La economía global enfrenta una crisis caracterizada por la inflación, el desempleo y el debilitamiento de sectores productivos. En este contexto, las mujeres somos de las más afectadas debido a nuestra sobrerrepresentación en la informalidad, la falta de acceso a financiamiento y nuestra escasa presencia en espacios de toma de decisiones empresariales. Además, el avance de gobiernos ultraderechistas en distintas partes del mundo ha puesto en riesgo los derechos conquistados, creando un panorama de incertidumbre para la igualdad de género.
Las mujeres en la economía informal y el emprendimiento
Según datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en América Latina y el Caribe, alrededor del 54 % de las mujeres ocupadas trabajan en el sector informal. Esto significa que carecen de acceso a seguridad social, estabilidad laboral y derechos básicos como el salario mínimo y licencias de maternidad. La situación es aún más crítica en sectores como el trabajo doméstico remunerado, donde el 77 % de las trabajadoras se encuentran en condiciones de informalidad.
El emprendimiento se ha convertido en una alternativa para muchas mujeres que no logran insertarse en el mercado formal. Sin embargo, la mayoría de estos negocios son de pequeña escala y enfrentan barreras significativas. De acuerdo con el Banco Mundial, solo el 20 % de las pequeñas y medianas empresas en América Latina son propiedad de mujeres. La falta de acceso a financiamiento y la carga del trabajo de cuidados dificultan el crecimiento de estos emprendimientos, lo que perpetúa la brecha económica entre hombres y mujeres.
La exclusión de las mujeres en los espacios de poder económico
A pesar de los avances en paridad política, el ámbito empresarial sigue siendo un espacio dominado por los hombres. Un informe de la consultora McKinsey & Company revela que en América Latina, solo el 8.5 % de los cargos de dirección general en empresas son ocupados por mujeres. Este fenómeno se debe, en parte, a la persistencia de estereotipos de género y la falta de políticas que promuevan la igualdad dentro de las organizaciones.
La exclusión de las mujeres en la toma de decisiones económicas no solo limita su crecimiento profesional, sino que también impacta el desarrollo económico general. Estudios del Fondo Monetario Internacional (FMI) han demostrado que las empresas con mayor diversidad de género en sus directorios obtienen mejores resultados financieros y fomentan una cultura laboral más inclusiva. Sin embargo, el avance en este aspecto ha sido lento y desigual.
La ultraderecha y la amenaza a los derechos conquistados
El auge de gobiernos ultraderechistas en diversas partes del mundo ha generado preocupación por el retroceso en los derechos de las mujeres. Líderes con discursos antifeministas han impulsado políticas que afectan el acceso a derechos fundamentales como la salud reproductiva, la igualdad laboral y la protección contra la violencia de género.
En países como España, Argentina y Brasil, partidos de extrema derecha han cuestionado la necesidad de políticas de igualdad y han reducido el presupuesto destinado a programas de apoyo a las mujeres. En Estados Unidos, la revocación del fallo Roe vs. Wade en 2022 marcó un precedente preocupante para la autonomía reproductiva de las mujeres, incentivando a sectores conservadores en otras regiones a impulsar legislaciones restrictivas.
En términos económicos, estos gobiernos suelen favorecer modelos que profundizan las desigualdades estructurales. La reducción del gasto público en bienestar social afecta directamente a las mujeres, quienes dependen en mayor medida de estos servicios debido a la brecha salarial y su rol predominante en los cuidados. El desmantelamiento de programas de asistencia impacta no solo su bienestar, sino el de sus familias y comunidades.
Acciones urgentes para la equidad económica
Para revertir estas tendencias y garantizar la igualdad económica de las mujeres, es necesario impulsar políticas públicas y acciones desde el sector privado que aborden estas problemáticas. Algunas de las estrategias clave incluyen:
• Formalización del empleo femenino a través de incentivos fiscales y acceso a seguridad social.
• Mayor acceso a créditos y financiamiento para mujeres emprendedoras.
• Implementación de cuotas de género en puestos de liderazgo en empresas.
• Redistribución del trabajo de cuidados mediante licencias de paternidad equitativas y servicios de cuidado accesibles.
• Protección de los derechos laborales de las trabajadoras domésticas y del sector informal.
El avance de las mujeres en el ámbito económico no solo es una cuestión de justicia social, sino un factor clave para el desarrollo sostenible de las sociedades. En un mundo en crisis, la equidad de género es una solución, no un problema. Por ello, es fundamental resistir los retrocesos impulsados por sectores ultraconservadores y continuar luchando por un modelo económico más inclusivo e igualitario.
Abogada y maestra en Políticas Públicas por la Universidad de Guadalajara. Especializada en temas de género, prevención de las violencias, derechos humanos y políticas públicas, así como en la agenda de las juventudes.
