Es difícil entender que la mala gestión que afecta a muchos gobiernos no sea solo resultado de incompetencia técnica, limitaciones presupuestarias o burocracias, sino también producto de decisiones políticas, culturales, ideológicas y sociales que permiten la repetición de errores sistemáticos, arraigados en gran parte de América Latina, con gobiernos populistas y mala administración.
Como ciudadanos, votamos, consumimos información (a menudo falsa) y toleramos prácticas inadecuadas, corruptas y burocráticas que destruyen el interés público, pero favorecen a una cúpula del poder. Entender en qué fallamos como contribuyentes que pagan altos impuestos y desean instituciones capaces de servir al pueblo y no a privilegios es un deber de ciudadanía.
En primer lugar, la falta de gestión tiene múltiples causas y están interconectadas: fragmentación institucional, falta de planificación a largo plazo, políticas públicas orientadas a ganancias electorales de corto plazo, baja transparencia y control social debilitado. Estos problemas generan obras inconclusas, desperdicio de recursos, servicios públicos precarios y un ciclo de impunidad administrativa que erosiona la confianza en el poder público, afectando a una población ya vulnerable por la mala gestión.
En segundo lugar, la ausencia de un cuerpo técnico en cargos públicos produce una baja calidad de gestión, ya que muchos puestos estratégicos se ocupan por criterios políticos y no por mérito funcional. La rotación excesiva y la falta de continuidad impiden la ejecución de proyectos complejos, desde el sistema de salud hasta la infraestructura y la educación. Además, la carencia de indicadores claros y metas medibles dificulta la transparencia y la evaluación de los resultados gubernamentales.
En tercer lugar, el clientelismo y la corrupción destruyen la eficiencia administrativa: recursos que deberían financiar políticas públicas terminan desviándose hacia grupos de interés. El problema es sistémico porque prácticas corruptas son toleradas o naturalizadas, corroyendo todo un sistema jurídico y político y dañando a una sociedad que duda en castigar, fiscalizar y exigir transparencia.
Sin embargo, la responsabilidad no recae solo en el gobierno: es nuestra como colectivo, que aceptamos pasivamente malas decisiones, toleramos la mala gestión y los desvíos de fondos públicos por desinformación, alienación política, inmediatez, sensación de impotencia, desconfianza mutua, motivos ideológicos y falta de unidad social. La lógica que predomina es “cada uno por sí”, y así el debilitamiento de las instituciones civiles reduce la presión por rendición de cuentas.
Hoy podemos decir que fracasamos como sociedad, porque en lugar de unirnos estamos cada vez más polarizados políticamente, fortaleciendo espacios hostiles y prácticas nocivas, transformando la vigilancia civil en retaliación partidaria y consolidando ideologías que ciegan y aceptan la mala gestión, justificando los errores de los aliados y condenando despiadadamente a los adversarios. No se trata ya de construir una sociedad más justa e igualitaria, sino de persecución política, partidaria y selectiva.
Creo que nos hemos perdido como nación, pues dejamos de fortalecer la meritocracia, la profesionalización de la gestión pública, las carreras técnicas y las estructuras que garantizan continuidad y capacitación. Falta planificación a largo plazo, con metas claras e indicadores de desempeño auditables, seguimiento independiente de políticas públicas, participación ciudadana y transparencia, valorando la ética en el servicio público y privado con incentivos y ejemplos concretos. Es necesario reforzar la educación cívica y una prensa responsable, formando ciudadanos críticos, capaces de verificar información y evitando narrativas simplistas y polarizadas.
Así, la culpa por la mala gestión gubernamental no recae solo en los gobernantes, sino en una sociedad que tolera la mediocridad y la corrupción. Recuperar la capacidad de gestión del Estado exige acción colectiva: interés en fiscalizar, informarse, ocupar espacios de decisión y exigir transparencia. No es una tarea fácil, pero construir una sociedad más justa e igualitaria requiere educación, voluntad y sed de información, sin aceptar migajas de un Estado que debe cubrir las necesidades básicas de la nación, un gobierno que realmente trabaje por el bien común.
Podremos decir que las principales diferencias entre países desarrollados y en desarrollo incluyen: instituciones sólidas y Estado de derecho (aplicación imparcial de la ley, poder judicial independiente, protección de los derechos de propiedad); gobernanza y control de la corrupción (fiabilidad y eficiencia en el gasto público); educación de calidad (altas inversiones en educación pública que generan ciudadanos preparados y aumentan la productividad laboral); salud pública y protección social (sistemas de salud adecuados y redes de protección que reducen riesgos e invierten en capital humano); infraestructura (transporte, energía, saneamiento y conectividad digital eficientes, que reducen costos empresariales y mejoran la calidad de vida); acceso al sistema bancario (crédito accesible para empresas e individuos, que financia la innovación y el crecimiento); marco regulatorio y políticas económicas estables (reglas claras y eficientes, política macroeconómica que controla inflación y deuda, ofreciendo previsibilidad para la inversión); innovación, tecnología y productividad (universidades fuertes y ecosistemas de innovación que aumentan el valor agregado y la competitividad internacional); estructura productiva y diversificación económica (mayor participación de industrias y servicios de alto valor agregado, economía menos dependiente de las commodities); administración pública (menos burocracia, mayor profesionalismo estatal que asegura la ejecución efectiva de políticas); seguridad pública (niveles bajos de violencia y conflictos), y otras situaciones que diferencian la buena y la mala gestión de los gobiernos.
En resumen, una gestión gubernamental eficiente permite que las instituciones públicas impulsen la educación, la inversión y la innovación, fortaleciendo el capital humano y generando instituciones más resilientes. La participación ciudadana y las campañas de educación cívica son formas de cocrear políticas, involucrando a la sociedad civil en el control, la supervisión y la evaluación del uso de los recursos públicos en beneficio de la nación, mejorando la calidad de vida de todos.
Doctorado en Economía por la Universidad de Salamanca (España), maestría en Administración de Negocios por la Universidad de Santa Maria (Brasil) y Licenciado en Administración por la Universidad de Cruz Alta (Brasil). Es profesor de ciencias económicas, finanzas y gestión de negocios en varios institutos de educación superior en Brasil. Es director de la firma Kruel Consultoria LTDA, con amplia experiencia en proyectos financieros y de desarrollo sectorial.
