En 2025, América Latina enfrentó un escenario de profunda preocupación. Los desafíos de seguridad y política revelan un entramado alarmante donde narcotráfico, corrupción sistémica y debilidad institucional se refuerzan mutuamente. No se trata de hechos aislados, sino de una violencia extendida que ha colocado a varios países de la región entre los más peligrosos del mundo. Más allá de las cifras de homicidios, lo que se impone es una sensación generalizada de desamparo: para amplios sectores de la población, el Estado ya no aparece como garante de protección, sino como una estructura frágil, a veces cómplice y a menudo incapaz de asegurar el derecho más básico, la vida.
Según índices globales de criminalidad, países como Venezuela, Brasil y Ecuador superan con creces el promedio mundial de inseguridad. Venezuela, de manera persistente, ocupa los primeros puestos del ranking de peligrosidad global. Bolivia, aunque con indicadores menores, no está exenta de los riesgos asociados al narcotráfico y a las redes regionales de contrabando.
La situación venezolana se ha consolidado como el núcleo más crítico del panorama regional. Violencia estructural, corrupción profundamente arraigada y colapso de los servicios básicos han generado una crisis social sin precedentes. Este contexto ha provocado una de las mayores crisis migratorias de la historia reciente: cerca de 7,9 millones de venezolanos han abandonado su país, más del 20 % de su población. No huyen únicamente de la falta de oportunidades económicas, sino de una crisis humanitaria persistente. En este vacío de poder emergieron estructuras criminales que ya no reconocen fronteras, como el Tren de Aragua, hoy convertido en una red transnacional dedicada al tráfico de drogas, la extorsión y la trata de personas. Su expansión no solo refleja el colapso de la seguridad interna venezolana, sino también la incapacidad regional para articular respuestas coordinadas.
México representa otro caso paradigmático. La violencia vinculada a cárteles como Sinaloa y Jalisco Nueva Generación ha convertido al país en uno de los epicentros del crimen organizado a escala global. En varias regiones, grupos criminales ejercen un control territorial que desafía abiertamente la soberanía estatal. Las políticas públicas han oscilado entre la represión directa y los enfoques de desarrollo social, sin lograr hasta ahora una estrategia sostenible. Brasil, aunque con ciertos avances en la reducción de homicidios, continúa enfrentando el poder del Primer Comando de la Capital y el Comando Vermelho, organizaciones profundamente insertas en economías locales y dinámicas políticas. En ambos países, la violencia organizada incide directamente en el discurso público y en la percepción ciudadana de seguridad.
Ecuador vive una situación que hasta hace pocos años parecía impensable: niveles de violencia interna que han provocado desplazamientos masivos, ubicándolo entre los países con mayor número de desplazados internos por criminalidad en la región. Todo este contexto de inseguridad tiene un efecto corrosivo sobre la vida política. En países como Chile, la seguridad se ha convertido en el principal tema de las encuestas preelectorales. El electorado, agotado por la incertidumbre, exige orden y justicia eficaz, alimentando un péndulo político que oscila entre propuestas autoritarias y reformas que, con frecuencia, no logran responder a las demandas de empleo, dignidad y protección.
Para los migrantes, la travesía es un calvario multidimensional. Al abandonar contextos como el venezolano, se enfrentan a redes de tráfico humano, xenofobia en los países de destino y una vulnerabilidad constante frente a políticas migratorias cada vez más restrictivas. La migración se ha convertido en un eje central de la política regional, presionando los sistemas de salud y educación y obligando a redefinir los perfiles de liderazgo. Se requiere una conducción política que combine firmeza en el orden público con una visión integral de desarrollo, reconociendo que el crimen se nutre de la desigualdad y la exclusión.
La violencia no es una característica intrínseca de la cultura latinoamericana, sino el resultado de fallos estructurales en la construcción del Estado. En muchos contextos, la ilegalidad se ha convertido en la única vía de ascenso social para jóvenes sin acceso real a educación o empleo formal. Esta “cultura del atajo” alimenta al crimen organizado y normaliza la corrupción como un mal necesario. El riesgo mayor es aceptar el horror como parte de la vida cotidiana.
La verdadera soberanía no se mide solo por el control de fronteras, sino por la posibilidad de transitar el espacio público sin miedo. Recuperarlo exige más que cárceles o armas: implica reconstruir el tejido social en los barrios donde el Estado se retiró y el crimen ocupó su lugar. Además, América Latina debe dejar de actuar como un conjunto de islas. El crimen transnacional opera sin fronteras; nuestras respuestas no pueden seguir siendo fragmentadas. Sin cooperación regional, inteligencia compartida y políticas comunes, la violencia seguirá imponiendo su ley. La crisis migratoria, finalmente, debe abordarse desde la empatía y el pragmatismo: el migrante no es el enemigo, sino el síntoma de un sistema que ha fallado en su origen.
Licenciada en Ciencias de la Comunicación y MSc. en Marketing Político, es columnista especializada en temas de comunicación política y analista en este ámbito. Su experiencia incluye consultoría en transparencia electoral y participación como observadora internacional en procesos comiciales. Además, es socia de ACEIPOL, un espacio comprometido con la profesionalización de la política, desde donde impulsa estrategias innovadoras y análisis profundos sobre el panorama político contemporáneo.
