En el mercado laboral, existen dos agentes fundamentales para que los negocios prosperen. Por un lado, están los empresarios, y por otro, los consumidores. Los emprendimientos se desarrollan en sectores como los servicios, el comercio, la industria o el agronegocio, y su éxito depende de que los consumidores elijan marcas y empresas según sus cualidades y precios. Sin embargo, entre ambos existe un tercer agente que, en muchas ocasiones, interviene en el mercado laboral: el gobierno.
Los emprendimientos nacen de personas que identifican una oportunidad para ofrecer un servicio, fabricar o vender un producto, o invertir en el sector del agronegocio. El número de personas involucradas en cada negocio varía según su complejidad, al igual que la cantidad de maquinaria requerida. Cuanto más complejo es un negocio, más máquinas necesita para satisfacer la demanda; sin embargo, algunas empresas requieren más empleados que otras. Para que una empresa tenga éxito, debe existir una demanda constante por parte de los consumidores, lo que permitirá cubrir los costos operativos y generar ganancias suficientes para invertir a largo plazo. De este modo, la empresa podrá crecer anualmente, planificar nuevas sucursales y requerir más personal y maquinaria para mejorar la eficiencia de su gestión. Así, en este escenario exitoso, el mercado laboral contratará a más personas, creará nuevos puestos de trabajo y promoverá a los empleados a cargos directivos. Es decir, todos salen beneficiados: los empresarios, los consumidores, la población y, principalmente, los empleados y quienes buscan trabajo.
Por otro lado, especialmente en Latinoamérica, los gobiernos no suelen ver los emprendimientos con buenos ojos y, en muchas ocasiones, sacrifican a los empresarios con altas tasas impositivas, haciéndolos pagar el precio de su ineficiencia. Brasil y Argentina tienen una de las cargas tributarias más altas del mundo, con un 33.1 % y un 34.4 % del PIB, respectivamente. Brasil, además, impone una alícuota del 34 % sobre las ganancias empresariales y un 37.33 % de impuestos sobre los empleados (OCDE, 2023). Estas tasas son significativamente más altas que las de países europeos, americanos y Japón. A esto se suma la deficiente infraestructura, caracterizada por carreteras en mal estado, puertos congestionados y una logística basada principalmente en camiones, considerado el medio más costoso del sector logístico. Por si fuera poco, la complejidad burocrática y tributaria en estos países eleva aún más los costos operacionales de las empresas que operan en casi toda Latinoamérica.
Todavía existe un desafío en el mercado laboral latinoamericano: el asistencialismo del Estado como principal proveedor del sustento de muchas personas. En Brasil, una de cada cuatro personas recibe asistencia del gobierno, seguido por Argentina y Venezuela, que se destacan como los Estados más intervencionistas y asistencialistas de Latinoamérica. Sin embargo, Argentina ha comenzado a modificar este escenario con el gobierno liberal de Javier Milei. Es importante aclarar que no estoy cuestionando los beneficios de estos programas de asistencia en países latinoamericanos, que presentan algunos de los mayores índices de pobreza del mundo. Según la CEPAL (2023), el 27.3 % de la población latinoamericana vive en situación de pobreza. Sin embargo, el problema radica en el impacto que estas políticas tienen en el mercado laboral y en las distorsiones que generan.
Las personas que buscan estas asistencias gubernamentales suelen pertenecer a los sectores más pobres de la población. Una vez que adquieren el beneficio, muchas se acostumbran al asistencialismo y dejan de buscar empleo. Por otro lado, los empresarios enfrentan una escasez de mano de obra o se ven obligados a pagar salarios más altos para atraer empleados, ya que muchos prefieren no trabajar debido a que el Estado cubre sus necesidades básicas. Desde la pandemia, he escuchado a empresarios de diversos sectores de la economía quejarse de este problema. He visto negocios que han tenido que cerrar sus puertas por falta de trabajadores, empresas que han invertido en maquinaria moderna para suplir la escasez de personal e incluso un aumento en la contratación de personas mayores o jubiladas (estas pertenecen a una generación caracterizada por su responsabilidad, compromiso con la empresa y lealtad a sus principios).
Además, el propio gobierno no incluye en la tasa oficial de desempleo a quienes no trabajan, no estudian y tampoco buscan empleo. Esto ha dado lugar a una generación acostumbrada a vivir del asistencialismo estatal. En Brasil, más de 10 millones de personas entre 15 y 29 años se encuentran en esta situación (IBGE, 2024). Se les conoce como “ni-ni”: ni estudian ni trabajan.
Cuando viví en Inglaterra hace veinte años, en un momento busqué asistencia del gobierno inglés para obtener beneficios y vivienda, ya que estaba sin trabajo después de regresar de un viaje de dos meses por Europa con mochila. Gracias a la asistencia del gobierno inglés, recibí un subsidio semanal y alojamiento sin costo alguno. Sin embargo, todos los días la asistente social me llamaba para ofrecerme trabajo, hasta dos o tres veces al día. Además, tenía acceso a cursos profesionales financiados por el gobierno para mejorar mi calificación en el mercado laboral. En solo cuatro días ya estaba trabajando gracias a una de esas llamadas de asistencia social. A partir de ese momento, dejé de recibir el subsidio semanal, pero pude conservar la vivienda con un alquiler mensual reducido y la opción de compra a 30 años con apoyo estatal. Así es como debe funcionar una asistencia gubernamental eficiente: el gobierno te ayuda a reincorporarte al mercado laboral, a salir de la pobreza y a levantarte. Pero, una vez que logras estabilidad, regresas al mercado laboral para contribuir a la economía, dejando la asistencia para quienes realmente la necesitan.
Por lo tanto, el asistencialismo gubernamental es una buena opción para ayudar a las personas, pero no debe convertirse en un derecho adquirido. Debe ser un mecanismo eficiente que reintegre a las personas en la dinámica de la economía, brindándoles capacitación, abriéndoles puertas y guiándolas hacia los sectores con mayor demanda en el mercado laboral. De esta manera, no solo se apoya a los individuos, sino también a las empresas, impulsando toda la red del mercado laboral.
Doctorado en Economía por la Universidad de Salamanca (España), maestría en Administración de Negocios por la Universidad de Santa Maria (Brasil) y Licenciado en Administración por la Universidad de Cruz Alta (Brasil). Es profesor de ciencias económicas, finanzas y gestión de negocios en varios institutos de educación superior en Brasil. Es director de la firma Kruel Consultoria LTDA, con amplia experiencia en proyectos financieros y de desarrollo sectorial.
