la digitalización de los servicios. La innovación pública es una mirada integral para transformar la gestión del Estado en concordancia con un mundo que radicaliza la transformación digital de la vida en su conjunto.
Sin duda, la simplificación y digitalización administrativa implica mejoras en el servicio, reduce los costos institucionales y, para los ciudadanos —especialmente para la población más vulnerable—, constituye un soporte fundamental para sus procesos de inclusión en la oferta pública de bienes y servicios.
Los procesos de modernización en estos ámbitos aún no son tan acelerados como se quisiera; más bien, tienden a ser heterogéneos en la región. Sin embargo, los impactos presentes y futuros en el empleo público serán indudablemente importantes. No solo porque las transformaciones digitales optimizarán y eliminarán trámites redundantes y obsoletos, sino también porque se dejará de requerir un número importante de empleos asociados a servicios. Consecuentemente, la demanda de perfiles ocupacionales digitales configurará los nuevos empleos.
Hay que tener en perspectiva que el tamaño y las funciones de la fuerza laboral del sector público difieren significativamente entre los países de América Latina y el Caribe (ALC). Según estadísticas de la OIT, el empleo en el sector público representaba en promedio el 11.6 % del empleo total en los países de ALC en 2022, una proporción menor al promedio de los países de la OCDE (20.8 %) en el mismo año.
Sin embargo, es interesante constatar que, en un contexto de potencial amenaza del empleo público por la introducción de tecnología y digitalización, este ha tenido un comportamiento al alza en años recientes. Entre 2014 y 2021, el empleo en el sector público de la región de ALC creció en un promedio anual de 0.6 %. Aunque hubo tendencias diferentes entre los países; por ejemplo, el empleo público creció significativamente en Chile (3.5 %), Guatemala (4 %) y Panamá (2.3 %), mientras que se contrajo considerablemente en Barbados (-2.5 %), Costa Rica (-1.4 %) y Ecuador (-1.9 %). Con las excepciones de Brasil (-0.1 %) y Uruguay (-0.2 %), el empleo total creció en todos los países de ALC durante este período, con un aumento promedio anual de 1.4 % para la región (OCDE-BID, 2024).
Actualmente, se cuenta con diversas estrategias de distinto alcance para la incorporación de la inteligencia artificial en las administraciones públicas de la región, lo que evidencia un proceso constante —aunque aún desigual— de instalación y despliegue en las agendas gubernamentales de lineamientos estratégicos, capital humano avanzado, soportes institucionales y financiamientos adecuados para abordar las complejidades de la nueva revolución industrial.
Es evidente el impacto de la cuarta revolución industrial en el empleo público. Por ello, es necesario interrogarse sobre las agendas públicas de los gobiernos que permitan impulsar acciones estratégicas para avanzar en una recapacitación (reskilling) y una actualización de habilidades (upskilling) que mitigue —en la medida de lo posible— el impacto de tales procesos de transformación en el mercado laboral estatal.
La incorporación de herramientas digitales es una oportunidad para planificar el cierre progresivo de los puestos de trabajo redundantes, lo que generaría ahorros fiscales o una mejor asignación del gasto salarial. Sin embargo, los gobiernos de ALC, en general, no parecen estar suficientemente preparados para hacer frente al desafío de la adaptación del capital humano a las disrupciones que genera la transformación digital (Cubo, 2022).
El modelo futuro de empleo público es en realidad un camino por develar, pero hay ciertos esfuerzos tendenciales para configurar sus dinámicas. Por ejemplo, C. Ramió (2019) plantea una Gestión Pública 4.0 caracterizada por la delegación de las actividades transaccionales a las nuevas tecnologías inteligentes, para de esa manera optimizar la gestión y gobernanza pública y fortalecer la inteligencia y la transparencia institucionales.
Es altamente probable que, en tiempos cercanos, nos encontremos con un mercado laboral público caracterizado por un hibridaje entre trabajo remoto y presencial, lo que conlleva diálogos sociales profundos que permitan acuerdos sustantivos para evolucionar hacia nuevos marcos normativos de las relaciones laborales en el sector público y, con ello, avanzar en la generación de servicios con oferta pública de calidad.
Lograr avanzar en una transición digital justa en las administraciones públicas de nuestra región presenta altos niveles de complejidad política, social y legal, debido a la heterogeneidad de las administraciones, los distintos niveles de desarrollo de las capacidades institucionales, el grado de penetración tecnológica en la gestión de servicios, la presencia y legitimidad de los sindicatos y los contextos políticos convulsos.
Consultor en análisis político estratégico y Políticas públicas. Ha desempeñado diversos cargos de alta dirección en universidades, sector público e iniciativa privada. Sus áreas de especialización son dirección y planeación estratégica pública, fortalecimiento de gobiernos subnacionales y evaluación de políticas públicas.
Es investigador del Centro Internacional de Estudios Estratégicos, Ciudad de México.
