Todo indica que la derecha ganará en las próximas elecciones de Colombia —y también tiene posibilidades en Brasil—, y con ello el mapa político de América Latina seguirá pintándose casi completamente de azul, como en el primer cuarto de siglo estuvo coloreada de rojo. Conforme el péndulo se fue a la izquierda, como en aquellos países en los que imperaron los gobiernos nacional-populistas, su oscilación hacia la derecha será más extrema y duradera, y la polarización seguirá intensa y virulenta.
Esta situación puede acontecer en México. El régimen populista que prevalece desde hace más de siete años ha generado una polarización extrema “de izquierda”, entre cuyos rasgos políticos destacan la concentración del poder en el Ejecutivo (con la plena subordinación de los demás poderes), un autoritarismo cuasi totalitario, la militarización, las narcoelecciones de Estado, la sobrerrepresentación del partido hegemónico en el Congreso, la pulverización de la oposición partidaria, la corrupción generalizada y escandalosa de la clase política, la violencia sin control e impune de los cárteles del crimen organizado, el incremento de las tensiones con Estados Unidos y un creciente aislamiento internacional, por solo citar los más evidentes.
Una de las consecuencias de ello es el descrédito de la partidocracia, incluyendo a las nuevas agrupaciones partidarias que aspiran a obtener el registro condicionado. Difícilmente se librarán del profundo rechazo de la ciudadanía a la política en general, sobre todo de un amplio sector del electorado de centro y de derecha que no se siente representado por ninguno de los partidos existentes, ni siquiera por los nuevos.
De cualquier forma, aparte de lo señalado, dada la preponderancia de Morena en su calidad de partido de Estado, resulta muy complicado que algún partido o incluso coalición partidaria pueda disputarle el poder o al menos la mayoría en las elecciones de 2027. Lo cual es independiente del creciente encono ciudadano hacia el Estado, y que seguramente se reflejará en un importante voto de castigo para el oficialismo o en un mayor abstencionismo que en los comicios de 2024, que fue de alrededor del 40 % del electorado.
Por lo pronto, la indignación ciudadana ya se refleja en el surgimiento de movimientos con fuertes liderazgos outsiders y amplia base social, entre ellos el Sombrero de Grecia Quiroz y el de Anticorrupción y Anticrimen de Ricardo Salinas Pliego, que pueden erigirse en alternativas de poder frente a la partidocracia y el régimen autoritario. El énfasis que este tipo de movimientos otorga a la libertad, la democracia y la justicia social, entre otras reivindicaciones, muestra el imperativo de constituir una alternativa liberal como eje político-ideológico para impulsar una segunda transición democrática, aunque ahora sobre bases más amplias y plurales que la acontecida en la década de los noventa, si bien ambas comparten el mismo supuesto: sin libertades políticas no se puede lograr la democratización. Asimismo, la libertad y la democracia son garantes de la propiedad, la seguridad y la soberanía, también amenazadas por la presidencia de Claudia Sheinbaum.
Después de todo, la historia de México ha sido una lucha por la libertad y, por ello, el liberalismo ha arraigado en la narrativa política nacional, incluso en las épocas más críticas o decisivas. En plena guerra de independencia, uno de sus principales protagonistas, José María Morelos, en los Sentimientos de la Nación (1813) postuló el imperativo de la división de poderes para impedir el absolutismo, particularmente del Ejecutivo. Cuando el país estaba en guerra con Estados Unidos (1847), el ilustre liberal Mariano Otero propuso “que la Constitución fije los derechos individuales y asegure su inviolabilidad”, los cuales fueron amenazados por la dictadura de Santa Anna, quien, como es bien sabido, vendió parte del territorio nacional como si fuera de su propiedad.
En la Carta Magna de 1857 se estableció que “el pueblo mexicano reconoce que los derechos del hombre son la base y el objeto de las instituciones sociales. En consecuencia, declara que todas las leyes y todas las autoridades del país deben respetar y sostener las garantías que otorga la presente Constitución” (artículo 1).
Durante la guerra civil, en la Justificación de las Leyes de Reforma o proclama del gobierno constitucional (1859), se afirmó que el gobierno, en tanto emanación de la Constitución de 1857, “y considerándose, además, como el representante legítimo de los principios liberales consignados en ella, debe comprenderse naturalmente que sus aspiraciones se dirigen a que sus ciudadanos, todos, sin distinción de clases ni condiciones, disfruten cuantos derechos y garantías sean compatibles con el buen orden de la sociedad; a que unas y otras se hagan siempre efectivas por la buena administración de la justicia”.
Una vez derrotado el invasor y restaurada la república, Benito Juárez, en su Manifiesto a la Nación (1867), proclamó “que el pueblo y el Gobierno respeten los derechos de todos”. Posteriormente, con la dictadura de Porfirio Díaz, quedaron suprimidas las libertades civiles básicas y, por ello, en el Programa del Partido Liberal (1906), los magonistas postularon que “las manifestaciones del pensamiento deben ser sagradas para un gobierno liberal de verdad; la libertad de palabra y de prensa no deben tener restricciones”. Y como entre las libertades suprimidas por el dictador estaba la elección de los gobernantes, Francisco I. Madero, en el Plan de San Luis (1910), proclamó “que en México, como república democrática, el poder público no puede tener otro origen ni otra base que la voluntad nacional, y esta no puede ser supeditada a fórmulas llevadas a cabo de un modo fraudulento”.
Así, los liberales de ayer, incluso en los momentos más aciagos de la república, como la situación que enfrentan los liberales de hoy, saben que sin libertad no se pueden ejercer los demás derechos, incluyendo los sociales. Por ello, enarbolar la bandera de la libertad debe aglutinar a todos los opositores y demócratas en torno a un programa que integre las reivindicaciones particulares de todos los sectores sociales y ciudadanos agraviados por los gobiernos populistas.
Si se conforma un movimiento liberal con candidaturas ciudadanas viables, se podrá competir electoralmente con posibilidades de derrotar al oficialismo, sobre todo en 2030. Pero si el régimen se empeña en mantenerse en el poder a “sangre y fuego” (narco pactos electorales, persecución y asesinato de opositores, etc.), entonces se pueden producir salidas violentas o abruptas (incluso antes de los comicios de 2027) que lleven el péndulo al extremo contrario y que puedan postergar una transición democrática negociada y pacífica.
Catedrático de la UNAM desde 1984. Doctor en Estudios latinoamericanos, experto en temas de historia de México y América Latina, de política internacional, socialdemocracia y populismo. Autor de 10 libros, entre los que se encuentran: Origenes y nacimiento de la autonomía universitaria en América Latina; Orígenes del pensamiento político en México y Pensamiento Político Socialdemócrata I. Ha sido Columnista del periódico Excélsior y de la revista Capital Político, entre otras. Fundador del Partido Socialdemócrata y Secretario de Ideología por ese partido.
