De acuerdo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el Objetivo 8 busca promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente para todos. Este objetivo se justifica en razón de las crisis que están afectando a la economía global, que, según sus cálculos, ha venido experimentando una desaceleración mundial del PIB per cápita desde 2023. Esta situación afecta al empleo formal y expulsa de muchos frentes a millones de empleados hacia situaciones de pauperización y supervivencia en condiciones indignas o informales. No obstante, destaca la ONU, se ha producido un incremento de la productividad laboral y un descenso de la tasa de desempleo a escala mundial, pero los expertos recomiendan que es necesario seguir en procesos de mejora continua para incrementar las oportunidades de empleos formales, especialmente entre los jóvenes (entre los que se destacan los recién egresados de educación superior) y cerrar la desigualdad y brecha salarial entre hombres y mujeres.
Entre las medidas sugeridas por el grupo de investigadores de la ONU se señala que tanto el sector privado como el estatal tienen que asegurar acciones efectivas para lograr entornos y sistemas de trabajo seguros y protegidos (SSST), y mejorar el acceso a los servicios financieros como requisito básico para garantizar el crecimiento económico, esto en el marco de la ortodoxia económica. Las cifras sobre las que se apoya esta cita tienen su origen en 2020 con una tasa de desempleo mundial que se ubicaba en 6.6 %, cayendo paulatinamente al 5.4 % en 2022.
Según datos actualizados elaborados por analistas de datos Macron.com (2025), se tiene que entender lo siguiente: desempleo es sinónimo de paro. Desempleado o parado es aquel trabajador que no tiene empleo. Por lo tanto, los desempleados o parados de un país son aquellos que tienen edad, capacidad y deseo de trabajar (población activa), pero carecen de un puesto de trabajo. El número de parados de un territorio suele expresarse en función de la población activa del mismo y se denomina tasa de desempleo. La tasa de paro es el cociente entre el total de parados y el total de activos, y se expresa en porcentaje:
Tasa de desempleo = Total de parados / Total de activos
En Colombia, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), para el mes de febrero de 2025, la tasa de desocupación del total nacional fue 10.3 %, lo que representó una disminución de 1.3 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2024 (11.7 %). La tasa global de participación se ubicó en 64.7 %, mientras que en febrero de 2024 fue 63.8 %. Finalmente, la tasa de ocupación fue 58.0 %, lo que representó un aumento de 1.6 puntos porcentuales respecto al mismo mes del año anterior (56.4 %). De igual manera, se destaca que la tasa de desocupación en el total de las 13 ciudades y áreas metropolitanas fue 9.8 %, lo que representó una disminución de 1.8 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2024 (11.6 %). La tasa global de participación se ubicó en 66.8 %, mientras que en febrero de 2024 fue 66.5 %. Finalmente, la tasa de ocupación fue 60.3 %, lo que representó un aumento de 1.5 puntos porcentuales respecto al mismo mes del año anterior (58.8 %) (DANE, 2025).
En la siguiente tabla elaborada a partir del Gran Total Nacional de la Serie mensual 2001 – 2025 DANE, podemos ver el comportamiento de las principales variables en los tres primeros trimestres desde el año 2022-2025, gobierno del actual presidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego:
La explicación del DANE corrobora la tasa de ocupación del 60,3% con un incremento de 1,5 puntos porcentuales respecto al mismo mes del año 2024. La población total a febrero de 2025 se ubica en 51.875 habitantes y en edad de trabajar (PET) en 40.471 habitantes, y de estos 26.173 corresponden a la fuerza de trabajo, de los cuales 23.469 están ocupados con una población desocupada que asciende a 2.704 que se puede comparar en el mismo mes y año del gobierno anterior (febrero de 2021) 3.213 (DANE). En el boletín técnico del DANE se afirma: Para el mes de febrero de 2025, la tasa de desocupación del total nacional fue 10,3%, lo que representó una disminución de 1,3 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2024 (11,7%). La tasa global de participación se ubicó en 64,7%, mientras que en febrero de 2024 fue 63,8%. Finalmente, la tasa de ocupación fue 58,0%, lo que representó un aumento de 1,6 puntos porcentuales respecto al mismo mes del año anterior (56,4%).
