La oposición extrema al gobierno nacional de Colombia bajo el liberalismo progresista no cesa. Desde la oposición política radical de partidos y gremios empresariales y financieros tradicionales y conservaduristas, hasta la desinformación continua, ahora se suma el poder del tecnicismo o hermenéutica de las altas cortes, conformadas por pequeños “expertos en derecho”, pero con claros intereses políticos y económicos sesgados y, lo más grave, sin conocimiento de las realidades socioeconómicas de la gran mayoría de la población colombiana que sufre las consecuencias de sus decisiones y bloqueos de cambio, nivelación y equidad. En otras palabras, una vez instalados en los altos cargos de las ramas del poder público, estas personas o actores institucionales se acomodan y desinforman continuamente al pueblo, ilustrado o no, abusando de su poder discrecional, fáctico y mediático, al punto de recomendar a los más jóvenes que voten por los mismos corruptos de siempre, argumentando su experiencia y búsqueda del bien común, cuando se sabe que eso no es cierto ni ético: es inmoral e inaceptable.
La Constitución Política de la República de Colombia (1991) establece los fines esenciales del Estado social de derecho de la siguiente manera: 1) servir a la comunidad; 2) promover la prosperidad general; 3) garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; 4) facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; 5) defender la independencia nacional y mantener la integridad territorial; 6) asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo; 7) proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares (Asamblea Nacional Constituyente, Constitución Política de Colombia, 1991, artículos 1 al 10).
Además, en su artículo 4, la Carta Magna define: “La Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales. Es deber de los nacionales y de los extranjeros en Colombia acatar la Constitución y las leyes, y respetar y obedecer a las autoridades” (Constitución Política de Colombia, 1991, artículo 4). ¿Pero qué significa respetar cuando el respeto no se gana ni se demuestra ante el constituyente primario? El respeto constitucional de los ciudadanos implica un compromiso con los principios y valores fundamentales definidos y adoptados en la Constitución Política. De un lado, se espera la obligación de cumplir y acatar la carta política y las leyes que se derivan y, en consecuencia, apoyar a las autoridades democráticas legítimamente elegidas y que responden a la promesa hecha. Esto último, la “promesa electoral”, la “promesa institucional”, se rompe cuando no es verdad (veritas en latín: realidad genuina, sinceridad y autenticidad personal y social).
La mitología romana nos heredó que Veritas es la diosa de la verdad, hija de Saturno y madre de Virtus, la virtud: una joven representada y vestida de blanco, o desnuda, generalmente con un espejo o levantando un velo como símbolos de pureza, claridad y revelación de la verdad. Desde el enfoque griego, esa “verdad” o Virtus corresponde a la joven Aletheia, que además simboliza la honestidad, la integridad y la transparencia: virtudes esenciales para reconocer y administrar la justicia y la moralidad desde la antigua Roma. No en vano, prestigiosas universidades del mundo han adoptado la Veritas como su faro o luz, y la importancia de la verdad y la honestidad como principio rector en la educación y la filosofía de profesiones como el derecho y todas las demás liberales del universo de la educación superior. La interpretación bíblica no se queda atrás: “Yo soy el camino, y la verdad, y la vida” (Juan 14:6). “La verdad os hará libres” (Juan 8:32). Es decir, la espiritualidad y la buena fe de los ciudadanos y adeptos también están siendo torcidas por intereses partidistas y gremiales egoístas que ponen en peligro la unidad de la Nación colombiana.
¿Qué es la tecnocracia? Según Caamaño (2018), se trata de un movimiento que surge en un periodo de crisis económica derivada de la Primera Guerra Mundial (1919–1932), organizado por un pequeño grupo de “expertos económicos”, pero “al margen del sistema”, es decir, con reuniones seudoclandestinas que buscaban un nuevo mundo alejado del gobierno y su técnica política para ser gobernado por “la técnica de los técnicos”. En Colombia, la justicia ni la economía financiera giran en torno a su esencia o virtud (así lo sostengan algunos); giran alrededor de procesos y procedimientos técnicos e intereses consolidados, precisamente liderados y controlados por un pequeño grupo de supuestos expertos, pegados al tecnicismo y la norma, así esta sea desactualizada, injusta o desequilibrada. Pero eso sí, asegurándose de que solo cumplen órdenes o leyes del sistema, creado por sus colegas (los tecnados) o electores en el Congreso de la República, a quienes deben su nombramiento y/o promoción, y una que otra estrella en su pecho.
Según Caamaño, la visión y extensión del paradigma tecnocrático en las decisiones políticas y económicas de gobierno actuales no es solo la ingeniería o los hechos científicos (el racionalismo, el empirismo y el positivismo); es un ethos que penetra la vida y la complejidad del ser humano (pág. 32). No es un problema de técnica ni de ciencia, sino de la importancia que se le da al desarrollo social y a las vidas de los propios individuos. Este autor se apoya en Giddens (1976, pág. 305): “La tecnocracia no es meramente una aplicación de métodos técnicos a la solución de problemas definidos, sino un ethos penetrante, una visión del mundo que subsume la estética, la religión y el pensamiento tradicional bajo el modo racionalista” (pág. 33).
