Por primera vez en la historia reciente de Honduras, la diferencia entre el primero y el segundo lugar en una elección presidencial podría ser menor a un punto porcentual: 0.55 % al 80 % escrutado. Salvador Nasralla (40.23 %) aventaja por apenas 14 mil votos a Nasry Asfura (39.68 %). En democracias consolidadas, una diferencia así activaría procedimientos claros de verificación. En Honduras, en cambio, nos coloca ante un vacío jurídico y político que podría escalar a una crisis de gran magnitud.
El problema de fondo es tan simple como alarmante: no existe segunda vuelta y tampoco hay una norma que indique qué hacer cuando la diferencia es inferior al 1 %. La Constitución es explícita: será presidente quien obtenga “mayoría simple”. No menciona umbral mínimo ni contempla un balotaje. En teoría, bastarían 50 votos de ventaja para proclamar ganador. En la práctica, una diferencia menor al 0.6 % hace estadísticamente imposible anunciar un resultado sin un recuento total y manual de cada una de las 18,293 mesas.
El Consejo Nacional Electoral tampoco cuenta con un protocolo para este escenario. La normativa vigente solo prevé recuentos especiales cuando hay impugnaciones específicas, no cuando toda la elección queda comprometida por un margen microscópico. Incluso fuentes internas del CNE reconocen en privado que si el resultado final se mantiene por debajo del 0.8 %, la proclamación del ganador carecería de base técnica suficiente para evitar una crisis de legitimidad.
Tres escenarios posibles (y ninguno es bueno)
1. El CNE proclama a Nasralla con diferencia mínima (0.3 % – 0.7 %)
El Partido Nacional desconocería el resultado, alegando inconsistencias ya documentadas en más de dos mil actas. El presidente Trump —quien indultó a Juan Orlando Hernández y convirtió la elección hondureña en un asunto personal— podría responder con presiones económicas y diplomáticas. El país quedaría ante un presidente electo sin reconocimiento pleno, con un alto riesgo de parálisis institucional y estallidos de protesta.
2. El margen se reduce aún más o se invierte a favor de Asfura
Nasralla y el Partido Liberal llamarían a la resistencia cívica. LIBRE, que quedó en tercer lugar, se sumaría por interés propio en impedir el retorno de la derecha dura. Honduras podría experimentar semanas de bloqueos, tomas de edificios públicos y una escalada de enfrentamientos.
3. Empate técnico absoluto o diferencia menor al 0.2 %
Sería el peor desenlace. Ni el CNE ni el Tribunal de Justicia Electoral tendrían base legal para proclamar ganador. Surgiría un vacío de poder que obligaría a una negociación extraconstitucional, probablemente bajo mediación internacional. Sería, de facto, un colapso del orden democrático vigente.
La necesidad de un recuento total, transparente y con observación internacional reforzada es evidente. También lo es un acuerdo político previo entre los principales actores para aceptar el resultado, a cambio de reformas institucionales que fortalezcan al CNE y doten de estabilidad al sistema. Pero nada de eso parece probable hoy.
Quien asuma el 27 de enero de 2026 lo hará con menos del 41 % de los votos, sin un mandato claro, frente a un Congreso fragmentado y con una economía debilitada. El país vive la peor fuga de capitales desde 2009; el lempira enfrenta presiones crecientes; el riesgo país supera los 1,200 puntos básicos; y las remesas muestran señales de desaceleración ante el temor social.
Honduras no se juega únicamente el nombre del próximo presidente. Se juega la supervivencia de un mínimo acuerdo sobre las reglas del juego democrático. Cuando la diferencia se mide en decimales porcentuales, no gana un candidato: pierde el país entero.
En un país donde medio punto porcentual puede definir el rumbo institucional, Honduras enfrenta uno de los momentos más delicados de su historia democrática. La incertidumbre electoral no solo compromete la legitimidad del próximo gobierno, sino que amenaza con desbordar los frágiles equilibrios políticos, económicos y sociales que aún sostienen al país. Lo que está en juego no es una presidencia, sino la estabilidad misma del sistema democrático hondureño. El desenlace, para bien o para mal, será decisivo.
