Se busca este país / La manía de desaparecer

Eje Global

En México desaparecen las personas, el dinero, las instituciones; desaparece la libertad, la dignidad, la decencia. Cada día desaparece la memoria. Vivimos la era del silencio autoimpuesto ante lo aberrante, lo absurdo, lo catastrófico. El significado de la vida humana o la importancia de los derechos básicos se desvanece ante nuestros ojos.

Nos convencemos de que aquí seguimos, inquebrantables, atrapados en nuestras agendas, en la esperanza de los sueños pendientes, en las vidas que elegimos voluntaria o involuntariamente, apegados a los hábitos que nos mantienen en movimiento, mientras vamos también desapareciendo.

Las vidas se apagan de forma natural, es inevitable, pero también bajo métodos menos involuntarios y más violentos. Al menos eso dicen los números oficiales en el país de los desaparecidos: 128 064 personas desaparecidas, de acuerdo con la plataforma Red Lupa, un espacio digital para el seguimiento y vigilancia de la Ley General en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, esta última publicada por decreto en 2017 durante el mandato del presidente Enrique Peña Nieto y que ha necesitado la vigilancia ciudadana para ser cumplida a empujones.

Elige cualquier coordenada en el país y habrá datos alarmantes. Jalisco, Estado de México, Tamaulipas, Veracruz y Nuevo León son las entidades con las cifras más altas de personas desaparecidas. Del año anterior al presente se duplicó el porcentaje de aumento de casos, según la plataforma. La medición que data desde 2000 reporta que 2024 tiene el mayor número de desaparecidos hasta el momento, con 13 106 casos. De seguir la tendencia, este año se superará esa cifra.

“La desaparición de personas en México es generalizada y sistemática. Después de llegar en 2022 a 100 000 casos de personas desaparecidas, la cifra aumentó en un 7.3 % en 2023 y siguió aumentando en 2024 en un 6.3 %, y en 2025 en un 12 %. A la fecha, los reportes de casos de personas desaparecidas siguen en aumento”, señalan en su página, que forma parte de un proyecto auspiciado por la Unión Europea. La información analizada por este organismo proviene de diversas fuentes oficiales y abiertas como el Sistema Nacional de Búsqueda, la Fiscalía General de la República y las fiscalías de los estados, organizaciones de la sociedad civil, periodistas y académicos (https://imdhd.org/redlupa/informes-y-analisis/informes-nacionales/informe-nacional-de-personas-desaparecidas-2025/).

Desaparece la identidad. Para entender una crisis como la de las desapariciones forzadas en México es necesario considerar, por ejemplo, que tan solo en 2023 las fiscalías recibieron más de 94 000 cuerpos, que se sumaron al rezago en identificación y que, en 2018, solo el 3 % del presupuesto de las fiscalías se destinó a servicios forenses. Al país entero le sobran miles de cuerpos que, irónicamente, están siendo buscados por todos lados.

Otro dato abrumador son los 22 buscadores asesinados en los últimos años, entre ellos madres y familiares de los desaparecidos. El papel de las madres buscadoras al frente de los colectivos ha sido fundamental en esta tarea pendiente del Estado. Ellas, con sus propios recursos y a pico y pala, han dejado al descubierto fosas clandestinas y campos de exterminio como el de Teuchitlán, en Jalisco, que estremeció a propios y extraños, y más reciente la fosa hallada en Irapuato, Guanajuato, donde se encontraron restos de al menos 31 cuerpos. Cifras escalofriantes y vergonzosas que solo confirman que el territorio mexicano es una enorme fosa común. E, irónicamente, ellas, las buscadoras, se convierten también en parte de las estadísticas.

Por cierto, Guanajuato se encuentra entre los cinco estados que concentran el 51 % de hallazgos de fosas clandestinas en el país, junto con Guerrero, Veracruz, Sonora y Jalisco, de acuerdo con la información recopilada en la base de datos de la Universidad Iberoamericana, que alimenta con información publicada por la prensa. En ella contabilizan 3 298 fosas clandestinas de 2006 a 2024.

