En la madrugada de este sábado 28 de febrero de 2026, Medio Oriente entró en una fase de confrontación abierta tras una serie de ataques aéreos contra objetivos en Irán, liderados por Israel con respaldo operativo y de inteligencia de Estados Unidos. La operación, presentada por Washington y Tel Aviv como una acción preventiva, marca uno de los episodios más delicados de la rivalidad regional en los últimos años.
Los primeros impactos se registraron en Teherán y posteriormente en otras ciudades estratégicas. Irán respondió con lanzamientos de misiles contra instalaciones militares estadounidenses en el Golfo y hacia territorio israelí. El intercambio elevó de inmediato el nivel de alerta regional y reactivó temores de una escalada de mayor alcance.
Desde la perspectiva estadounidense e israelí, la ofensiva se inscribe en una doctrina de prevención anticipada frente a amenazas que consideran crecientes. Durante meses, ambos gobiernos han sostenido que Irán continúa avanzando en capacidades nucleares sensibles, mantiene y financia redes armadas regionales y ha incrementado la presión indirecta sobre Israel mediante actores aliados. Bajo esta lectura, permitir que Teherán consolide una capacidad nuclear militar —o que amplíe su paraguas de disuasión— alteraría de forma estructural el equilibrio de poder en Medio Oriente.
Para Israel, el cálculo es existencial y coherente con su histórica doctrina de acciones preventivas frente a amenazas estratégicas emergentes. Para Estados Unidos, el enfoque es más amplio: evitar la proliferación nuclear en una de las regiones energéticas más sensibles del planeta y contener la proyección iraní sobre rutas marítimas críticas. En ese marco, la operación no se presenta como un episodio aislado, sino como parte de una estrategia de contención ampliada.
Teherán reaccionó con rapidez, lanzando misiles contra bases estadounidenses en Bahréin, Qatar y Emiratos Árabes Unidos, además de activar defensas y ataques hacia Israel. La respuesta encaja en su propia lógica de disuasión: demostrar capacidad de represalia suficiente para evitar que el golpe inicial se transforme en una campaña sostenida. Irán sostiene que se trata de defensa legítima ante una agresión externa, mientras que Washington y Tel Aviv interpretan la reacción como confirmación del carácter desestabilizador del aparato militar iraní. Este cruce de narrativas refleja el núcleo del problema regional: ambas partes operan bajo marcos de seguridad incompatibles.
Uno de los factores más sensibles es el Estrecho de Ormuz. Aunque Irán no ha anunciado un cierre formal, cualquier amenaza creíble sobre esa vía marítima introduce volatilidad inmediata en los mercados energéticos. Por ese corredor transita cerca de una quinta parte del petróleo mundial, de modo que incluso interrupciones parciales tienden a reflejarse rápidamente en los precios internacionales.
Los mercados ya han comenzado a reaccionar con cautela. Analistas energéticos advierten que, si la tensión se prolonga o si Irán eleva la presión marítima, el precio del crudo podría experimentar repuntes significativos en el corto plazo. Este riesgo explica en parte la postura prudente —y en algunos casos crítica— de la Unión Europea. Para varias economías europeas, que aún enfrentan fragilidades energéticas y presiones inflacionarias acumuladas, un shock petrolero adicional complicaría la recuperación económica y presionaría nuevamente los costos industriales y de transporte.
Desde la óptica de Washington, algunos estrategas sostienen que una degradación sostenida de la capacidad militar iraní podría, a mediano plazo, reducir la prima de riesgo geopolítico en el Golfo. Sin embargo, en el horizonte inmediato prevalece la incertidumbre. La experiencia histórica muestra que los mercados energéticos reaccionan con rapidez a la percepción de riesgo, pero tardan más en descontar escenarios de estabilización.
La reacción internacional ha sido fragmentada. Mientras la Unión Europea insiste en la contención para evitar un shock energético mayor, Rusia y China condenaron la operación. Varias monarquías del Golfo mantienen prudencia pública, aunque observan con atención cualquier debilitamiento de la capacidad iraní. En el plano interno de Irán, la presión externa podría generar un efecto de cierre de filas nacionalista que fortalezca temporalmente al régimen, aunque también abre tensiones económicas si la confrontación deriva en nuevas sanciones o interrupciones comerciales.
A corto plazo, el escenario más probable es el de una escalada controlada: intercambios limitados, presión diplomática y contención indirecta. No obstante, los márgenes de error son estrechos y la posibilidad de ampliación regional —especialmente vía milicias aliadas de Irán— permanece latente. Una desescalada negociada no es imposible, pero hoy luce menos probable mientras ambas partes busquen reafirmar credibilidad disuasiva.
Lo ocurrido no debe leerse como un episodio aislado, sino como la manifestación de una competencia estructural por el equilibrio de poder en Medio Oriente. Estados Unidos e Israel buscan contener la proyección militar iraní, evitar umbrales nucleares ambiguos y preservar la arquitectura de seguridad regional. Irán, por su parte, intenta mantener capacidad de disuasión creíble, sostener su red de influencia y evitar aparecer vulnerable ante presión externa. El problema es que ambas estrategias son, en gran medida, mutuamente excluyentes.
La ofensiva del 28 de febrero marca así un punto de alta fricción, aunque no necesariamente el inicio de una guerra abierta. Lo que sí confirma es que la región ha entrado en una fase de competencia estratégica más explícita y menos contenida. Para Washington y Tel Aviv, la operación busca restaurar disuasión antes de que el margen se cierre; para Teherán, la prioridad es demostrar que conserva capacidad de respuesta. El equilibrio regional, por ahora, se sostiene sobre una línea cada vez más delgada.
Consultor y analista data-driven. Egresado de la licenciatura en Ciencias Políticas por la Universidad de Los Andes (Venezuela), del Máster en Gestión Pública de la Universidad Complutense de Madrid (España) y de la Maestría en Política y Gestión Pública del ITESO (México). Fue Director Editorial de la revista Capital Político. Actualmente es Director General de la agencia mexicana P&G Consulting y CEO de la revista Eje Global en la ciudad de Miami, Estados Unidos de América.
