En los últimos años, el abordaje del diálogo internacional sobre el trastorno del espectro autista (TEA) y la neurodivergencia ha avanzado de manera significativa en términos de visibilidad, inclusión educativa y reconocimiento de derechos. Sin embargo, existe una problemática menos abordada, pero profundamente preocupante, que afecta a un número creciente de jóvenes neurodivergentes: la relación entre autismo y adicciones. Esta intersección representa una realidad compleja que impacta no solo a quienes la viven, sino también a sus familias y a los sistemas de salud, educación y justicia a nivel global.
Durante mucho tiempo se asumió que las personas con autismo tenían un menor riesgo de consumo de sustancias. No obstante, investigaciones recientes han cuestionado esta idea, mostrando que jóvenes neurodivergentes, especialmente aquellos sin apoyos adecuados, con diagnósticos tardíos o con comorbilidades como ansiedad, depresión o TDAH, pueden presentar una vulnerabilidad significativa al uso problemático de sustancias y a conductas adictivas. En muchos casos, el consumo se convierte en una forma de afrontamiento frente al estrés social, el aislamiento, la sobrecarga sensorial o el sentimiento de no pertenecer.
Desde la experiencia familiar, este fenómeno suele manifestarse de manera silenciosa. Padres y madres observan cambios conductuales, abandono escolar, alteraciones emocionales y dificultades crecientes para sostener rutinas y vínculos. El consumo de sustancias ilegales, lejos de ofrecer la solución que algunos jóvenes buscan, profundiza las dificultades en la regulación emocional, afecta el desarrollo de habilidades adaptativas y complica severamente la integración social y la posibilidad de construir una vida autónoma. En el caso de jóvenes con autismo, estos efectos pueden ser aún más intensos debido a su forma particular de procesar estímulos, emociones y consecuencias.
El impacto en las familias es profundo y multidimensional. A la carga emocional de acompañar a un hijo neurodivergente se suma la angustia constante por su seguridad, su salud y su futuro. Muchas familias enfrentan, además, un desgaste económico considerable al intentar acceder a tratamientos especializados, programas de rehabilitación o atención en salud mental, los cuales suelen ser escasos o inaccesibles en los sistemas públicos. Para aquellas familias que no cuentan con recursos suficientes, la situación se vuelve crítica, generando sentimientos de impotencia, culpa y aislamiento social.
A nivel educativo y comunitario, la problemática también revela fallas estructurales. Los entornos escolares y laborales rara vez están preparados para identificar de manera temprana señales de riesgo relacionadas con el consumo en jóvenes neurodivergentes. La falta de capacitación específica y de estrategias preventivas contribuye a que el problema se atienda únicamente cuando ya ha escalado, perdiendo valiosas oportunidades de intervención temprana. Además, persiste un estigma social que asocia el consumo exclusivamente con “malas decisiones”, sin considerar los factores estructurales, emocionales y neurológicos que influyen en estas conductas.
Un elemento particularmente delicado es el marco normativo. En muchos países, las legislaciones en materia de salud mental, adicciones y discapacidad operan de forma fragmentada. Esta separación dificulta la atención integral de jóvenes neurodivergentes con consumo problemático de sustancias. Las restricciones legales para la intervención familiar, sumadas al principio de autonomía individual, pueden convertirse en un obstáculo cuando el uso de sustancias afecta gravemente el juicio, la voluntad de rehabilitación y la seguridad personal. Las familias se encuentran entonces atrapadas entre el deber de proteger y la imposibilidad legal de actuar de manera oportuna.
Al mismo tiempo, es importante evitar enfoques punitivos o criminalizantes. El consumo en jóvenes neurodivergentes no puede abordarse desde la sanción, sino desde la comprensión clínica, social y humana. Existen evidencias de que los tratamientos tradicionales para adicciones no siempre resultan efectivos si no se adaptan a las necesidades comunicativas, cognitivas y sensoriales de las personas con autismo. Esto refuerza la urgencia de diseñar modelos de atención específicos, integrales y respetuosos de la neurodivergencia.
Políticas públicas, derechos humanos y responsabilidad colectiva
La intersección entre autismo, neurodivergencia y adicciones expone una de las brechas más profundas y menos atendidas de los sistemas contemporáneos de salud, educación y protección social. Cuando un joven neurodivergente enfrenta un trastorno por uso de sustancias, no solo se agravan sus dificultades individuales, sino que se revela la crudeza y la fragilidad de las políticas públicas para responder de manera integral, oportuna y con enfoque de derechos humanos.
Desde una perspectiva de derechos, resulta indispensable reconocer que las personas neurodivergentes tienen derecho al más alto nivel posible de salud física y mental, a la educación inclusiva, a la autonomía progresiva y a la participación plena en la sociedad. Sin embargo, en muchos contextos estos derechos se ven limitados por marcos normativos fragmentados que separan artificialmente la atención al autismo de los servicios de prevención y tratamiento de adicciones, dejando a jóvenes y familias atrapados entre vacíos institucionales y restricciones legales.
Las políticas públicas deben avanzar hacia modelos integrales que reconozcan esta coexistencia como una realidad clínica y social. Esto implica diseñar normativas que permitan intervenciones tempranas, tratamientos adaptados y mecanismos de apoyo familiar, equilibrando la protección de la dignidad individual con la necesidad de atención terapéutica cuando el consumo compromete el bienestar y la seguridad.
Finalmente, abordar esta problemática exige un cambio de paradigma: pasar de la reacción tardía a la prevención, de la fragmentación a la coordinación institucional y del estigma al cuidado. Reconocer esta realidad como un asunto de salud pública y derechos humanos es indispensable para construir sociedades más justas e inclusivas, donde ningún joven neurodivergente quede excluido por la falta de comprensión, apoyo y voluntad política.
Licenciada en Derecho con Maestría en Transparencia y Protección de Datos por la Universidad de Guadalajara. Con una sólida trayectoria en el ámbito gubernamental, especializada en administración pública, legislación administrativa, compras gubernamentales, transparencia y proyectos estratégicos, a lo largo de mi carrera he demostrado una gran capacidad en la gestión pública, brindando asesoría en normatividad y políticas administrativas, así como en la optimización de procesos en el sector público.