Desaparece el Estado. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) reporta que hasta 2023 solo 814 víctimas de desaparición estaban en el Registro Nacional de Víctimas (RENAVI). Un número absurdo frente a los miles contabilizados hasta el presente año.

En este país reímos para no llorar. Mientras se descubren campos de exterminio o se corre el riesgo de ser secuestrado en una carretera o al salir de tu casa, los gobernantes y exgobernantes callan cínicamente. Ellos solo quieren alardear de su trabajo como si de hazañas se tratara. Construir y entregar escuelas, caminos u hospitales a sobreprecio, inconclusos y mal planeados no es causa de orgullo ni debe distraernos de lo esencial: la garantía de un país habitable, transitable y donde podamos vivir en paz. Abanderarse de humanismo o sentido social, o hablar de causas escuchadas y atendidas, no hace que se nos olviden las grandes preocupaciones de los municipios, estados y del país. Y el cinismo impera cuando desaparecen al solicitarles cuentas por malos manejos o enriquecimiento ilícito durante sus administraciones. A estas alturas, da lo mismo si son exgobernantes creando empresas en lo oscurito o cárteles cobrando derecho de piso: ambos son igual de criminales. En este país, ellos son los otros desaparecidos.

Y si de rendir cuentas se trata, Teresa Guadalupe Reyes Sahagún dejará su cargo como titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, que ocupaba desde 2023 pese a que los colectivos de familiares de desaparecidos exigían su cese por incompetencia. Se va sin dar resultados. La meta era disminuir, no aumentar, el número de desaparecidos.

Desaparece la libertad de exigir. Claudia Uruchurtu, en Nochixtlán, Oaxaca, denunció corrupción y desvío de recursos por parte del gobierno encabezado por la alcaldesa de ese municipio, Lizbeth Victoria Huerta. Claudia denunció, se manifestó y desapareció. A la fecha se desconoce su paradero, aunque fueron detenidos, encarcelados y sentenciados a hasta 60 años de prisión cinco funcionarios de dicha administración, excepto Lizbeth, quien logró reclasificar su delito y salir después de cuatro años de encarcelamiento. Para la familia de Claudia y la comunidad oaxaqueña la justicia quedó pendiente y corta. La desaparición es un delito que se castiga selectivamente.

Desaparecen los límites. El caso de la maestra jubilada Irma, en Veracruz, no solo es indignante, sino que revela lo que viven los maestros y cualquiera que no esté dispuesto a doblar las manos ante las reglas que el crimen impone. Fue secuestrada, torturada y obligada a grabar un mensaje de advertencia: si no cooperas, terminarás como yo. Días después fue hallada muerta y Rocío Nahle, la gobernadora morenista de Veracruz, se atrevió a decir que “les guste o no, ella murió de un infarto”. Puede decir lo que quiera, pero todos conocimos las circunstancias que precedieron a su muerte.

Queda claro que las desapariciones son el móvil del crimen organizado para marcar territorio, incrementar su base y generar terror en el país, pero sigue siendo también una práctica por motivos políticos y la ruta conocida para la trata de personas. Lo preocupante es que desaparece la memoria ciudadana y las voces capaces de exigir una vida digna y el respeto y cumplimiento de derechos en tiempo y forma.

¿Qué nos está mostrando esta crisis de nosotros mismos? Nuestra indiferencia también es una forma de desaparecer. Dejemos de desaparecer detrás del silencio, el egoísmo, la conformidad. Hoy que todo se esfuma en un pestañeo, necesitamos reaparecer en la escena pública, usar la voz, salir a la calle y recuperar lo que nos pertenece. Incomodemos señalando, ejerzamos nuestros derechos y recordémosles a quienes llegaron al servicio público que están ahí para trabajar a nuestro favor, no para darnos la espalda. Se buscan ciudadanos dispuestos a encontrar el país que está desapareciendo.

Eje Global
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Comunicadora con experiencia en periodismo, producción editorial, estrategia digital, relaciones públicas y comunicación social y política.  
 
Ha colaborado para el Periódico AM, la Universidad de Guanajuato, el Gobierno del Estado de Guanajuato y el Partido Acción Nacional. Se ha desempeñado de manera independiente como fotógrafa, coach ontológico y asesora creativa.