México se ubica como el cuarto país más peligroso del mundo en el Índice de Conflictos y Violencia Política 2025, elaborado por la organización internacional ACLED (Armed Conflict Location & Event Data Project), colocándose solo detrás de naciones marcadas por guerras de alta intensidad como Palestina, Myanmar y Siria.
Este ranking global, que analiza la violencia a partir de cuatro indicadores —letalidad de los eventos violentos, peligro para civiles, difusión geográfica de la violencia y fragmentación de grupos armados— refleja una realidad inquietante: aunque México no enfrenta un conflicto armado declarado como los de Medio Oriente o el Sudeste Asiático, la violencia criminal y política que atraviesa el país produce efectos comparables a escenarios de guerra.
Los datos más recientes indican que México ha escalado posiciones en el índice no solo por el número de homicidios, sino por la intensidad, recurrencia y dispersión territorial de la violencia. Las organizaciones criminales, en particular los cárteles de la droga, operan con niveles de letalidad y fragmentación que superan incluso a los de algunas zonas de conflicto armado tradicional, afectando de manera directa la seguridad ciudadana, la estabilidad institucional y la vida social cotidiana.
A diferencia de países inmersos en guerras formales, gran parte de la violencia en México está dirigida contra civiles y se manifiesta en múltiples formas: homicidios, secuestros, ataques selectivos, enfrentamientos armados, desapariciones forzadas y control territorial por parte de grupos criminales. Estos hechos ocurren tanto en zonas rurales como en áreas urbanas densamente pobladas, lo que amplifica su impacto social.
Organismos independientes han documentado que esta violencia, aun sin ser clasificada jurídicamente como un conflicto armado interno, genera consecuencias similares: desplazamientos internos, deterioro del tejido comunitario, miedo generalizado y una profunda erosión de la confianza en las instituciones responsables de la seguridad y la justicia.
Para la población mexicana, esta situación no es una abstracción estadística. Encuestas recientes muestran que la inseguridad se ha consolidado como la principal preocupación ciudadana, por encima de la economía, el empleo o la inflación. La percepción social coincide con los hallazgos del índice de ACLED: la violencia se ha convertido en un elemento estructural de la vida cotidiana.
Otro factor clave que explica la posición de México en el índice es la amplia distribución geográfica del conflicto. La violencia no se concentra en una sola región, sino que se extiende por numerosos estados, impulsada por la fragmentación de grupos criminales que compiten por rutas, mercados ilícitos y control territorial. Esta dinámica incrementa la frecuencia de los enfrentamientos y dificulta la contención institucional.
Las consecuencias de este escenario son profundas. La violencia impacta la inversión, limita el crecimiento económico, presiona los sistemas de salud y justicia, y refuerza círculos de desigualdad y exclusión social. El desafío para el Estado mexicano no se reduce a disminuir las tasas de homicidio, sino a enfrentar una dinámica de violencia normalizada que socava la gobernabilidad.
Además, la clasificación de México en el cuarto lugar mundial tiene implicaciones internacionales. Por su peso económico y su relación estratégica con Estados Unidos, la situación de seguridad en México influye en agendas regionales de cooperación, migración y control fronterizo. El índice de ACLED evidencia que la violencia criminal estructural puede tener efectos tan devastadores como los conflictos armados tradicionales.
La posición de México en el ACLED Conflict Index 2025 constituye, en suma, una señal de alerta. Revela la urgencia de replantear las políticas de seguridad, fortalecer las instituciones de justicia y adoptar enfoques integrales que reconozcan la violencia como un fenómeno complejo, con raíces sociales, económicas y políticas que no pueden seguir siendo ignoradas.