En la siguiente imagen (gráfica 1) se observan los principales indicadores del mercado laboral 2017-2025, y en el gráfico 6, la tasa de desocupación dic.2024-febrero 2025, de las 13 principales ciudades, en donde destacan en orden descendente variable, Quibdó con un 34,5% (capital del departamento de Chocó, fuente global de agua, y principal puerto marítimo y aduanero sobre el Pacífico), Riohacha con 18,4% (La Guajira, costa Atlántica. Límite con Venezuela, region carbonífera y turística), Florencia 15,6% (Caquetá, region amazónica), Ibagué 15,0% (Tolima, eje cafetero), Cúcuta área metropolitana con 14,4%, (Norte de Santander, límite con Venezuela y principal foco de violencia del narcotráfico (Catatumbo)), Sincelejo (Sucre, costa atlántica, región ganadera), Montería 13,0% (Córdoba, región agrícola y ganadera), Valledupar 12,2% (Cesar, límite con Venezuela), Armenia 11,4% (Quindío, eje cafetero), Pereira 11,3% (Risaralda, eje cafetero), Tunja 11,1% (Boyacá, región central, agrícola y turistica), Popayán (Cauca, región en conflicto por cultivos y narcotráfico), Barranquilla (Atlántico, costa atlántica y uno de los principales puertos marítimos y aduaneros), Cali 10,0% (Valle del Cauca, zona de conflicto con grupos armados organizados, minería ilegal y narcotráfico), Pasto 10,7% (Nariño, zona de conflicto con grupos armados organizados, minería ilegal y narcotráfico), Manizales 10,4% (Caldas):
La tasa de ocupación de las 13 ciudades principales según DANE:
Colombia, al igual que muchos países de la región, se caracteriza por ser un país con una economía diversa, tres grandes cordilleras, dos océanos, región de la Orinoquia y el Amazonas, que abarca múltiples sectores, desde la agricultura hasta la tecnología avanzada (visible solo en grandes ciudades). Comprender la estructura de estos sectores, sus territorios, el crecimiento económico y su comportamiento laboral es esencial para analizar su impacto en el desarrollo proyectado y esperado, en la administración pública, la economía y en la gobernabilidad.
Los principales sectores formales de su economía son:
Sector primario: incluye actividades relacionadas con la agricultura, la ganadería, la pesca y la extracción de recursos.
Sector secundario: comprende la industria manufacturera, la construcción y la energía.
Sector terciario: se refiere a los servicios de comercio, educación y salud.
Sector cuaternario: incorpora todas las actividades basadas en el conocimiento y la innovación, como la investigación y desarrollo (I+D) y las tecnologías de la información y comunicación (TIC), entre otros.
El sector servicios comprende una amplia gama de actividades productivas y de consumo masivo que no producen bienes materiales, sino que generan servicios destinados, diferenciados y especializados para satisfacer las necesidades de la población. Además, es un gran generador de empleos formales e informales, tales como el comercio organizado e informal, servicios bancarios y financieros, turismo y hostelería, educación, salud y recreación, transportes y logística. Todos necesitan seguridad, educación de calidad, servicios públicos básicos, salud, empleo formal, tolerancia, respeto y convivencia.
Desde siempre se ha criticado el estancamiento o ralentización del país en investigación, ciencia y tecnología (I+D) en todos los frentes y sectores. Ni los gremios, ni grandes sectores de los sindicatos, ni los gobiernos se han puesto de acuerdo para superar esto como una política de Estado, destinar el presupuesto necesario y abrir espacios para los científicos y académicos. Infortunadamente, existe una cultura negativa –abusiva– que gira alrededor de intereses políticos, económicos y financieros que se niegan a salir de su zona de confort y grandes conquistas para sus grupos organizados o familias de gran poder. Esto genera alta polarización, desconfianza y pérdida de esfuerzos gobierno tras gobierno, que, sumados al odio visceral –por demás irracional– y la cultura del narcotráfico y el no pago de impuestos, agudizan aún más la crisis de empleabilidad, desarrollo y capacidad tecnológica para competir con eficiencia y salarios justos equivalentes a nivel global.
El último esfuerzo del gobierno Petro ha girado en torno a dos grandes reformas: la de la salud y la laboral, que reventaron bajo este gobierno por problemas estructurales acumulados desde sus inicios (el sistema, el modelo empresarial y las finanzas, por su inviabilidad total, denuncias de corrupción, desvío de dineros y despilfarro, implementado desde el primer gobierno del señor Uribe Vélez, sus funcionarios –ministros– y su grupo político, apoyado por los grandes gremios empresariales y de comercio, ganaderos, un sector religioso, entre otros influyentes), y que resultan vitales hoy para mejorar el bienestar general, la productividad, el crecimiento económico, la competitividad, el ahorro, el consumo, la inversión y la capacidad política de la población activa e inactiva del país. Son casi tres décadas acumuladas de terquedad, acumulación de bienes del Estado en unos pocos, evasión y falta de memoria colectiva y económica. Toda una generación que debe reaccionar, ojalá de manera pacífica.
