Cada país posee su propia historia, narrada de diferentes maneras según la época y el contexto. Desde los primeros vestigios del ser humano y las civilizaciones antiguas, pasando por los feudos y la formación de ciudades, hasta las invasiones, conquistas, organización social e instalación de gobiernos, todo forma parte de la evolución e identidad de cada nación. A lo largo del tiempo, guerras, luchas por el poder, convenciones y reglas moldearon los límites territoriales e influyeron en las poblaciones locales.
Las naciones establecieron sus propias normas conforme a sus culturas, pensamientos y actitudes, moldeando su forma de vivir en sociedad. Según el lugar, evolucionaron a distintos ritmos, guiadas por los intereses del pueblo, de reyes, presidentes o dictadores. Algunos países permanecen estancados en el tiempo, donde un dictador impone reglas que sofocan la libertad de toda la población, reprimiendo y silenciando a quienes se oponen. En estos regímenes, las personas no tienen voz, no poseen derechos ni vislumbran un futuro prometedor.
Venezuela es un ejemplo del colapso económico, social y político que puede generar un gobierno autoritario, obligando a su población a buscar refugio en otros países debido a la hiperinflación, la escasez de alimentos, medicamentos, combustibles, interrupciones energéticas, represión política y violencia. Aunque cuenta con la reserva de petróleo más grande del mundo y vivió su auge económico en los años sesenta con el descubrimiento y la exploración a gran escala del crudo —principal motor de su crecimiento económico—, las nacionalizaciones excesivas desalentaron la producción nacional y crearon distorsiones en el mercado.
Otra evidencia en Latinoamérica fue el kirchnerismo y la pobreza de Argentina. Uno de los países más ricos del mundo al inicio del siglo pasado se transformó en uno de los más pobres por la influencia profunda de un gobierno populista orientado hacia la inclusión social, la redistribución de ingresos, el aumento del gasto público y el fortalecimiento del Estado en la economía. Los programas sociales y los subsidios se presentaron como herramientas para reducir la pobreza y proteger a los sectores más vulnerables, es decir, un modelo intervencionista de corto plazo que, en lugar de generar un ecosistema favorable al desarrollo sostenible, fomentó la dependencia del Estado.
En contraste, otras naciones avanzaron hacia la democracia, donde los ciudadanos tienen derechos, pueden elegir a sus representantes y disfrutan de entornos más saludables y prósperos. En los países donde la libertad es suprimida, es común ver personas huyendo en embarcaciones precarias hacia lugares más libres, muros construidos para frenar la entrada ilegal de inmigrantes y sistemas opresivos que perpetúan la desigualdad y limitan las oportunidades.
Este escenario es característico de regímenes dictatoriales, donde un individuo o partido concentra el poder, oprime al empresariado, debilita la economía y fomenta la pobreza, la corrupción y el subdesarrollo. En cambio, en los países con mayor libertad económica, la población presenta mejores índices de desarrollo humano, felicidad y calidad de vida. Esto se debe, en gran parte, al respeto por la propiedad privada y la libre iniciativa, pilares fundamentales del capitalismo.
Cuando un individuo tiene libertad para emprender, operar e innovar, se crea un entorno favorable para el crecimiento económico. Cuantos más negocios prosperan, más empleos se generan, más impuestos se recaudan y mayor es la riqueza distribuida. El fortalecimiento del entorno empresarial beneficia a toda la sociedad.
En este contexto, el rol de un gobierno democrático debería ser promover el capital y crear condiciones adecuadas para el crecimiento de las empresas, estimulando la inversión a largo plazo, la innovación y la prosperidad colectiva. Sin embargo, este no ha sido el escenario predominante en muchas naciones de América Latina, donde el populismo ha culpado al empresariado por los fracasos estatales, demonizando la acumulación de capital y cambiando las reglas del juego, trasladando el costo de la ineficiencia gubernamental a toda la sociedad.
Asfixiar el entorno empresarial equivale a silenciar a quienes generan riqueza. Como consecuencia, el Estado recauda menos, generando déficits que solo pueden resolverse mediante el aumento de impuestos o recortes de gastos, medidas que perjudican a la población.
Es fundamental tener claro que, en una democracia, el gobierno es la representación del pueblo y debe actuar en favor de la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. Esto implica gobernar con responsabilidad fiscal, visión a largo plazo, compromiso con una gestión eficiente de los recursos públicos y evitar el uso de la emisión monetaria como herramienta de crecimiento momentáneo, que termina generando inflación y crisis económicas.
América Latina, a pesar de ser rica en recursos naturales, no ha logrado transformar esta abundancia en prosperidad debido a la corrupción, la mala gestión y las desigualdades sociales. En muchos casos, esta abundancia se convierte en una maldición, conocida como la “maldición de los recursos naturales”.
Por el contrario, países como Japón, Corea del Sur y Singapur, a pesar de la escasez de recursos naturales, se destacan como potencias industriales y económicas. Su prosperidad es el resultado de políticas públicas favorables al entorno empresarial, inversión en educación, innovación tecnológica e integración a la economía global. Estos países son ejemplos de cómo un ambiente empresarial sólido puede transformar la riqueza generada en bienestar social, con altos índices de desarrollo humano y renta per cápita.
Singapur es descrito como un “milagro económico” por su rápido crecimiento, resultado de su apertura económica que atrajo inversiones extranjeras, con enfoque en tecnología, logística y servicios financieros; fuerte inversión en capital humano para desarrollar mano de obra calificada; creación de un entorno favorable para los negocios, con bajos impuestos y procedimientos eficaces; priorización de infraestructura como puertos y aeropuertos eficientes, y políticas consistentes con estabilidad política y social. Según el Índice de Libertad Económica (2024), los países con mayor libertad presentan, en promedio, un PIB per cápita cinco veces superior al de los países reprimidos económicamente, como es el caso de Singapur, que figura entre las naciones con mayor renta y calidad de vida del mundo.
Por lo tanto, se puede concluir que la eficiencia, la buena gestión y los fundamentos de una economía orientada al crecimiento sostenible son factores clave para el progreso de cualquier nación. Ya sea rica en recursos naturales o no, el secreto está en fomentar un entorno empresarial saludable, capaz de impulsar el desarrollo económico y social de forma constante y duradera, acompañado de una educación de calidad que forme ciudadanos autónomos, críticos y emprendedores, respetuosos con los límites ambientales, con una conciencia capitalista guiada por los principios ESG (ambientales, sociales y de gobernanza), con sensibilidad e inclusión productiva.
Todas estas propuestas implican una menor carga tributaria para el entorno empresarial, estímulo a la innovación y al emprendimiento, inversiones en educación e infraestructura, y reformas institucionales que garanticen seguridad jurídica, económica y política, generando confianza para los inversores.
Doctorado en Economía por la Universidad de Salamanca (España), maestría en Administración de Negocios por la Universidad de Santa Maria (Brasil) y Licenciado en Administración por la Universidad de Cruz Alta (Brasil). Es profesor de ciencias económicas, finanzas y gestión de negocios en varios institutos de educación superior en Brasil. Es director de la firma Kruel Consultoria LTDA, con amplia experiencia en proyectos financieros y de desarrollo sectorial.
