Desde hace algunos años, el tema de las jubilaciones se ha ido complicando debido a que la población está envejeciendo. La generación del baby boom, nacida a finales de la Segunda Guerra Mundial y hasta los años sesenta, está llegando a su respectiva jubilación. El sistema de pensiones, conocido como uno de los pilares del bienestar social, ahora vive su crisis más grande, y no solamente en Alemania: el resto de Europa también enfrenta estos cambios generacionales, provocando una sacudida al sistema financiero europeo y, sobre todo, al alemán.
Desde hace más de una década, el desafío principal ha sido la natalidad. El desarrollo de una sociedad se sostiene en la capacidad de renovar su población y en el número de jóvenes que ingresan al mercado laboral. Siendo estas dos variables fundamentales, Alemania ha reportado poco avance. Por un lado, la natalidad no ha sido prioridad del gobierno desde hace años; por otro, aunque la juventud continúa incorporándose al mercado laboral, lo hace bajo la incertidumbre del futuro de sus pensiones.
La población en edad laboral se reduce cada vez más, alcanzando apenas un crecimiento del 1%. Por ello, Alemania ha hecho en los últimos meses un llamado a la migración cualificada, aunque el tema sigue siendo controvertido tanto en el gobierno como en la sociedad.
El funcionamiento de las pensiones tiene una estructura particular. Existe un nivel básico obligatorio para toda persona empleada, financiado entre empleador y trabajador. A este se suma un componente complementario voluntario de previsión empresarial, y finalmente un complemento privado, cuando el trabajador decide abrir una cuenta individual para su jubilación. También existe la pensión media, fijada en 2020, que busca garantizar un mínimo vital a las personas jubiladas siempre que acrediten ingresos previos, un número suficiente de cotizaciones y un salario por debajo del 80% del promedio nacional. Aunque la pensión derivada de años cotizados puede ser baja, el sistema mixto permite complementar el monto y asegurar un ingreso mínimo para vivir. Actualmente, la edad de jubilación está establecida en 67 años.
Ante la crisis que enfrenta el sistema de pensiones y la dificultad de corregirlo, el gobierno ha presentado varias propuestas de reforma. Entre ellas se encuentra la ampliación en la retención de pensiones, que garantiza una jubilación mínima del 48% de los ingresos netos durante la vida laboral, porcentaje sostenible hasta 2031. Para sostener esa medida, se propone un aumento de las cotizaciones en 0,2%. También se plantea un aumento de la pensión para padres mayores, orientado especialmente a madres que dejaron de cotizar para dedicarse a la crianza. Otra propuesta es fomentar la jubilación activa mediante incentivos fiscales para quienes sigan trabajando después de jubilarse. Además, se contempla el retorno a la jubilación forzosa, permitiendo que las oficinas de empleo jubilen anticipadamente a personas mayores de 63 años con al menos 35 años cotizados para reducir la carga del sistema. Asimismo, el gobierno busca incentivar el ahorro desde edades tempranas, proponiendo aportar 10 euros mensuales por cada hijo de entre 6 y 18 años que estudie tiempo completo. Finalmente, se discute un aumento gradual de la edad de jubilación hasta los 73 años, debido al incremento en la esperanza de vida.
Aunque en el papel estas medidas parecen generar cierto alivio, han provocado una fuerte discusión en la coalición y, sobre todo, una reacción contundente de los jóvenes, quienes ven su futuro comprometido. Las juventudes conservadoras han señalado que cargan sobre sus hombros las consecuencias de una crisis demográfica ignorada durante décadas. En quince años, la población jubilada pasará de 20 a 25 millones, reduciendo aún más las perspectivas de una pensión digna para los jóvenes. El rechazo generacional se debe también a que la reforma carece de un horizonte claro. Aunque la votación se realizó a inicios de diciembre, la tensión en el gobierno aumenta. Por primera vez, los jóvenes conservadores han lanzado una señal de alarma frente a las reformas de Merz: pese a su oposición férrea, la iniciativa fue aprobada.
El problema principal es que las medidas solo garantizan las pensiones hasta 2031, generando un coste elevado para toda la sociedad, pero especialmente para los jóvenes en edad laboral, quienes son cada vez menos. El paquete fue aprobado con un coste adicional de 120.000 millones de euros hasta 2040. La disciplina partidista cedió en esta votación, pero todo indica que marcará el despertar de las juventudes alemanas, que buscan abrir una discusión seria sobre el futuro de las pensiones y de la sociedad en su conjunto.
Es consultora y analista independiente en Alemania. Trabaja en áreas de investigación y consultoría sobre los siguientes temas: política y relaciones entre la Unión Europea y América Latina, cooperación internacional de Alemania, migración e integración en Alemania. Fue profesora en la Technische Hochschule Aschaffenburg. Integrante del programa de formación como mediadora lingüística y cultural en Aschaffenburg, Alemania. Es miembro de la Latin American Studies Association (LASA), con enfoque en las relaciones Unión Europea–América Latina y el papel de las diásporas en la diplomacia internacional. Ha sido invitada por la Universidad de Berlín a participar en diversas investigaciones sobre América Latina. Colabora con la revista CIDOB d’Afers Internacionals como revisora de artículos académicos. Sus publicaciones se centran en la sociedad civil y su vínculo con la Unión Europea. Ha sido entrevistada por la agencia alemana GIZ sobre política exterior alemana. En México, fue asesora en la Cámara de Diputados. Desde 2009, forma parte del grupo de asesores europeístas de la Delegación de la Unión Europea en México.
