La propuesta de reducir gradualmente en Chile el Impuesto de Primera Categoría —es decir, el tributo que grava las utilidades de las empresas— desde 27 % hasta 23 % se ha convertido en una de las señales económicas más relevantes del arranque del gobierno de José Antonio Kast. Aunque la medida aún no se ha formalizado como reforma definitiva, sí forma parte de la agenda económica que ha comenzado a instalar la nueva administración.
Para lectores fuera de Chile, conviene precisar por qué esta discusión importa. El impuesto corporativo no solo afecta la recaudación pública; también incide en las decisiones de inversión, reinversión, expansión productiva y contratación. Cuando una economía abierta mantiene una tasa relativamente alta frente a otros países con los que compite por capital, proyectos y empresas, pierde atractivo relativo. Ese es precisamente uno de los argumentos centrales detrás de la propuesta: mejorar la competitividad de Chile en un contexto internacional cada vez más exigente. La OCDE ha señalado que la tasa corporativa chilena se ubicaba por encima de su promedio reciente, cercano a 23 %.
La lógica económica de una rebaja tributaria de este tipo no es improvisada. Distintos estudios han mostrado que impuestos corporativos elevados tienden a desalentar la acumulación de capital y a reducir los incentivos para emprender nuevas inversiones. En Chile, la propia OCDE observó que una reducción de la tasa corporativa ayudaría a estimular la inversión productiva. Esto resulta particularmente relevante en un país que necesita recuperar dinamismo económico tras años de bajo crecimiento.
Además, el debate chileno no se limita al nivel de la tasa. También involucra el diseño del sistema tributario. Una de las críticas frecuentes es que la estructura vigente castiga en exceso la reinversión de utilidades, al combinar la tributación de la empresa con cargas posteriores sobre dividendos o rentas de los socios. Desde esa perspectiva, una reducción del impuesto corporativo no debe entenderse solo como un alivio para las empresas, sino como un intento de corregir incentivos que afectan la productividad y la expansión económica.
Por supuesto, bajar impuestos no garantiza por sí mismo más prosperidad. La medida solo puede generar resultados sostenibles si viene acompañada de disciplina fiscal, contención del gasto, simplificación regulatoria y mayor certidumbre para invertir. De lo contrario, el costo fiscal inmediato podría pesar más que sus beneficios de mediano plazo. Ese es el punto crucial del debate: no si el Estado debe recaudar, sino qué estructura tributaria permite recaudar sin asfixiar la inversión y el crecimiento.
Vista desde una perspectiva regional, la discusión chilena trasciende sus fronteras. América Latina necesita más inversión, más productividad y más crecimiento sostenido, pero con frecuencia mantiene marcos fiscales y regulatorios que operan en dirección contraria. Por eso, la propuesta impulsada por Kast abre una pregunta más amplia para la región: si se quiere atraer capital, generar empleo y elevar salarios, ¿tiene sentido seguir gravando con tanta intensidad a quienes producen e invierten? Chile vuelve a colocar esa discusión en el centro.
