Chile vivió una jornada electoral que marcará un antes y un después en su historia política reciente. José Antonio Kast, candidato del Partido Republicano, se impuso de manera contundente en la segunda vuelta presidencial con el 58,2 % de los votos, frente al 41,8 % obtenido por Jeannette Jara, abanderada comunista y representante de la coalición oficialista. Con más del 99 % de las mesas escrutadas, el resultado no dejó margen para interpretaciones ambiguas: el país optó por un giro claro hacia la derecha.
Lo verdaderamente inédito no fue solo la magnitud de la victoria, sino su alcance territorial. Kast ganó en todas las regiones y distritos del país, desde los centros urbanos tradicionalmente progresistas hasta las zonas rurales más conservadoras. El mapa electoral se tiñó de azul de manera uniforme, un fenómeno sin precedentes en la democracia chilena contemporánea. Este respaldo transversal fue definido por el propio presidente electo como un “mandato amplio”, expresión que resume no solo la derrota del oficialismo, sino el agotamiento de un ciclo político.
El triunfo de Kast marca el retorno de la derecha dura a La Moneda por primera vez desde el fin de la dictadura en 1990. Su victoria, tras dos intentos fallidos en 2017 y 2021, se explica menos por una adhesión ideológica profunda que por un voto de castigo al gobierno de Gabriel Boric. En las calles de Santiago, la celebración de sus seguidores contrastó con el reconocimiento sobrio de la derrota por parte de Jara, quien admitió que “la democracia habló con claridad”. Boric, por su parte, llamó personalmente a Kast para felicitarlo, cerrando un ciclo presidencial marcado por altas expectativas iniciales y un desgaste político acelerado.
El colapso del progresismo chileno no fue un accidente. El gobierno de Boric, que llegó al poder como símbolo de una nueva izquierda surgida tras el estallido social de 2019, nunca logró traducir su narrativa transformadora en resultados concretos y sostenidos. La inexperiencia de parte de su equipo, errores tempranos en el manejo del conflicto mapuche, fracasos legislativos clave y una sucesión de escándalos administrativos fueron erosionando la confianza ciudadana. El proceso constituyente, que prometía ser el pilar de una refundación institucional, terminó en dos rechazos consecutivos, generando fatiga política y parálisis.
A ello se sumaron problemas estructurales no resueltos: inseguridad creciente, migración irregular sin control efectivo, estancamiento económico e inflación persistente. Aunque el gobierno impulsó medidas como la reducción de la jornada laboral a 40 horas y el aumento del salario mínimo, estos avances quedaron opacados por una percepción generalizada de improvisación, desconexión con las prioridades cotidianas y falta de conducción estratégica. La aprobación presidencial se mantuvo estancada durante largos periodos, reflejando un desgaste profundo del proyecto progresista.
El voto por Kast debe leerse, en este contexto, como una respuesta emocional y pragmática más que como una conversión ideológica masiva. Para amplios sectores de la población, el orden, la seguridad y la estabilidad económica pasaron a ser prioridades absolutas frente a las promesas de transformación estructural. El aumento sostenido de la criminalidad, la presencia del narcotráfico en barrios populares y la sensación de desprotección del Estado inclinaron la balanza a favor de un discurso de “mano firme”.
Este fenómeno no es aislado. Chile se suma así a una tendencia regional en la que electorados cansados del progresismo optan por liderazgos de derecha que prometen control, disciplina fiscal y ruptura con las élites políticas tradicionales. Sin embargo, en el caso chileno, el giro resulta especialmente simbólico por tratarse de un país que fue presentado durante años como laboratorio de la nueva izquierda latinoamericana.
Kast asumirá la presidencia el 11 de marzo de 2026 con un capital político considerable. Su equipo ha anunciado un “plan de choque” para los primeros meses de gobierno, centrado en seguridad pública, control migratorio, austeridad fiscal y reactivación económica. Entre las medidas prioritarias se encuentran el despliegue de fuerzas conjuntas contra el crimen organizado, el endurecimiento de penas, la construcción de cárceles de alta seguridad, un recorte significativo del gasto público y una reforma tributaria orientada al crecimiento. En materia social, ha prometido aumentos focalizados de pensiones y mayor libertad de elección en salud y educación.
El desafío será gobernar un país profundamente polarizado sin profundizar las fracturas sociales. El amplio respaldo electoral le otorga margen de maniobra, pero también eleva las expectativas. Si el nuevo gobierno no logra traducir el orden prometido en mejoras tangibles, el desencanto podría reaparecer con la misma fuerza con la que hoy se expresó en las urnas.
Chile inicia así una nueva etapa. El triunfo de Kast no solo cierra el ciclo del progresismo en el poder, sino que redefine el tablero político nacional. La historia dirá si este giro representa una restauración conservadora duradera o un nuevo episodio en la volatilidad política que caracteriza a la región.
