Max Weber, uno de los sociólogos más influyentes del siglo XX, definió al Estado como la entidad que posee el monopolio del uso legítimo de la fuerza dentro de un territorio. Esta definición, expuesta en su obra La política como vocación (1919), resulta clave para comprender las dinámicas políticas y sociales contemporáneas. Según Weber, el Estado es el único actor que puede ejercer la violencia de manera legítima para garantizar el orden. No obstante, cuando pierde esa capacidad, su legitimidad se ve seriamente comprometida.
El caso de las Madres Buscadoras en México ilustra de forma contundente esta pérdida de legitimidad. En las últimas décadas, más de 100,000 personas han desaparecido en el país, de acuerdo con cifras oficiales. Ante la inacción del Estado y la falta de respuestas claras, miles de mujeres —en su mayoría madres de personas desaparecidas—, equipadas con herramientas básicas y fotografías, recorren fosas clandestinas y terrenos baldíos, desempeñando funciones de especialistas forenses que han adquirido de manera empírica.
Este fenómeno no es aislado, sino que forma parte de una crisis institucional estructural. Actualmente, más de 100 colectivos conformados por familias enteras trabajan de manera colaborativa en todo el país. Estas mujeres, en su labor humanitaria, han sido amenazadas e incluso víctimas de la violencia del crimen organizado. Un caso reciente es el de Teresa González Murillo, líder de los ambulantes en Guadalajara y activa integrante de un colectivo de búsqueda, quien desapareció el 25 de marzo de 2025 mientras buscaba a su hermano Jaime, desaparecido desde septiembre de 2024.
La ausencia de un poder estatal efectivo deja un vacío que, en muchas regiones, ha sido ocupado por el crimen organizado. Estos grupos no solo controlan territorios mediante el uso de la fuerza, sino que también imponen sus propias normas, regulan actividades económicas y sociales, e incluso castigan delitos dentro de sus comunidades. Esta “legitimidad paralela” que adquieren se basa en la incapacidad del Estado para ejercer su rol, lo cual agrava aún más la crisis de gobernabilidad y de confianza institucional.
La indiferencia de las autoridades ante las amenazas que enfrentan las Madres Buscadoras, y la falta de garantías para que ejerzan su labor sin poner en riesgo sus vidas, deja al descubierto la erosión del monopolio legítimo de la violencia. Según Weber, cuando los ciudadanos deben asumir funciones estatales por cuenta propia, el Estado pierde su razón de ser como garante del orden social.
Esta fractura institucional se evidencia también en otros casos paradigmáticos, como Ayotzinapa, donde la participación de fuerzas de seguridad en la desaparición de 43 estudiantes mostró la colusión entre el Estado y el crimen organizado. De igual forma, la impunidad en el feminicidio de Marisa Escobedo en 2009, y la lucha incansable de su madre por obtener justicia, reflejan las profundas fallas del sistema judicial y su lentitud para responder a las víctimas.
Desde una perspectiva weberiana, un Estado que no puede garantizar seguridad ni justicia es un Estado que pierde legitimidad. La lucha de las Madres Buscadoras, y de otros grupos de víctimas, pone en evidencia esta incapacidad estructural. A esto se suman problemas como la corrupción, la burocracia y la revictimización de quienes intentan acceder al sistema de justicia, lo que convierte su camino en una travesía larga, dolorosa y plagada de obstáculos.
Sin una reforma profunda del sistema judicial y de seguridad pública, la violencia y las desapariciones continuarán siendo parte del panorama cotidiano en México. Las víctimas seguirán enfrentando un aparato estatal ineficaz que, lejos de brindarles justicia, les da la espalda. Si el Estado no recupera su rol como garante del orden, la legalidad y la vida digna, su legitimidad seguirá erosionándose de forma irreversible.
Que no sea necesario perder a alguien para desarrollar empatía. Lo que enfrentan las Madres Buscadoras mexicanas es un reflejo del dolor de un país que no protege a quienes más lo necesitan.
Soy politóloga con mención en Relaciones Internacionales, egresada de la Universidad Central de Venezuela, y cuento con una trayectoria académica y profesional enfocada en el análisis político, social y empresarial. Mi formación se complementa con un Máster en Administración y Dirección de Empresas, así como una especialización en Coaching y Programación Neurolingüística, ambos cursados en la Escuela de Negocios Europea de Barcelona, España.
A lo largo de mi carrera, he tenido la oportunidad de desempeñarme como asesora política en campañas electorales, diseñando estrategias fundamentadas en un profundo análisis del entorno y las dinámicas sociopolíticas. Asimismo, he ocupado roles de liderazgo como coordinadora en empresas privadas, donde he desarrollado habilidades en planificación, gestión de proyectos y trabajo en equipo.
Mi compromiso con el trabajo social me ha llevado a liderar iniciativas en colaboración con organizaciones no gubernamentales, orientadas a promover el desarrollo de comunidades vulneradas indígenas, generando un impacto positivo en el tejido social.
