Desde la pandemia, los costos de producción en el campo han sufrido una fuerte presión: insumos y fletes más caros y mayor volatilidad de precios. En el caso del cultivo de soja, esta combinación ha evidenciado una clara asimetría entre quien asume el riesgo operativo (arrendatario) y quien recibe renta fija por el uso de la tierra (propietario). La dinámica descrita se repite en diversas regiones de Brasil, donde los arrendamientos generan ingresos mayores que la ganancia de quien asume el riesgo de la producción. Este artículo analiza esa configuración, sus consecuencias y posibles alternativas.
La época pospandemia provocó una distorsión de valores en este sector: a finales de 2019, la saca de soja se negociaba en promedio entre R$ 70,00 y R$ 80,00 (reales, moneda brasileña); en 2020–2021 el precio inició una escalada, alcanzando niveles de R$ 170,00–R$ 180,00 por saca, un aumento significativo respecto al año anterior. Los costos de insumos y los arrendamientos de tierras subieron acompañando la valorización del producto; sin embargo, en 2024 el precio de la saca de soja se negociaba por debajo de R$ 120,00, mientras que los costos de producción no descendieron en la misma proporción, comprimiendo los márgenes de los productores.
Para ilustrar con cifras, citamos un ejemplo de lo que ocurre en varias regiones brasileñas en la actualidad: arrendamientos en torno a 20 sacas de soja por hectárea, costo de producción alrededor de 40 sacas/ha y una producción media de la cosecha cercana a 75 sacas/ha, resultando en un margen bruto de 15 sacas/ha para el productor, quien asume el riesgo (climático, fitosanitario o de mercado), mientras que el propietario de la tierra recibe 20 sacas/ha sin asumir riesgo alguno. Esto corresponde a años de buenas cosechas, sin considerar que en los últimos cinco años han ocurrido sequías en la mayoría de las regiones, generando pérdidas en los cultivos.
Por tanto, en este caso el productor rural es el empresario que afronta el riesgo total del negocio: clima, plagas, fluctuaciones de precios, costos, insumos y financiamiento; en cambio, el propietario de la tierra posee un riesgo casi nulo, pues recibe la renta fija por el alquiler de la tierra independientemente del éxito de la cosecha, salvo cuando el arrendatario deja de cumplir con el pago por el uso de la tierra en el referido año agrícola.
La soja es un producto agrícola cuya cotización varía por múltiples factores: producción, insumos, costos, financiamiento, clima, plagas y sequías, que afectan directamente costos, márgenes y beneficio operativo, además de la volatilidad del tipo de cambio, que incide en el precio de la saca en Brasil. A esto se suman el flete, la logística, los impuestos, las tasas, las tarifas portuarias, los costos de comercialización, las barreras comerciales, los subsidios, la oferta y demanda doméstica e internacional, la industria de aceite y harina de soja y la demanda por biodiésel. En marzo de 2026, por ejemplo, el precio del diésel subió un 20 % en las estaciones de servicio de Brasil, impulsado por tensiones geopolíticas en Oriente Medio que elevaron el precio internacional del petróleo, provocando incluso escasez de combustible para entrega en las explotaciones rurales y paralizando la cosecha de soja.
Existen consecuencias económicas y sociales en este negocio que mueve millones anualmente. Según la Asociación Brasileña de Industrias de Aceites Vegetales (ABIOVE), se estima que la cosecha de soja de este año en Brasil será récord, alcanzando 177,85 millones de toneladas, superando la cosecha de 2025. Una reducción en esta actividad afecta principalmente a productores familiares o pequeños productores que no soportan altos niveles de riesgo; además, genera presión por aumentos en los arrendamientos en épocas de precios altos, posible concentración del sector en manos de grandes productores y reducción de la diversidad del sector, así como desincentiva inversiones a largo plazo en mejoras de la tierra, como riego y conservación del suelo.
Pueden surgir alternativas de arrendamiento e instrumentos para una mejor asignación del riesgo, tales como: arrendamientos por productividad, donde el propietario recibe un porcentaje de la producción; contratos híbridos, con una parte fija y otra variable según la productividad del cultivo; arrendamientos a más largo plazo con cláusulas de inversión que incentiven prácticas sostenibles; modelos colectivos en los que compartir insumos, tecnología, maquinaria, logística y acceso a mercados reduzca costos, disminuyendo el costo unitario y el riesgo individual; y la asociación agrícola, en la que el propietario aporta la tierra y el productor la maquinaria, compartiendo los costos y los beneficios de la producción.
Por parte del gobierno, debe añadirse la intervención pública: políticas que subsidien un sistema de seguro agrícola más robusto que cubra el riesgo climático, instrumentos de mitigación del riesgo, financiamiento estructurado que contemple arrendamientos por productividad y permita amortizaciones ligadas al ciclo de la cosecha, mejor acceso al crédito rural y promoción de educación y gestión financiera para los pequeños productores.
En conclusión, las cifras presentadas evidencian la disparidad entre riesgo y retorno en la relación arrendatario-propietario en la producción de soja en los últimos cinco años. Márgenes estrechos exponen a los productores a riesgos elevados, mientras los propietarios obtienen renta fija sin riesgo operativo. Modelos de arrendamiento que compartan riesgo y retorno, asociaciones agrícolas, instrumentos financieros adecuados y políticas de apoyo pueden reducir esta asimetría, haciendo la actividad más resiliente y sostenible para todos los actores del sector. Sumado a ello, es imprescindible que los productores rurales eleven su nivel de productividad en los cultivos, optimicen costos con tecnología de precisión, contraten seguros agrícolas e instrumentos de cobertura (hedge) para fijar precios en contratos futuros y sostengan sus actividades con planificación a largo plazo, gestión y educación financiera.
Doctorado en Economía por la Universidad de Salamanca (España), maestría en Administración de Negocios por la Universidad de Santa Maria (Brasil) y Licenciado en Administración por la Universidad de Cruz Alta (Brasil). Es profesor de ciencias económicas, finanzas y gestión de negocios en varios institutos de educación superior en Brasil. Es director de la firma Kruel Consultoria LTDA, con amplia experiencia en proyectos financieros y de desarrollo sectorial.