Se materializan ciertos elementos de la tecnocracia que, según Estévez (2016), son: el ethos como centro de la confianza en la ciencia y la técnica como medios más idóneos para lograr el progreso de la humanidad; la sensación de estar aplicando la objetividad para buscar la solución técnica más apropiada a los problemas sociales; la idea de que la técnica y la ciencia pueden reemplazar a la política y a la democracia, consideradas subjetivas o faltas de rigor científico. Por ello, el tecnócrata supuestamente no tiene compromisos políticos ni justicia redistributiva, y sus valores son la eficacia, la eficiencia, la productividad y el progreso, según las leyes del mercado capitalista, financiero o legal. En apariencia, no se muestra “hostilidad hacia el Estado” porque, en la práctica de los tecnócratas, este es el instrumento ideal para justificar su racionalidad y supuesta neutralidad u objetividad y, de esta forma, conservar los cargos públicos de poder, influencia y control.
En conclusión, la sociedad colombiana se enfrenta nuevamente a un dilema ético en las urnas electorales, cuyas aristas políticas, económicas, sociales y culturales responden a claros intereses de un sector radicalizado que ha perdido el control del Estado, del Ejecutivo y de la realidad económica y ambiental que viven millones de personas en el territorio. El desespero y la emotividad, disfrazados de promesas incumplidas, pretenden despertar simpatías y apoyos electorales a quienes precisamente han ofendido, negado o invisibilizado durante muchos años derechos justos. La verdad científica y la universalidad de la modernidad no siempre coinciden en que los hombres son iguales ante la ley, porque esta está contaminada y moldeada hacia un solo sector: el más fuerte, excluyente e indolente.
Finalmente, Ha-Joon Chang, en Retirar la escalera, destaca que la burocracia y el poder judicial plantean un reto sobre la Nueva Gestión Pública (NGP), que exalta el estilo gerencial y especializado en la gobernanza del Estado actual, pero cae en el viejo sistema de spoils o nepotismo, “por el cual los cargos públicos se otorgan a personas leales al partido gobernante” (págs. 147-149). En otras palabras, según la historia de Prusia, cargos heredados que eliminaron de la competencia a hombres instruidos de clase media baja en un proceso de reclutamiento cuidadosamente controlado, que creó una élite administrativa, legislativa y judicial compuesta por individuos provenientes de la vieja aristocracia y de la clase media acomodada, teniendo como narrativa el discurso del buen gobierno, con un poder judicial políticamente independiente, pero cuyos orígenes y posiciones explican muchas de sus decisiones en detrimento del interés general y del bien común.
Cambiar esta situación descrita requiere insistir en un mea culpa del electorado, en volver a la Veritas, a la honestidad y la transparencia, identificando claramente a quienes representan el bien común, la responsabilidad y el progreso para el desarrollo de Colombia, y no volver a caer en la trampa del discurso guerrerista disfrazado y camuflado. Paradójicamente, se señala al comunismo como el enemigo por derrotar, pero se siguen sus mismos procedimientos excluyentes, mentirosos y sin ética pública. Colombia necesita seleccionar y premiar a sus mejores seres humanos en las ramas del poder público, cuyas bases honestas, preparación y compromiso intelectual la lleven al desarrollo y al poder tecnológico y político competitivos, y se comprometan a combatir el narcotráfico y el crimen transnacional organizado, dejando de vivir en el pasado, el odio y el rencor.
Profesor Asociado e Investigador en la Escuela Superior de Administración Pública – ESAP, institución de carácter universitario superior del nivel nacional del Estado colombiano. Temas y líneas de investigación relacionados con Ciencia Política, Estado, Gobierno, Administración Pública, Gerencia Pública, Políticas Públicas, Técnicas de Análisis Espacial y Geopolítica, Innovación y análisis organizacional, Gestión ambiental, Responsabilidad Social Empresarial, entre otros. He sido columnista de opinión política en revista Capital Político, conferencista, consultor y asesor de empresas e instituciones en sistemas de gestión de la calidad (ISO) y modelos de excelencia (EFQM), evaluador del Premio Nacional a la Calidad (Icontec). Profesor y catedrático en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia (UN - Bogotá), Fundación Universitaria San Martín (FUSM-Bogotá). Jubilado del Grupo Energía de Bogotá S.A. ESP. Doctorando en Política y Gobierno en la Pontificia Universidad Católica de Córdoba (Argentina); Magister en Estrategia y Geopolítica de la Escuela Superior de Guerra, y Especialista en Responsabilidad Social Empresarial de Universidad Externado de Colombia y Columbia University New York; Especialista en Gobierno Municipal de la Pontificia Universidad Javeriana (Bogotá).
