Durante los últimos meses, la política dominicana ha transitado entre dos sensaciones aparentemente contradictorias: por un lado, una narrativa de orden, estabilidad y control institucional; por otro, un clima persistente de cuestionamientos éticos que afecta directamente a funcionarios del gobierno y erosiona la confianza pública.
El orden, como promesa política, sigue siendo una moneda poderosa. Ofrece tranquilidad, previsibilidad y la sensación de que “las cosas están bajo control”. Sin embargo, cuando esa promesa convive con señalamientos reiterados de corrupción administrativa, el orden deja de ser suficiente. Ya no alcanza con gestionar bien; es necesario volver a significar el poder.
Alexis de Tocqueville advertía en La democracia en América que las democracias modernas podían acostumbrarse a evaluar sus gobiernos únicamente por su eficacia, relegando la virtud pública a un segundo plano. Ese desplazamiento —aparentemente práctico— tiene un costo alto: cuando la ética se convierte en un asunto accesorio, la legitimidad se vuelve frágil, incluso si el aparato del Estado funciona.
En el contexto dominicano actual, los cuestionamientos a distintos funcionarios no han provocado una ruptura inmediata con el gobierno, pero sí han instalado una sensación de contradicción: un discurso oficial centrado en la institucionalidad y la transparencia convive con prácticas que, al menos en el plano simbólico, debilitan ese mismo discurso. La ciudadanía percibe esa fisura, aunque no siempre la traduzca en protesta abierta.
Aquí emerge un problema central de comunicación política: el relato del orden se desgasta cuando no va acompañado de coherencia ética visible. No basta con afirmar un compromiso con la transparencia; es necesario demostrarlo de forma consistente y, sobre todo, creíble. En política, la percepción no es un asunto menor: es parte constitutiva del poder.
Hannah Arendt sostenía que la autoridad política no se impone solo desde la legalidad, sino desde la confianza compartida en el sentido de lo público. En La condición humana, subraya que cuando la acción política pierde su dimensión moral, el espacio público se vacía de significado. En ese vacío, el ciudadano deja de sentirse parte y se limita a observar.
La respuesta frecuente ante este tipo de desgaste suele ser un rebranding político: cambios de narrativa, ajustes en la comunicación, énfasis en logros y relanzamientos discursivos. Todo eso puede ser necesario, pero no es suficiente. El riesgo está en confundir el problema de fondo con uno meramente estético. Un nuevo relato no puede sostenerse si no se acompaña de decisiones que restituyan la confianza.
Guy Debord, en La sociedad del espectáculo, advertía que cuando el poder se concentra en administrar imágenes, la realidad termina subordinada a la puesta en escena. En términos políticos, esto se traduce en gobiernos que priorizan el control del mensaje por encima de la corrección de las prácticas. El resultado es un ciudadano informado, pero escéptico; atento, pero distante.
En la República Dominicana, la ciudadanía no parece haber roto con el gobierno, pero sí ha comenzado a mirarlo con una cautela distinta. No es indignación masiva; es una forma de desencanto contenido. Y ese desencanto, cuando se acumula, suele ser más peligroso que la protesta abierta, porque no se expresa hasta que encuentra un punto de quiebre.
Albert Camus recordaba en El hombre rebelde que el verdadero desafío político no es conservar el poder, sino conservar la legitimidad moral que lo justifica. Un gobierno puede sobrevivir a errores administrativos, pero difícilmente sale indemne de una percepción prolongada de incoherencia ética.
El desafío actual no es solo comunicacional, sino profundamente político: cómo relanzar un proyecto de gobierno sin caer en el maquillaje discursivo, cómo recuperar credibilidad sin recurrir al silencio cómodo o a la minimización de los cuestionamientos. El orden, por sí solo, ya no basta. La estabilidad necesita un anclaje ético que la sostenga.
Tal vez el momento exija menos eslóganes y más decisiones ejemplares; menos control del relato y más coherencia entre discurso y práctica. Porque cuando el poder se ve obligado a reinventar su imagen, lo que realmente está en juego no es la comunicación, sino la confianza. Y sin confianza, incluso el orden mejor administrado termina resquebrajándose.
Gestora empresarial y política, postgrado en Presupuesto Público, maestría en Liderazgo para la Gestión Pública por Barna Management School y George Washington University.
