La carrera por la presidencia de la República en Colombia es un proceso vibrante que suele estar marcado por intensos debates, injurias y calumnias, alianzas estratégicas y una participación tanto de los candidatos como de la ciudadanía. Cada ciclo electoral trae consigo nuevos desafíos y esperanzas, desde la seguridad, la lucha contra la corrupción y el crimen organizado, hasta el crecimiento económico, pasando por el manejo de las relaciones internacionales. Históricamente, todos los aspirantes a la presidencia buscan diferenciarse a través de propuestas innovadoras o mediáticas y la capacidad de conectar con diversos sectores de la sociedad, unos ubicados a la extrema derecha y otros a la izquierda del espectro liberal. El centro no existe.
En los últimos años, el país ha visto una mayor polarización política, lo que ha convertido las elecciones en un escenario de gran expectativa e incertidumbre, incluso en escenario de guerra verbal, mentiras, montajes y desinformación. Temas como la paz, la violencia e inseguridad, la educación y la reforma social, especialmente al sistema de salud que funciona como empresas privadas sin controles efectivos, siguen siendo puntos centrales en la agenda pública. De cara a las próximas elecciones, los colombianos deberán evaluar cuidadosamente las plataformas de los candidatos, considerando tanto el contexto nacional como los retos globales que afectan al país. Pasar de promesas y discursos a programas serios.
La poca cultura política y la maquinaria electoral impiden que gran parte del electorado examine a profundidad los programas bien estructurados y con visión de largo plazo. Todo se reduce a un simple mercadeo político anclado en las emociones y no en los problemas que afectan a la sociedad y al ecosistema, y con ello a la infraestructura industrial moderna y competitiva que necesita el país. El individualismo y la idea sembrada como estrategia de miedo (por supuesta falsa) de que la izquierda o la extrema derecha enfrentan ideas contradictorias incoherentes con la propia realidad de los actores clasificados en estratos socioeconómicos. Es tal la desinformación que sectores poblacionales paupérrimos terminan atacando personas, candidatos y programas que luchan por su causa y en su nombre.
El actual escenario global indica que es urgente el fortalecimiento del Estado en todas sus dimensiones, esferas y capacidades. El modelo corporativista liderado por el gobierno republicano de Trump, que desconoce derechos humanos fundamentales, fronteras y acuerdos internacionales, ha mostrado claramente a los actores beneficiados que buscan apropiarse de los recursos estratégicos a cualquier precio y sin consideraciones moralistas, ambientalistas o de humanización. Es la ley del más fuerte, del que más intimide y agreda en tiempo real. La soberanía y la preservación de los recursos naturales estratégicos debieran ser el principal argumento de las campañas para preparar al país para competir efectivamente en el mundo con productos únicos e innovadores o defenderse de cualquier intento de invasión, saqueo, bombardeo o capturas ilegales de personas no afines al proyecto libertario extremista y peligroso en todo sentido.
Por lo anterior, Colombia debe escoger de manera serena, inteligente y racional a la persona íntegra e integral, antes que al designado por los partidos o gremios que reducen su estrategia a simples cálculos de intereses grupales o particulares y no de nación o país en vías de desarrollo. Desde una lectura política científica no hay izquierda mala o derecha, hay un proceso histórico que ha venido evolucionando tristemente de violencias, muertes y saqueos de los recursos del Estado colombiano. Los extremos conservaduristas, con pocas familias tradicionales dueñas de la riqueza económica y del poder institucional, contra una gran masa en ascenso de clase media y baja mejor preparada que lucha por salir con trabajo y esfuerzo y demostrar que sí se puede gobernar con honestidad y para todos.
