La incursión militar iniciada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra objetivos dentro de Irán no ocurrió en el vacío. Se produjo en medio de negociaciones tensas, pero estancadas, sobre el programa nuclear iraní.
Esas conversaciones, gestionadas a través de intermediarios como Omán, buscaban, entre otros objetivos, congelar el enriquecimiento de uranio en torno al 60 %, un nivel cercano para lograr una bomba nuclear, y limitar la acumulación de uranio altamente enriquecido. También incluían ampliar el acceso de inspectores internacionales y contener la expansión de centrifugadoras avanzadas, que aceleran el proceso. A cambio, se discutían alivios en sanciones, clave para sostener la economía y calmar tensiones internas. No se negociaba un nuevo acuerdo nuclear integral como el de 2015 (que el presidente Trump siempre criticó) ni existía un consenso cercano.
Ante el estancamiento diplomático, los ataques, de inicio, no buscan formalmente sustituir la negociación ni implican, al menos de manera declarada, una estrategia abierta de cambio de régimen, sino alterar el cálculo estratégico de Teherán mediante una coerción limitada. El objetivo declarado es restablecer la disuasión y frenar desarrollos que Washington y Jerusalén consideran líneas rojas.
Sin embargo, esa lógica enfrenta un riesgo estructural. La guerra ya no se limita a intercambios convencionales (bombardeos e intercambio directo de fuego), sino que se extiende a una dimensión híbrida y delegada: milicias aliadas como Hezbollah en el norte de Israel, grupos armados en Irak, la presencia iraní en Siria y los hutíes en el Mar Rojo; ataques con drones o misiles operados por actores interpuestos; sabotajes marítimos y acciones indirectas en distintos frentes de la región. Cuando el conflicto se despliega simultáneamente en tantos planos, el peligro no radica solo en su intensidad, sino en la creciente dificultad para mantenerlo bajo control.
Además, la coyuntura coincide con tensiones internas en la arquitectura de poder iraní. La incertidumbre en la cúspide del sistema introduce incentivos contradictorios: moderación para evitar un conflicto mayor o demostración de firmeza para preservar cohesión y legitimidad. En sistemas altamente centralizados, la presión externa tiende a fortalecer a los sectores más duros. Lo que se pretende debilitar puede, en el corto plazo, consolidar al régimen.
Si bien Estados Unidos mantiene superioridad militar, no tiene margen político para una guerra larga. Tras Irak y Afganistán, la tolerancia doméstica a conflictos prolongados es limitada. En términos constitucionales, el presidente, como Comandante en Jefe bajo el artículo II, puede ordenar el uso limitado de la fuerza sin autorización previa del Congreso, especialmente en forma de incursiones puntuales. No obstante, la War Powers Resolution de 1973 (de constitucionalidad controvertida, aunque políticamente relevante) exige notificación al Congreso en 48 horas cuando se introducen fuerzas en hostilidades y establece un límite temporal de 60 días, prorrogable hasta 30 adicionales para la retirada, salvo autorización legislativa. En combinación con el artículo I, sección 8, que reserva al Congreso la facultad de declarar la guerra, ese marco hace jurídicamente frágil y políticamente costosa cualquier campaña prolongada o intento de ocupación.
Por su parte, Irán enfrenta un dilema estratégico. Su economía, golpeada por sanciones, depende de una producción superior a tres millones de barriles diarios. Su posición sobre el estrecho de Ormuz (por donde transita cerca del 20 % del petróleo mundial) le otorga capacidad de perturbación, pero utilizarla implicaría costos inmediatos y posiblemente devastadores. Un cierre prolongado activaría respuestas militares directas, aislaría aún más al país y repercutiría fuertemente en su economía y estabilidad interna.
En el plano nuclear reside el riesgo más profundo. La coerción limitada puede, paradójicamente, reforzar en Teherán la conclusión de que solo una capacidad nuclear irreversible garantiza supervivencia frente a ataques externos. Si el liderazgo interpreta que la contención ya fracasó, la aceleración del programa podría convertirse en seguro estratégico, alterando de forma permanente el equilibrio regional.
En el tablero global, este conflicto desborda el eje bilateral. Rusia capitaliza la distracción occidental y la volatilidad energética, mientras China observa con cálculo. Pekín ha sido comprador relevante de crudo iraní con descuento, lo que amortigua costos industriales y sostiene competitividad exportadora. Para Washington, restringir ese flujo no es solo presión sobre Teherán, también busca limitar el acceso chino a energía barata en un momento de desaceleración interna. Sin embargo, si China compensa aumentando compras a otros productores o acelera su diversificación energética, el impacto se diluye y la competencia estratégica se desplaza a otros terrenos, incluso navales, en el Índico.
Europa, por su parte, teme un repunte inflacionario en un contexto de crecimiento débil. No obstante, el sistema energético global posee cierta capacidad de absorción: reservas estratégicas, capacidad ociosa en productores clave y mercados de futuros que amortiguan choques iniciales. La pregunta no es si habrá volatilidad, sino si la escalada supera el umbral que el mercado puede absorber sin desestabilización prolongada.
En este contexto, la estrategia estadounidense busca recuperar credibilidad regional y ganar tiempo sin quedar atrapada en una guerra de gran escala y largo plazo. Pero el margen de control es limitado. Tres escenarios se perfilan: que la presión fuerce una negociación más restrictiva; que acelere la consolidación estratégica iraní (incluida su opción nuclear); o que derive en una guerra prolongada de intensidad variable, con frentes múltiples y episodios convencionales recurrentes. Ninguno de esos escenarios es dominante hoy, y todos implican costos que pueden alterar el equilibrio regional durante años.
La guerra ya está en curso, en varias capas simultáneas. El peligro no es únicamente la escalada abierta, sino la ilusión de que puede administrarse indefinidamente. En esta región, las guerras tienden a reconfigurar el equilibrio de poder mucho más allá de las intenciones iniciales.
Licenciada en Derecho por la Universidad Iberoamericana, especialista en Gestión de Proyectos por la Universidad de Georgetown y Maestra en Derecho por la Universidad de Harvard, donde fue becaria de mérito e Investigadora Invitada. Es fundadora de la firma de gestión de proyectos internacionales y comunicación estratégica Synergies Creator. En el ámbito mediático, ha sido creadora de contenidos, presentadora y analista de política internacional en medios nacionales e internacionales, participando recientemente en Univisión Chicago durante las elecciones presidenciales de EE.UU. en 2024. Ha recibido reconocimientos nacionales como el Premio al Mérito de la Mujer Mexicana 2025 (ANHG-UNAM), además de distinciones de la Academia Nacional de Perspectiva de Género y de la Legión de Honor Nacional de México. Representó al sector privado en reuniones del G20 (India, 2023) y fue seleccionada por el Grupo Santander como una de 50 mujeres de altos mandos para integrarse al Programa de Liderazgo SW50 con pasantía en la London School of Economics (2024). Es Asesora Senior del Global Policy Institute en Washington, D.C.; miembro de la Legión de Honor Mexicana, Miembro de Número de la Academia Nacional de Historia y Geografía, y Dama Distinguida de la Ilustrísima Orden de San Patricio. Es políglota, conferencista y autora de varias publicaciones.
