El sentido de propiedad es innato a la gente: “A Juan le prestaron un vergel y al año devolvió un desierto, y a Juan le entregaron un desierto y al año formó su vergel”, lo que me dice que “al ojo del amo, engorda el caballo”, donde el instinto de propiedad es el motor del crecimiento económico personal que impulsa lo social. Veamos el fracaso estatista: Pemex y la CFE son de los mexicanos, y yo no las considero mías, porque “lo que es de todos, no es de nadie”; ambas son de la burocracia que las administra o manipula a su antojo.
El campo debe responder: “A grandes males, grandes remedios”, ya que urge en los hechos abrogar el derecho del tanto (DT) para eliminar los trámites burocráticos del Registro Agrario Nacional (RAN), otorgando justicia al ejidatario y relanzando al mercado el 52 % del territorio nacional para impulsar la inversión empresarial con proyectos productivos que eleven nuestras condiciones de vida.
La CNC se muere por no haber transitado a tiempo del agrarismo al agricolismo, del control político-electoral a la organización de la producción, y del romanticismo al pragmatismo. Me recuerda una anécdota en mi tierra: “Caminé con un amigo por Mochis, y me dijo, esa casa jodida es de un ejidatario, y esa casa chingona es de quien vive del ejidatario”. La CNC, para sobrevivir, debe cambiar y mejorarse con actualización, adecuación y modernización, sepultando ideas y actitudes atrasadas que dilapidaron nuestro potencial rural por un adoctrinamiento filocardenista fanatizante de gobernantes creyentes: “creen y no piensan”.
La CNC como control político-electoral se agotó; y ahora Morena quiere revertir el derecho del tanto (ley agraria de 1992) para amarrar a los ejidatarios a su parcela, y el gobierno, con migajas y limosnas, les comprará su voto, porque a Morena solamente le interesa el poder por el poder mismo.
El artículo 27 (A27), como reparto de hombres, pulverizó con el ejido la propiedad privada rural, y traicionó el propósito original de Venustiano Carranza y del Grupo Noroeste (Sonora y Sinaloa), que fue crear una clase media ranchera propietaria muy productiva. Los planes sexenales (1933 y 1939) ejidalizaron a los gobiernos de Cárdenas y Ávila Camacho, obstaculizando y asfixiando nuestro potencial económico. El A27 repartió hombres en tierras y configuró un ejido de corte filosoviético que generó pobreza y un barril desfondado de subsidios a fondo perdido para campesinos incapaces e improductivos.
Hoy, el RAN tiene congelados muchísimos trámites aprobados por la asamblea ejidal, y además el director del Infonavit manifestó que “no se les puede otorgar crédito a los ejidatarios por no tener la propiedad de la tierra”, porque sin garantías los ejidatarios no tienen crédito y, en consecuencia, sin inversión financiera ningún proyecto productivo tiene viabilidad.
El campo, en tiempos de vacas gordas, de la inversión total rural al ejido por premoderno, solo se le asignó una migaja o limosna, y además, por su baja inversión privada con sentido empresarial, se incrementó la migración a las ciudades. A mediados de los años 60, agotado el modelo cardenista, debió iniciarse el cambio del control político-electoral “cenecista” al de la organización para la producción. Jesús Reyes Heroles expresaba que “decisión tardía es decisión fracasada”.
La propiedad ejidal filocardenista corre el riesgo de incrementarse porque Morena ve a la propiedad privada como un robo, y por ello, en el período ordinario que inicia en septiembre de 2025 podría aplicarse el derecho de reversión del DT para que el ejido sea propiedad social y no privada.
Urge respetar y agilizar el DT para abatir la pobreza patrimonial, el estancamiento económico, el desempleo, la criminalidad y la migración expulsiva del campo a las ciudades. Dado lo anterior, es indispensable liberar al ejidatario para que ejerza su pleno derecho sobre su parcela; y con ello, reanime y relance una economía estática y estancada que sea promotora del crecimiento del PIB, reduzca la desigualdad y mejore la distribución del ingreso. Resulta ineludible abrir y fomentar el campo para los empresarios de las PYMES.
Licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y maestro por las facultades de Economía, Derecho y Ciencias Políticas de la misma universidad. Ha sido articulista en temas económicos y políticos en medios impresos, así como analista en medios electrónicos.
Se ha desempeñado como servidor público en varias secretarías de Estado, asesor legislativo en la Cámara de Diputados durante tres legislaturas y director de Enlace Legislativo de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo de México (CONCANACO-SERVYTUR).