No es comunismo o socialismo como lo quiere exponer la contraparte libertaria, es la realidad imparable de un sector de la población cada vez más grande que se cansó de ver tantos atropellos y despilfarros legalmente usurpados y entrampados. La fuerza del liberalismo progresista contra las maquinarias electoreras clientelistas se enfrenta nuevamente en las urnas como hace cuatro años, pero con ingrediente adicional, la influencia del tío Sam anunciando que, en adelante, este territorio ancestral y sagrado de los pueblos indígenas muiscas, caribes, arhuacos, nasas, wayús, emberas, guámbianos, pastos, quimbayas, motilones, panches, entre otros, hace parte de su gran América, de su ambición expansionista y de su cinturón de seguridad, háganme el favor.
Colombia cuenta con 115 pueblos indígenas que representan alrededor del 4,4 % (2018) de la población nacional, es decir, cerca de 2 millones, aunque estudios de Latinobarómetro estiman que hasta un 9,5 % de colombianos se identifican como indígenas, es decir, unos 5 millones de personas. La mayoría de estos pueblos indígenas habita en resguardos de propiedad colectiva, con los departamentos de Vaupés, Guainía, Vichada, Amazonas, La Guajira, Chocó y Cauca concentrando gran parte de la población, lo mismo que en Nariño, Córdoba y Sucre. Su diversidad y 65 lenguas nativas se agrupan en 13 familias lingüísticas, entre las más conocidas: wayuu, kogui, wiwa, arhuaco, huitoto, nukak, tanimuka, cubeo, emberá, zenú y nasa. A esto se le suman comunidades NARP, ROM, campesinos y mestizos, lo que dificulta aún más la complejidad de tradiciones culturales y cosmovisiones de vida.
Por esta realidad antropológica y sociopolítica de Colombia, de la Gran Colombia, es que llegar a pensar en que las grandes encuestas contratadas y la divulgación sesgada de resultados de los medios de comunicación masiva darán la razón o pista del ganador es un error imperdonable. Lo es también, y más grave, lo que piensa el atrevido e ignorante secretario de guerra de Estados Unidos y el pequeño círculo desbordado del que hace parte, que tienen al mundo al borde del precipicio total y a su país cada vez más endeudado y en crisis existencial de máxima polarización y enfrentamiento como jamás se había visto.
Nuevamente, “Amanecerá y veremos”. El pueblo de Colombia, ante los resultados y lo vivido hasta hoy, no es como el olvidadizo del sur global. Aprende, no olvida, perdona, no acumula rencor. Una vez decide cambiar, no da un paso atrás ni para impulsarse; junto con Brasil y México podrían ser, quizás, el punto de equilibrio regional que se necesita actualmente para consolidar un bloque regional económico, innovador y esperanza tecnológica e industrial del nuevo orden mundial. Educación, ciencias y tecnologías con respeto por la vida y los ecosistemas únicos e invaluables.
Profesor Asociado e Investigador en la Escuela Superior de Administración Pública – ESAP, institución de carácter universitario superior del nivel nacional del Estado colombiano. Temas y líneas de investigación relacionados con Ciencia Política, Estado, Gobierno, Administración Pública, Gerencia Pública, Políticas Públicas, Técnicas de Análisis Espacial y Geopolítica, Innovación y análisis organizacional, Gestión ambiental, Responsabilidad Social Empresarial, entre otros. He sido columnista de opinión política en revista Capital Político, conferencista, consultor y asesor de empresas e instituciones en sistemas de gestión de la calidad (ISO) y modelos de excelencia (EFQM), evaluador del Premio Nacional a la Calidad (Icontec). Profesor y catedrático en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia (UN - Bogotá), Fundación Universitaria San Martín (FUSM-Bogotá). Jubilado del Grupo Energía de Bogotá S.A. ESP. Doctorando en Política y Gobierno en la Pontificia Universidad Católica de Córdoba (Argentina); Magister en Estrategia y Geopolítica de la Escuela Superior de Guerra, y Especialista en Responsabilidad Social Empresarial de Universidad Externado de Colombia y Columbia University New York; Especialista en Gobierno Municipal de la Pontificia Universidad Javeriana (Bogotá).
