El pacto fiscal en México, concebido como una herramienta para coordinar los ingresos entre los niveles de gobierno, ha favorecido el centralismo y perpetuado una creciente dependencia financiera de los estados y municipios respecto a la Federación. Si bien el pacto se ideó como una forma de fortalecer las entidades, en la práctica ha desincentivado sus esfuerzos recaudatorios y las ha mantenido sujetas a una asignación de recursos que, más que fortalecer su autonomía fiscal, ha reforzado un paternalismo que frena el desarrollo económico local. En este contexto, resulta evidente que la estructura actual no responde de manera efectiva a las necesidades de un país diverso y dinámico. Mientras algunos estados y municipios cumplen con sus responsabilidades recaudatorias, otros se benefician de los mismos fondos sin realizar esfuerzos equivalentes.
El Sistema Nacional de Coordinación Fiscal en México, regulado por la Ley de Coordinación Fiscal, se basa en convenios que vinculan a los estados y municipios a un pacto fiscal nacional. Este esquema tiene como objetivos principales evitar la concurrencia impositiva —es decir, que no se cobren tributos duplicados en distintos niveles de gobierno— y proporcionar compensaciones económicas a través de participaciones, fondos e incentivos a estados y municipios por ese sacrificio fiscal.
Existen cuatro fondos de participaciones federales referenciados a la recaudación federal participable (RFP), integrada por solo algunos ingresos federales: el Fondo General de Participaciones, el Fondo de Fomento Municipal, el Fondo de Fiscalización y Recaudación, y el Fondo de Municipios Colindantes con Fronteras o Litorales. Estos distribuyen a las entidades el 20 %, el 1 %, el 1.25 % y el 0.136 %, respectivamente. Como se observa, la mayor parte de los ingresos permanece bajo control federal, limitando la autonomía financiera de los gobiernos locales.
Las fórmulas para la distribución de estos fondos incluyen variables como el esfuerzo recaudatorio, el producto interno bruto y la población. A los municipios se les distribuyen recursos según las leyes de coordinación fiscal de cada estado. Por ejemplo, en el caso del Fondo General de Participaciones, los municipios perciben generalmente el 20 % del 20 % de la RFP correspondiente al estado.
Sin embargo, una de las principales fallas del pacto fiscal radica en el bajo esfuerzo recaudatorio de los municipios, particularmente en ingresos propios como el impuesto predial. Este impuesto, fundamental para fortalecer las finanzas locales, representa en México solo el 0.2 % del PIB, muy por debajo del promedio de la OCDE (1.1 %) y de América Latina (0.3 %). Muchos municipios no han actualizado su cartografía ni los valores fiscales del suelo y la construcción en décadas. Asimismo, los ingresos por servicios básicos como agua potable, drenaje y saneamiento enfrentan un panorama similar: las cuotas y tarifas no se ajustan al costo real de los servicios, mientras que la recaudación es baja y la cartera vencida sigue en aumento.
De acuerdo con datos de INDETEC, el órgano técnico de coordinación fiscal, en promedio, los ingresos propios de las entidades federativas y municipios representan apenas el 11 % de sus ingresos totales. En municipios de ciudades capitales, esta cifra asciende al 32 %, pero en comunidades rurales apenas alcanza el 7 %. Este desequilibrio no solo refleja la centralización del sistema fiscal, sino que también perpetúa una cultura de dependencia económica y política.
Ante este panorama fiscal nacional, surgen varias preguntas razonables: ¿Se debe preservar un sistema que no responde a las necesidades actuales? ¿Cada gobierno estatal no debería tener el derecho de renovar o rechazar su adhesión al pacto fiscal al iniciar su periodo de gobierno? Si un gobierno federal toma decisiones de gasto con una agenda eminentemente política, ¿no es lógico que los gobiernos locales afectados por esas decisiones unilaterales dejen de subvencionar dichas agendas, que además los marginan de la inversión productiva?
Estas preguntas reflejan un momento crítico en la historia del país, en el que la discrecionalidad y la falta de consenso entre los actores políticos son evidentes. En el pasado, existían fondos y programas federales específicos para necesidades locales en seguridad pública, infraestructura, salud y educación, pero muchos de estos recursos han desaparecido o se han reducido drásticamente.
A esta problemática se suma el compromiso del gobierno federal de mantener y ampliar programas sociales basados en transferencias económicas directas, sin medición técnica ni evaluación clara de sus efectos en la lucha contra la pobreza y la desigualdad. Incrementar los impuestos no parece viable, ya que exigir a los contribuyentes que aporten más para financiar transferencias sin priorizar proyectos productivos genera desconfianza.
El diseño actual del pacto fiscal requiere ajustes urgentes. Es indispensable repensar los porcentajes de distribución y rediseñar las fórmulas para premiar a los estados y municipios que incrementen sus ingresos propios, especialmente a través de impuestos clave como el predial. Para ello, se debe modernizar el catastro, actualizar los valores fiscales y fortalecer las acciones de cobranza y recuperación de adeudos.
Redefinir el pacto fiscal es no solo una oportunidad histórica, sino también una necesidad impostergable para lograr un desarrollo equitativo, sostenible y verdaderamente federalista en México.
Más de 40 años de experiencia en administración pública en México. Es licenciada en Administración Pública por la Universidad de Guadalajara y tiene estudios de posgrado en el ITESO, la Universidad Autónoma de Guadalajara y la Universidad Panamericana. Ha ocupado cargos clave a nivel federal, estatal y municipal, con un enfoque en la hacienda pública. Además, ha sido asesora y ha escrito diversos estudios de investigación y artículos con difusión nacional sobre temas financieros, recaudación fiscal, catastro y patrimonio público.
