El acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur constituye uno de los movimientos más relevantes del comercio internacional reciente y, al mismo tiempo, uno de los más reveladores de las tensiones internas que atraviesa hoy el proyecto europeo. Tras veinticinco años de negociaciones intermitentes, el pacto fue firmado el 17 de enero de 2026 entre la UE y Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, en un contexto global marcado por una reconfiguración acelerada de las relaciones económicas y estratégicas.
Desde la perspectiva de Bruselas, el acuerdo responde a una lógica clara de diversificación. El entorno internacional se ha vuelto más transaccional, menos predecible y más competitivo. Las grandes potencias priorizan crecientemente sus intereses nacionales, utilizan el comercio como herramienta estratégica y reducen su compromiso con esquemas multilaterales clásicos. En este escenario, la Unión Europea busca ampliar su red de socios y reducir dependencias excesivas, fortaleciendo su autonomía estratégica en materia comercial.
En términos económicos, el acuerdo ofrece beneficios tangibles. Las proyecciones europeas apuntan a un aumento significativo del comercio bilateral y a un impacto positivo acumulado sobre el PIB de la UE en el largo plazo. Sectores industriales, servicios, bienes de capital y determinados productos agroalimentarios de alto valor añadido se perfilan como ganadores potenciales, al acceder con menores barreras a mercados sudamericanos de gran escala.
Sin embargo, el acuerdo también ha puesto de manifiesto un conflicto estructural dentro de Europa: la dificultad de conciliar una estrategia comercial global con la protección de sectores productivos sensibles. El debate no se centra únicamente en cifras agregadas, sino en la distribución de costos y beneficios. En varios Estados miembros, especialmente aquellos con fuerte peso del sector primario, existe un rechazo significativo al pacto por el temor a una competencia considerada asimétrica.
Estos sectores argumentan que la apertura a productos agrícolas sudamericanos introduce presiones difíciles de absorber para agricultores y ganaderos europeos, sometidos a normativas ambientales, sanitarias y laborales más estrictas. Desde esta óptica, el acuerdo no cuestiona el comercio internacional en sí, sino la coherencia del modelo europeo: se exige a los productores locales cumplir estándares elevados mientras se permite la entrada de bienes producidos bajo marcos regulatorios distintos.
Esta crítica no es marginal ni puramente ideológica. Refleja una preocupación más amplia sobre soberanía productiva, seguridad alimentaria y viabilidad económica del campo europeo. El malestar ha trascendido el ámbito técnico y se ha trasladado al plano político, influyendo en votaciones parlamentarias y en la decisión de someter el acuerdo a un escrutinio jurídico adicional, lo que podría retrasar su entrada en vigor.
Desde el punto de vista geoeconómico, el acuerdo también debe entenderse como una señal hacia América Latina. Para los países del Mercosur, representa una oportunidad de reducir dependencia de otros grandes actores y de diversificar sus relaciones comerciales. Para la UE, es una forma de mantener influencia económica y normativa en una región donde la competencia entre potencias es cada vez más intensa.
El riesgo, sin embargo, es que la ambición estratégica choque con la realidad política interna. Si el proceso de ratificación se prolonga excesivamente o si las resistencias nacionales se consolidan, el acuerdo podría perder impulso y credibilidad. En ese caso, el costo no sería solo económico, sino institucional: reforzaría la percepción de una Unión Europea capaz de negociar grandes pactos, pero con dificultades para ejecutarlos.
El acuerdo UE–Mercosur funciona así como un termómetro del momento europeo. Mide su capacidad para actuar como actor global coherente sin erosionar su base social y productiva. No se trata de una disyuntiva entre apertura o cierre, sino de cómo se diseñan los equilibrios en un mundo donde el comercio ya no es neutral, sino profundamente estratégico. El desenlace de este acuerdo dirá mucho más sobre el futuro de Europa que sobre el comercio con América del Sur.
Consultor y analista data-driven. Egresado de la licenciatura en Ciencias Políticas por la Universidad de Los Andes (Venezuela), del Máster en Gestión Pública de la Universidad Complutense de Madrid (España) y de la Maestría en Política y Gestión Pública del ITESO (México). Fue Director Editorial de la revista Capital Político. Actualmente es Director General de la agencia mexicana P&G Consulting y CEO de la revista Eje Global en la ciudad de Miami, Estados Unidos de América.
