La democracia enfrenta un deterioro acelerado provocado por la infiltración del crimen organizado en las instituciones públicas, la política y el sector empresarial y financiero. Sin estas redes de apoyo, el negocio de las drogas ilícitas jamás habría alcanzado su escala actual. Hoy vivimos el peor momento en décadas: grupos criminales influyen en decisiones de Estado y dictan, desde las sombras, reglas de juego que trascienden fronteras. Sus verdaderos jefes no habitan los territorios productores ni los barrios marginales, sino ciudades donde el lujo, la especulación financiera y la ausencia de controles permiten que el dinero fluya sin preguntas sobre su origen. Esta dinámica, una expresión del individualismo económico neoliberal más extremo, externaliza la culpa hacia el exterior y evita deliberadamente revisar las responsabilidades internas que sostienen el sistema.
Colombia es uno de los casos más alarmantes —aunque no el único— dentro de un fenómeno que abarca Norteamérica, Centroamérica, el Gran Caribe, América Latina y también Europa. Durante más de cuatro décadas, los verdaderos actores del narcotráfico han mutado y se han camuflado en instituciones estatales, estructuras políticas y sectores empresariales. El mapa actual del país es revelador: vastas zonas del territorio están bajo influencia o control de grupos armados que protegen con violencia una economía ilícita cada vez más rentable y corrosiva para el tejido social, en un mundo que avanza en ciencia, tecnología y explotación estratégica de recursos como oro, litio, níquel, uranio y tierras raras.
Datos recientes de la Oficina contra la Droga y el Delito de Naciones Unidas (UNODC) ilustran la magnitud del problema. En 2023 se identificaron 43 centros poblados ubicados dentro de enclaves productivos de coca, y las hectáreas sembradas a menos de 12 kilómetros de un asentamiento pasaron de 189,000 en 2022 a 209,000 en 2023. Hace apenas una década, eran 37,000. Aunque el actual gobierno colombiano ha desmantelado más laboratorios y rutas que cualquier administración reciente, la Casa Blanca —bajo la presidencia de Trump— se niega a reconocer los avances, empeñada en un enfoque fallido que insiste exclusivamente en la producción y no en la demanda global, especialmente en Estados Unidos, donde nunca se ha revelado el verdadero sistema financiero que lava miles de millones de dólares del narcotráfico.
A nivel interno, la debilidad institucional permite que el crimen organizado penetre estructuras clave. Los municipios, generalmente pobres y gobernados por autoridades sin experiencia en administración pública, carecen de herramientas para enfrentar redes criminales sofisticadas. En paralelo, una burocracia clientelar incrustada en el poder judicial, el Congreso y los organismos de control distorsiona la esencia del Estado de derecho y funciona muchas veces como barrera para encubrir errores, lealtades partidistas y complicidades históricas.
El poder regional y la política tradicional alimentan este círculo vicioso. En los departamentos del país, élites locales controlan ingresos públicos, territorios y recursos naturales, desviando presupuestos hacia maquinarias electorales que se financian en gran parte con dinero ilícito. Aunque suele culparse al centralismo, la problemática de fondo es la ausencia de ética, de liderazgo renovado y de una visión de Estado que supere las dinámicas de “enclaves de poder” y fortalezca la identidad nacional.
La narrativa política mediática —costosa, superficial y emocional— impulsa hacia cargos de alto nivel a perfiles sin preparación, frecuentemente patrocinados por capital ilícito o por sectores empresariales y financieros permisivos. No se evalúan capacidades ni trayectorias: se eligen imágenes, consignas y estrategias propagandísticas que apelan al miedo, al odio y al populismo. En este ambiente, la ciudadanía termina atacando a quienes buscan soluciones estructurales, mientras protege inconscientemente a quienes profundizan el problema.
Frente a este escenario, la invitación es clara: la ciudadanía debe rechazar liderazgos asociados, directa o indirectamente, al crimen organizado; debe exigir gobernantes libres de relaciones ilícitas y discursos que normalicen la violencia o el autoritarismo. Continuar eligiendo a los mismos actores —o a sus versiones maquilladas— perpetúa un ciclo generacional de fracaso sistémico. Esta es una labor que requiere memoria histórica, conciencia crítica y una visión de futuro basada en la defensa de los recursos estratégicos, la soberanía y la integridad del Estado de derecho.
Desde una perspectiva geopolítica, América Latina y el Gran Caribe constituyen la última gran reserva de recursos estratégicos del planeta. Naturalmente, esto atrae intereses que necesitan intermediarios corruptos para asegurar acceso, control y explotación. Por eso una intervención militar en Venezuela sería un error geopolítico monumental, que ignora lecciones como la crisis de los misiles bajo la administración de Kennedy. El crimen dejó de ser un problema local: es una amenaza transnacional que redefine fronteras políticas y económicas, capturando Estados mediante la interacción entre mafias, corrupción institucional y debilidad democrática.
El desafío es inmenso, pero su solución comienza por un principio básico: que el poder político deje de ser rehén de redes criminales y que la sociedad rompa con la complacencia, la ignorancia y la manipulación. La pregunta es inevitable: ¿estamos dispuestos a seguir tolerando que el crimen organizado decida nuestro futuro?
Profesor Asociado e Investigador en la Escuela Superior de Administración Pública – ESAP, institución de carácter universitario superior del nivel nacional del Estado colombiano. Temas y líneas de investigación relacionados con Ciencia Política, Estado, Gobierno, Administración Pública, Gerencia Pública, Políticas Públicas, Técnicas de Análisis Espacial y Geopolítica, Innovación y análisis organizacional, Gestión ambiental, Responsabilidad Social Empresarial, entre otros. He sido columnista de opinión política en revista Capital Político, conferencista, consultor y asesor de empresas e instituciones en sistemas de gestión de la calidad (ISO) y modelos de excelencia (EFQM), evaluador del Premio Nacional a la Calidad (Icontec). Profesor y catedrático en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia (UN - Bogotá), Fundación Universitaria San Martín (FUSM-Bogotá). Jubilado del Grupo Energía de Bogotá S.A. ESP. Doctorando en Política y Gobierno en la Pontificia Universidad Católica de Córdoba (Argentina); Magister en Estrategia y Geopolítica de la Escuela Superior de Guerra, y Especialista en Responsabilidad Social Empresarial de Universidad Externado de Colombia y Columbia University New York; Especialista en Gobierno Municipal de la Pontificia Universidad Javeriana (Bogotá).