Algunos centros de pensamiento, entre los que se cuenta el Banco de la República, y medios de comunicación masiva, infortunadamente se han alineado con esta oposición irracional y temeraria porque sus análisis, desde la perspectiva neoliberal únicamente, no son del todo objetivos ni actualizados, ni reflejan las realidades territoriales, ambientales ni sociales; o porque temen dar el salto equitativo que Colombia necesita; o quizás porque creen ciegamente que Keynes o Hayek no siguen vigentes, aun cuando se reconocen mundialmente como necesarios para la política fiscal, la demanda agregada, el empleo y el control de la inflación, cuando el Estado, a través del gobierno de turno, debe intervenir en momentos de crisis especulativa, falta de consumo o desempleo.
La violencia no se genera porque sí. La violencia que hoy nos abruma es consecuencia acumulada de muchas pésimas decisiones y falta de justicia e inclusión social.
Es tan mezquino, repugnante e inapropiado el comportamiento del Congreso de la República, que una minoría de senadores (Comisión Séptima), cuestionada por su incapacidad de análisis y formación profesional, ha decidido archivar de manera unilateral –sin discusión en plenaria, como debiera ser– las reformas propuestas. Sin embargo, quedan recursos constitucionales para dar un respiro y posible solución bajo el paraguas de la democracia participativa, que también dicha rama legislativa, en cabeza de su actual presidente, se atreve a negar como innecesaria. Tal vez porque ya se dio cuenta de que han quedado expuestos ante la opinión pública sus verdaderos intereses personales y de grupo, y nada mal para los colombianos, porque, al final, es el pueblo electoral de Colombia quien debe decidir los asuntos de interés general que el Congreso niega, entre otros frentes. Uno de estos mecanismos de participación ciudadana es la consulta popular, que, de utilizarse de manera inteligente, clara y precisa, amerita pensar muy seriamente los puntos en discusión como asalariados y como pueblo raso electoral que ha sido relegado, no solo en las dos reformas necesarias, sino también en una gran reforma constitucional. Que en adelante la democracia y la participación política se oxigenen y den paso a nuevas realidades y generaciones mejor capacitadas, sin influenciadores y, sobre todo, honestas.
No olvidemos la guerra arancelaria declarada por el nuevo emperador. Tenemos commodities geoestratégicos, las mejores tierras, un futuro canal interoceánico, dos océanos y una posibilidad de investigar y desarrollar nuestros propios productos y crecimiento económico inclusivo. Pero, con odios y líderes que no ven ni piensan como economistas ni como estadistas, ningún negocio o gobierno será exitoso en estos territorios tomados por la delincuencia y el crimen organizados enquistados en las instituciones y clubes de la sociedad.
Se vienen elecciones y, con ellas, la esperanza de escoger a los mejores representantes e incuestionables, ojalá con méritos, academia y liderazgo transformacional, sin tener que pagar ofensas o desinformación en periódicos tratando de desviar la verdad y sus propios errores, como lo hacen aquellos gritones oportunistas sin preparación en ciencia política, legislaciones, gobiernos, economías, justicia y administraciones públicas. Si tú no cambias, no se puede mejorar nada. Eso es la democracia participativa, no la representativa que termina abusando de tu confianza y derechos políticos, económicos y fundamentales.
Con Trump, el mundo necesita estar listo para evitar lo inevitable.
Profesor Asociado e Investigador en la Escuela Superior de Administración Pública – ESAP, institución de carácter universitario superior del nivel nacional del Estado colombiano. Temas y líneas de investigación relacionados con Ciencia Política, Estado, Gobierno, Administración Pública, Gerencia Pública, Políticas Públicas, Técnicas de Análisis Espacial y Geopolítica, Innovación y análisis organizacional, Gestión ambiental, Responsabilidad Social Empresarial, entre otros. He sido columnista de opinión política en revista Capital Político, conferencista, consultor y asesor de empresas e instituciones en sistemas de gestión de la calidad (ISO) y modelos de excelencia (EFQM), evaluador del Premio Nacional a la Calidad (Icontec). Profesor y catedrático en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia (UN - Bogotá), Fundación Universitaria San Martín (FUSM-Bogotá). Jubilado del Grupo Energía de Bogotá S.A. ESP. Doctorando en Política y Gobierno en la Pontificia Universidad Católica de Córdoba (Argentina); Magister en Estrategia y Geopolítica de la Escuela Superior de Guerra, y Especialista en Responsabilidad Social Empresarial de Universidad Externado de Colombia y Columbia University New York; Especialista en Gobierno Municipal de la Pontificia Universidad Javeriana (Bogotá).
