Este domingo, en un operativo militar en la zona serrana de Tapalpa, Jalisco, fuerzas especiales del Ejército mexicano, en coordinación estrecha con inteligencia de Estados Unidos, abatieron a Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, máximo líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). El objetivo inicial era su captura con vida. Durante el enfrentamiento murieron cuatro sicarios en el sitio; Oseguera y otros tres resultaron heridos y fallecieron durante su traslado aéreo hacia la Ciudad de México. La Secretaría de la Defensa Nacional reportó el aseguramiento de vehículos blindados, lanzacohetes RPG y armamento de alto poder.
Horas después, el CJNG activó una respuesta coordinada de gran escala: bloqueos carreteros, incendios de vehículos y ataques contra infraestructura y autoridades en múltiples estados del occidente del país. En Guanajuato se registraron incendios en tiendas de conveniencia y sucursales bancarias, mientras aeropuertos como Guadalajara y Puerto Vallarta suspendieron temporalmente operaciones. Para el mediodía del lunes, autoridades federales informaron que la mayoría de los bloqueos había sido desactivada, aunque el saldo preliminar incluyó bajas de elementos de seguridad y víctimas civiles. El periodista especializado Jesús Lemus estimó más de 700 eventos violentos en las primeras 24 horas.
El operativo no ocurrió en el vacío político. Desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025, Donald Trump había incrementado la presión sobre México en materia de combate al fentanilo y al crimen organizado. Washington designó al CJNG como organización terrorista extranjera y advirtió sobre posibles medidas comerciales si no se observaban resultados. En ese contexto, el abatimiento del líder del cártel fue interpretado en círculos estadounidenses como un avance significativo en la cooperación bilateral. El vicesecretario de Estado, Christopher Landau, lo calificó como “un gran avance para México, Estados Unidos y el mundo”, mientras la presidente Claudia Sheinbaum subrayó que no hubo participación operativa de fuerzas extranjeras en territorio nacional.
Los antecedentes recientes alimentan la percepción de una coordinación más profunda. En enero de 2026 aterrizó en Toluca un avión militar estadounidense C-130 Hercules, oficialmente para actividades rutinarias, y días antes del operativo ingresaron al país elementos de élite de los Navy SEALs para ejercicios conjuntos autorizados por el Congreso mexicano. Aunque formalmente se trató de entrenamiento, el momento coincidió con la fase final de inteligencia que permitió ubicar al líder criminal en Tapalpa.
La reacción violenta del CJNG reabre el debate sobre la eficacia de la estrategia de “decapitación” de capos. La propia Sheinbaum había cuestionado en el pasado esta táctica por su potencial para fragmentar organizaciones y detonar represalias. La capacidad del cártel para paralizar amplias zonas del occidente en cuestión de horas sugiere que mantiene una estructura operativa resiliente, con células capaces de actuar de forma semiautónoma. La rápida activación de centros de comando conjuntos permitió recuperar el control en menos de 24 horas, pero no evitó el impacto inicial.
El costo económico comenzó a estimarse de inmediato. Empresarios del occidente del país, citados por cámaras empresariales regionales, calcularon pérdidas iniciales superiores a 1,500 millones de pesos en las primeras 48 horas, derivadas de cierres forzados, interrupciones logísticas, cancelaciones aéreas y daños a infraestructura comercial. Analistas del sector privado advierten que el efecto sobre cadenas de suministro, turismo y percepción de riesgo podría amplificarse en los días siguientes.
En el plano político, el abatimiento representa un triunfo táctico para el gobierno federal al mostrar capacidad operativa frente a Washington y reducir presiones inmediatas en la agenda bilateral de seguridad. Sin embargo, también reaviva debates sensibles sobre soberanía, dependencia de inteligencia externa y la evolución de la política de seguridad mexicana hacia un enfoque más confrontativo.
Para el CJNG, la muerte de su líder abre un periodo de reacomodo interno cuyo desenlace es incierto. Experiencias previas en México muestran que la eliminación de capos puede derivar tanto en debilitamiento como en fragmentación violenta. Sin una estrategia integral que combine inteligencia financiera, fortalecimiento institucional y desarrollo regional, el vacío de poder podría traducirse en nuevas disputas territoriales.
México obtiene así una victoria simbólica de alto impacto, pero el episodio confirma una constante de las últimas dos décadas: los golpes espectaculares contra el liderazgo criminal no garantizan por sí mismos una reducción sostenida de la violencia. El desafío de fondo sigue siendo estructural. La pregunta estratégica permanece abierta: cómo transformar éxitos operativos de corto plazo en estabilidad duradera sin elevar los costos económicos, sociales y políticos de cada intervención.
