Las proyecciones económicas publicadas a inicios de 2026 por organismos multilaterales como el Banco Mundial, FMI, CEPAL, ONU y grupos financieros como Deloitte, RBC Economics y Vanguard, confirman una dinámica ya estructural: América Latina y el Caribe siguen atrapados en una trayectoria de bajo crecimiento, mientras Estados Unidos mantiene una expansión estable y Canadá muestra un avance moderado pero ordenado. Las diferencias entre estas regiones no son circunstanciales, sino el reflejo de estructuras institucionales, productivas y regulatorias profundamente distintas.
El promedio de crecimiento regional estimado para América Latina y el Caribe se sitúa en 2.3 % en 2026, con una ligera aceleración prevista hacia 2027. No obstante, desde 2017, la región ha mostrado un desempeño persistentemente débil, con tasas promedio apenas superiores al 1.5 %. Esta inercia no responde a condiciones externas desfavorables, sino a deficiencias internas: baja inversión privada, marcos regulatorios complejos, inseguridad jurídica y limitada competitividad sistémica.
En contraste, Estados Unidos conserva un crecimiento estimado entre 2.0 % y 2.2 %, sostenido por una combinación de consumo interno robusto, inversión tecnológica activa y un entorno institucional predecible. La confianza en el sistema judicial, la estabilidad de las reglas del juego y la protección de la propiedad privada favorecen decisiones empresariales orientadas al largo plazo. Adicionalmente, su estructura productiva flexible y la capacidad de innovación permanente fortalecen su posición frente a cualquier volatilidad externa.
Canadá avanza a un ritmo más lento —entre 1.3 % y 1.6 %— condicionado por tensiones comerciales con Estados Unidos y un crecimiento poblacional casi nulo. Aun así, mantiene fundamentos estables: una política fiscal responsable, estímulos sectoriales orientados a productividad y un aparato institucional técnico, profesional y confiable. El menor dinamismo no obedece a fragilidad estructural, sino a restricciones propias de una economía madura y abierta.
América Latina, por su parte, muestra una fotografía fragmentada. Algunos países logran crecer por encima del promedio regional: Guyana —impulsada por el petróleo— lidera con tasas superiores al 24 %. Paraguay, Panamá, Guatemala, Honduras y Costa Rica presentan avances entre 3.5 % y 4.5 %, apoyados en marcos jurídicos más estables, eficiencia logística y políticas proinversión. Brasil, Colombia y Perú registran crecimientos moderados (2.0–2.8 %), sin desequilibrios severos, pero sin capacidad de transformación estructural. Chile, por su parte, se mantiene con tasas estimadas entre 2.1 % y 2.3 %, mostrando una estabilización tras varios trimestres de ajuste macroeconómico. La consolidación monetaria y una política fiscal prudente han contenido la volatilidad, aunque persisten desafíos en inversión privada y dinamismo interno. México, en cambio, se proyecta con un crecimiento de apenas 1.3 %, el más bajo entre las principales economías latinoamericanas. A pesar de su integración comercial con Estados Unidos y el potencial geoeconómico del nearshoring, el país no logra activar sus ventajas debido a inseguridad, retrocesos institucionales y baja inversión pública en infraestructura productiva. En el extremo opuesto, Bolivia enfrenta contracción (-1.1 %), y otros países como Ecuador o Haití se acercan al estancamiento.
Uno de los factores comunes que explican este bajo dinamismo regional es la fragilidad institucional. En numerosos países, la inestabilidad jurídica, la discrecionalidad regulatoria y la politización del sistema judicial debilitan el entorno de negocios. Cuando la interpretación de contratos, litigios fiscales o decisiones laborales queda sujeta a criterios cambiantes o presiones políticas, la inversión privada tiende a ser defensiva, limitada y de corto plazo.
Otro factor estructural que explica el bajo crecimiento regional es la elevada informalidad económica. En muchos países de América Latina, una proporción mayoritaria de las unidades productivas opera fuera de los esquemas formales. Según los Censos Económicos 2024 de México —uno de los casos más representativos por tamaño económico—, el 64.3 % de los establecimientos no cuenta con registros contables, seguridad social ni estructura legal formal, y en conjunto aportan solo el 3.6 % del valor agregado nacional. Esta dinámica, presente en distintos grados en países como Perú, Bolivia, El Salvador o Guatemala, genera un tejido empresarial compuesto por unidades pequeñas, sin escala, con acceso limitado a financiamiento y fuera de cadenas de suministro estructuradas. Esta informalidad generalizada limita directamente la productividad promedio, frena la inversión y reduce el potencial de expansión del aparato productivo regional.
A esto se suma la baja calidad de la inversión pública en buena parte de los países latinoamericanos. El gasto suele concentrarse en programas sin impacto económico directo o en obras de baja rentabilidad, en lugar de fortalecer infraestructura logística, energética o tecnológica. Esta distorsión de prioridades limita las posibilidades de integración productiva regional y debilita la capacidad de atraer capital extranjero.
El entorno de inseguridad física es otro obstáculo relevante. La presencia del crimen organizado, la extorsión y la falta de control estatal en ciertas zonas de actividad económica encarecen los costos operativos y reducen el horizonte de planeación de las empresas. Esto, junto a la débil protección jurídica, alimenta un ecosistema empresarial donde predomina la cautela, la informalidad o la subinversión.
Por contraste, las economías que logran crecer de forma sostenida en 2026 comparten una característica común: previsibilidad institucional. No se trata de tamaño de mercado ni de dotación de recursos, sino de entornos donde las reglas no cambian arbitrariamente, los contratos se respetan, la burocracia no bloquea y el Estado no compite con la iniciativa privada, sino que la facilita. El crecimiento no se construye desde el aparato público, sino desde la confianza empresarial, la estabilidad jurídica y la eficiencia económica.
América Latina no está condenada al estancamiento, pero sí enfrenta una disyuntiva clara. Si no se corrigen las debilidades estructurales —particularmente las relacionadas con el entorno institucional y la calidad del marco regulatorio—, el continente seguirá perdiendo terreno frente a regiones que sí han entendido que el crecimiento no ocurre por inercia, sino por diseño.
Estados Unidos y Canadá avanzan porque ofrecen seguridad jurídica, eficiencia institucional y condiciones claras para la inversión. América Latina, en cambio, sigue atrapada entre la ambigüedad legal, la informalidad extendida y la falta de incentivos productivos. En 2026, el mapa económico continental no refleja una crisis cíclica, sino una diferencia de rumbo. Y cada año sin reformas estructurales es un año más en el que la región profundiza su rezago.
