En este año que comienza, el contexto latinoamericano está marcado por sucesos que obligan a la reflexión para comprender nuestras realidades. En ese marco surge una pregunta inevitable: ¿cuál es el lugar del poder ciudadano frente al poder político?
La historia ha demostrado que cuando el poder político se ejerce sin contrapesos, sin vigilancia y sin rendición de cuentas, corre el riesgo de volverse distante, autoritario o indiferente a las verdaderas necesidades de la población. Por ello, es indispensable entender que el poder ciudadano no es solo un derecho: es una responsabilidad y una herramienta para transformar la realidad. Es la voz de la sociedad organizada, de las comunidades, de los jóvenes, de las mujeres, de los pueblos originarios, de todas y todos quienes exigen ser escuchados, especialmente en un contexto donde se observan modelos de centralismo y debilitamiento institucional que erosionan la calidad democrática.
Este escenario genera incomodidad entre quienes, por diversas circunstancias —en ocasiones cuestionadas por la falta de transparencia y la manipulación— detentan el poder político. En una concepción errónea de pertenencia y permanencia, el objetivo se vuelve conservar el poder a toda costa, incluso sobrepasando los marcos legales que garantizan el respeto a las leyes y, en consecuencia, limitando el ejercicio pleno del poder ciudadano.
Esto ocurre porque el poder ciudadano cuestiona, propone y construye; supervisa y exige transparencia; participa activamente en la toma de decisiones y, sobre todo, recuerda a quienes gobiernan que su mandato no es un privilegio, sino un servicio.
Resulta imprescindible que quienes ocupan cargos públicos comprendan que no existe democracia sin ciudadanía activa, ni justicia sin participación, ni desarrollo auténtico cuando las decisiones se toman alejadas de la sociedad. Hoy más que nunca, la política necesita una ciudadanía informada, crítica, solidaria y comprometida con el bien común, entendiendo que el poder político es temporal, mientras que el poder ciudadano es permanente.
Nunca debe olvidarse que, en una sociedad democrática, el poder más fuerte es el del ciudadano, pilar fundamental de la democracia.
América Latina ha recorrido un largo camino en la construcción de sus democracias, pero también ha enfrentado dictaduras, desigualdad, demagogia, corrupción y desconfianza en el ejercicio del gobierno. Estas experiencias han obligado a las sociedades a unirse frente a la injusticia y al despotismo generado por modelos equivocados. A lo largo del tiempo, se ha demostrado que cuando el poder ciudadano despierta, las democracias se fortalecen y las tiranías terminan por quedar relegadas a la historia.
Hoy se requiere, más que nunca, una ciudadanía activa, informada y comprometida. La democracia no se limita al voto; se construye diariamente desde la participación, la vigilancia y la exigencia social. El poder ciudadano es la voz que exige transparencia, la fuerza que impulsa cambios sociales y el puente entre los gobiernos y las verdaderas necesidades de la población.
En América Latina, donde persisten profundas brechas sociales, es el ciudadano quien debe marcar el rumbo, defender las instituciones, proteger los derechos y contribuir a la construcción de una región más justa e incluyente. Empoderar al ciudadano es democratizar el poder: abrir espacios de diálogo, participación digital, consulta y organización comunitaria, garantizando que todas las voces, especialmente las históricamente silenciadas, sean escuchadas. Solo con ciudadanos activos, críticos y solidarios es posible construir democracias fuertes, legítimas y duraderas, alejadas de la demagogia y del discurso vacío.
El futuro de América Latina —y México no es la excepción— debe comprenderse desde una premisa central: el poder se construye desde el pueblo.
Vivimos una etapa en la que la democracia no puede limitarse al acto de votar en procesos electorales; debe convertirse en un eje permanente de la acción gubernamental. Las sociedades demandan mayor participación ciudadana y quienes detentan el poder político están obligados a abrir espacios que equilibren las condiciones de corresponsabilidad democrática. La ciudadanía quiere ser escuchada, consultada y formar parte activa de las decisiones que impactan su vida cotidiana. Por ello, reconocer la importancia del poder ciudadano en la construcción de políticas públicas resulta indispensable.
La ciudadanía no es un espectador pasivo; debe ser protagonista. Las mejores políticas no nacen en oficinas cerradas, sino del diálogo abierto con quienes viven los problemas todos los días. Escuchar, integrar y empoderar a la ciudadanía no solo fortalece la legitimidad de las decisiones públicas, sino que también mejora su eficacia y sostenibilidad. A través del poder ciudadano es posible detectar necesidades reales, proponer soluciones desde la experiencia, vigilar y exigir rendición de cuentas para evitar malos manejos del presupuesto público y promover la equidad y la inclusión en la toma de decisiones.
Para que una política pública funcione, debe tener un rostro humano. Esto solo se logra cuando el ciudadano deja de ser un usuario pasivo y se convierte en un actor clave del cambio. Construir gobiernos abiertos, que consulten y colaboren, fortalece el poder ciudadano y permite que este asuma su responsabilidad frente al poder político. Cuando el compromiso institucional se une con una ciudadanía activa, las políticas públicas se vuelven verdaderamente democráticas y transformadoras.
En esta misma ruta, resulta fundamental reconocer la importancia de la participación ciudadana en el desarrollo de las ciudades y de los países. La ciudad no es solo un conjunto de edificios, calles y servicios; es el espacio donde se construye la vida cotidiana, donde nacen los sueños, las luchas, las ideas y las identidades. Es el primer lugar donde se ejerce la ciudadanía.
En México, más del 80 % de la población vive en zonas urbanas. Nuestras ciudades son el corazón de la economía, la innovación, la cultura y el cambio social. Lo que ocurra en ellas define el futuro del país. Una ciudad bien gobernada, justa, sostenible e incluyente fortalece la democracia y mejora la calidad de vida; una ciudad desordenada y excluyente reproduce pobreza, violencia y deterioro social.
Invertir en el fortalecimiento de la participación ciudadana en las ciudades es invertir en un cambio real que mejore las condiciones de vida. Esto exige construir puentes de comunicación efectiva entre gobierno y sociedad, con planeación urbana de visión social y, sobre todo, con una ciudadanía activa que defienda su derecho a la ciudad. Porque la ciudad no pertenece únicamente a quienes la administran, sino a quienes la viven, la caminan y la transforman día a día. Al cuidar la ciudad desde la participación ciudadana, se protege también el futuro de las nuevas generaciones.
Licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la UNAM. Doctor en Administración y Desarrollo Estratégico por el CISD. Doctorado en Administración Pública (INAP) y Maestro en Administración en Sistemas de Calidad (UVM). Director General del Centro de Estudios para el Desarrollo de Proyectos Sociales A.C. (CEDPROS). Posdoctorante en Ciencias del Estado y Gobierno (IAPAS). Miembro de la Academia Nacional de Historia y Geografía. Presidente del Instituto Iberoamericano de Políticas Públicas para América Latina (IIPPAL). Es consultor y conferencista nacional e internacional en temas de Gobierno y Desarrollo Municipal.
