Lo que está ocurriendo con Uber y DiDi en los aeropuertos mexicanos no puede despacharse como una simple discusión operativa. Lo que realmente está en juego es algo mucho más importante: si en México el Estado va a proteger al consumidor o si seguirá actuando como escudo de mercados cerrados. El conflicto se hizo visible en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), pero al tratarse de aeropuertos bajo jurisdicción federal, lo que se perfila es una lógica regulatoria con aplicación en todo el país, y esa señal es profundamente equivocada.
La justificación oficial es conocida. Se afirma que los taxis autorizados pagan derechos, contraprestaciones o concesiones, mientras las plataformas no lo hacen dentro de ciertos espacios aeroportuarios. Bajo esa lógica, se considera válido reservar ventajas a quienes ya forman parte del esquema tradicional. Pero ese razonamiento encubre el problema real. Que un grupo pague por operar en condiciones privilegiadas no convierte ese privilegio en justo, eficiente ni socialmente útil. Solo confirma que el Estado levantó una barrera de entrada y después decidió defenderla.
Ese es el punto central que no debe perderse. La libre competencia no es una consigna vacía ni una abstracción de economistas liberales. Es el mecanismo más eficaz para obligar a los prestadores a mejorar, contener abusos, reducir precios y elevar la calidad del servicio. Allí donde existe competencia real, el usuario compara, elige y castiga con su decisión a quien cobra más, atiende peor o simplemente se acostumbra a operar sin presión competitiva.
Por eso aquí también entra un concepto clave: la soberanía del consumidor. En una economía abierta, debe ser el ciudadano quien decida qué servicio le conviene más según precio, seguridad, rapidez, comodidad o facilidad de pago. Cuando el Estado restringe esa posibilidad para favorecer a grupos ya instalados, no solo deforma el mercado; también le arrebata al usuario su derecho a elegir. Sustituye la decisión del consumidor por la decisión del regulador. Y allí empieza la arbitrariedad.
No es casualidad que tantos pasajeros prefieran usar plataformas. No se trata de ideología, sino de conveniencia. Uber y DiDi introdujeron trazabilidad, pagos más sencillos, información más clara y mecanismos de evaluación del servicio que alteraron un mercado históricamente opaco y poco presionado para mejorar. En vez de responder compitiendo mejor, los intereses protegidos buscan que la autoridad les conserve el terreno. Y la autoridad, en vez de actuar como árbitro imparcial, parece inclinada a administrar esa protección.
El problema se agrava porque no estamos hablando de un mercado ejemplar que el Estado quiera preservar por razones de eficiencia. La Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), ya había advertido barreras regulatorias en el servicio de taxi aeroportuario y sancionó al AICM por cláusulas discriminatorias que obstaculizaban la entrada de nuevos participantes. Es decir, el antecedente institucional no apunta hacia un mercado sano, sino hacia uno con rasgos de cierre y privilegio.
Aquí surge una contradicción de fondo. Desde el Ejecutivo federal se repite que México quiere atraer inversión, aprovechar el nearshoring y consolidarse como un país competitivo. Pero vale la pena formular una pregunta elemental: ¿quién invierte con confianza en un entorno donde competir mejor puede convertirse en motivo de castigo político o administrativo? La inversión no depende solo de anuncios optimistas, discursos triunfales o eventos públicos cuidadosamente escenificados. Depende de señales institucionales. Y una de las más importantes es saber si el Estado protege la competencia o protege a los grupos que no quieren competir.
Lo que pasa en los aeropuertos importa precisamente porque exhibe una lógica de fondo. Si el poder público se reserva, en los hechos, la facultad de decidir quién entra, quién opera y quién debe apartarse para no incomodar a los ya instalados, entonces el problema deja de ser un asunto de transporte. Se convierte en un síntoma del tipo de economía que se está construyendo: una donde la innovación puede existir, sí, pero solo mientras no altere privilegios concedidos desde arriba.
México no necesita más mercados blindados ni más rentas protegidas disfrazadas de regulación. Necesita más competencia, más libertad de elección y más respeto por el consumidor. Un gobierno que realmente creyera en el desarrollo no estaría obstaculizando opciones voluntarias entre particulares para favorecer estructuras cerradas. Estaría desmontando barreras, no reforzándolas.
Porque cuando el Estado castiga la competencia para proteger privilegios, deja de servir al ciudadano. Y cuando además pretende presentarse ante el mundo como promotor de inversión, la contradicción se vuelve insostenible. No se puede pedir confianza a los inversionistas mientras se envía el mensaje de que, en México, competir mejor sigue siendo una amenaza para el poder y para los intereses que el poder decide proteger.
Consultor y analista data-driven. Egresado de la licenciatura en Ciencias Políticas por la Universidad de Los Andes (Venezuela), del Máster en Gestión Pública de la Universidad Complutense de Madrid (España) y de la Maestría en Política y Gestión Pública del ITESO (México). Fue Director Editorial de la revista Capital Político. Actualmente es Director General de la agencia mexicana P&G Consulting y CEO de la revista Eje Global en la ciudad de Miami, Estados Unidos de América.
