A pocos días de la primera vuelta presidencial, Chile se encuentra en el centro de una contienda que trasciende su política interna. El próximo 16 de noviembre, más de 15,8 millones de electores —por primera vez obligados por ley a votar en una elección de esta magnitud— decidirán no solo al sucesor de Gabriel Boric, sino también la orientación ideológica del país para la próxima década.
Si ningún candidato obtiene el 50 % + 1 de los votos, una segunda vuelta el 14 de diciembre definirá la Presidencia para el período 2026-2030.
Más que una elección, se trata de un referendo sobre el proyecto progresista de Boric: un gobierno marcado por reformas sociales ambiciosas, pero frenado por la fragmentación parlamentaria y el rechazo consecutivo de dos proyectos constitucionales. En un contexto regional donde la derecha ha recuperado terreno —desde el triunfo de Javier Milei en Argentina hasta las victorias conservadoras en Uruguay y Ecuador—, el desenlace chileno podría consolidar una nueva ola de gobiernos liberales-conservadores en Sudamérica o revitalizar al progresismo andino, con impacto directo en los debates sobre migración, seguridad y desigualdad en países vecinos como Perú y Bolivia.
Las encuestas previas a la veda electoral, iniciada el 2 de noviembre, delinean un escenario polarizado. Jeannette Jara, candidata del Partido Comunista respaldada por el pacto Unidad por Chile —que agrupa al Frente Amplio, al Partido Socialista y a la Democracia Cristiana—, encabeza la intención de voto con cifras entre 28 % y 31 %. José Antonio Kast, del Partido Republicano, se mantiene segundo con un 22 % promedio, seguido por Johannes Kaiser (Partido Nacional Libertario), que asciende con fuerza desde un 8 % en septiembre hasta cifras cercanas al 20 %. Evelyn Matthei (Chile Vamos-UDI) se ubica en torno al 13-15 %. Esta dispersión del voto opositor podría definir la aritmética del balotaje.
El electorado chileno exhibe un alto grado de cansancio con el oficialismo —44 % declara un “antivoto” hacia Jara por su vínculo con el gobierno de Boric— y una derecha fragmentada en tres almas: la ultraconservadora de Kast, centrada en el orden público y los valores tradicionales; la moderada de Matthei, orientada a la estabilidad macroeconómica; y la libertaria de Kaiser, inspirada en Javier Milei, que propone recortes drásticos del gasto, desregulación y una política antiinmigración.
En contraste, la izquierda unificada tras las primarias de junio busca movilizar al electorado joven urbano y a las clases medias bajas con promesas de pensiones dignas y un sistema de salud universal, aunque los temas más sensibles para la población —delincuencia (42 %) y migración irregular (36 %)— continúan favoreciendo a la oposición.
De mantenerse las tendencias, Jara obtendría una ventaja de entre 28 % y 32 %, pero sin alcanzar mayoría absoluta, lo que conduciría casi con certeza a una segunda vuelta. El segundo puesto se definirá entre Kast (20-24 %) y Kaiser (15-19 %), con Matthei rezagada (13-16 %). Este panorama configura una suerte de “primaria ampliada” de la derecha, donde el candidato libertario podría capitalizar el descontento en regiones afectadas por el crimen organizado y el desempleo estructural. La probabilidad de un balotaje supera el 90 %, con los escenarios más probables: Jara vs. Kast (70 %) o Jara vs. Kaiser (25 %). En una segunda vuelta, la derecha tendría una ventaja inicial: Kast vencería a Jara 47-36 % y Kaiser 44-35 %, según el último estudio de Cadem.
En el Congreso, la correlación de fuerzas será determinante. Si Jara accede a La Moneda, su coalición oficialista —PC, FA, PS, DC y PPD— podría alcanzar entre 40 % y 45 % de representación parlamentaria, recurriendo a acuerdos con la DC moderada para avanzar en sus reformas sociales. Kast, por su parte, consolidaría una derecha amplia, integrando al Partido Republicano, Chile Vamos, el PNL de Kaiser y al Partido de la Gente de Franco Parisi, conformando una mayoría legislativa de 50-55 %. Si Kaiser lograra imponerse, su alianza con sectores anti-élite y libertarios reconfiguraría el mapa político, aunque su radicalismo económico generaría fricciones con la derecha tradicional.
El resultado de esta elección definirá el modelo de país. Una victoria de Jara consolidaría el progresismo con reformas estructurales en pensiones (cotización al 16 %), salud (reforzamiento del Fonasa) y educación (gratuidad universal), junto con una agenda de equidad de género y transición verde. El crecimiento económico sería moderado (2-3 % anual) y las tensiones fiscales persistirían (déficit cercano al 3 %), pero Chile retomaría su papel de referente progresista regional, revitalizando espacios como CELAC y UNASUR.
Un triunfo de Kast o Kaiser, en cambio, marcaría un giro conservador: reducción de impuestos corporativos (al 20 %), recortes del gasto público, endurecimiento penal y políticas migratorias restrictivas. El crecimiento podría acelerarse (3-4 %), impulsando inversión extranjera y empleo formal, aunque a costa de una mayor desigualdad (Gini 0.46) y de potenciales protestas sociales similares a las de 2019. En el plano regional, Chile se integraría a la llamada “alianza del Pacífico conservadora”, junto a Milei y Bukele, fortaleciendo un bloque de derechas pragmáticas frente al debilitado eje progresista.
Más allá de la aritmética electoral, la votación del 16 de noviembre será un referendo sobre la identidad política chilena. ¿Optará el país por la continuidad de un Estado social ampliado o por un retorno al orden y al mercado como motores de estabilidad?
La respuesta trascenderá a Chile: marcará el pulso ideológico de Sudamérica en los próximos años.
