Pasada la pandemia, la conversación internacional ha estado dominada por “Ucrania”, “Gaza”, “Trump” y últimamente por “Venezuela”, desplazando a otros temas como el “Medio Ambiente”, la “Globalización”, y hasta la “Democracia”, alguna vez candente, ha pasado a un segundo plano, pese a la proliferación de las dictaduras y los regímenes autoritarios o quizás por esa razón, ya que la llegada al poder de éstos radicó en gran parte por el descrédito del sistema democrático. Por estos motivos, y otras causas, “Nicaragua” es un tema olvidado, no obstante el drama que sufre el pueblo nicaragüense por la dictadura de Daniel Ortega-Rosario Murillo.
Hace casi un siglo en Nicaragua se implantó un régimen dictatorial dinástico, los Somoza, que la tiranizaron entre 1936 y 1979. Durante más de 40 años el somocismo ejerció el poder autoritariamente, con violaciones masivas a los derechos humanos y una represión inusitada (al menos 50 mil muertos), con escandalosos fraudes electorales, con una corrupción y un enriquecimiento sin precedentes, al concentrar esta familia más del 20% del total de la tierra del país, una multiplicidad de negocios ilícitos, que en conjunto les permitió acumular una fortuna equivalente al 33 del PIB y a la mitad de la deuda nacional (1979). Con los Somoza, Nicaragua se convirtió en base contrarrevolucionaria: por ejemplo, participó en el derrocamiento del gobierno de Arbez en Guatemala y en la invasión de Playa Girón, Cuba).
Durante la Guerra Fría el somocismo se benefició del respaldo de Estados Unidos, y dada la proliferación de dictaduras en América Latina (algunas de ellas todavía más sanguinarias), le permitieron a aquel, gozar de relativa invisibilidad internacional hasta el terremoto de 1972. Fue difundido ampliamente el lucro de los Somoza con la ayuda recibida del exterior, asi como el agravamiento de la situación social de los nicaragüenses. Los últimos años del régimen fueron de intensa represión conforme crecieron el descontento generalizado y la actividad revolucionaria liderada por los sandinistas. El viraje norteamericano, el aislamiento y el repudio internacionales coadyuvaron para el triunfo revolucionario en 1979.
Contra viento y marea la revolución tuvo una evolución democrática, económica y social, pero casi 30 años después, aquella fue traicionada por uno de sus principales protagonistas, Daniel Ortega, quien llegó por la vía electoral en 2007, pero para perpetuarse en el poder, con su esposa Rosario Murillo en la vicepresidencia desde entonces a la fecha. De manera similar a los Somoza, o incluso de forma más brutal, la pareja dictatorial implantó un régimen caracterizado por: una “copresidencia” que concentra el poder; el control del aparato de justicia y electoral; el sometimiento del parlamento; la persecución, tortura, prisión y violencia contra estudiantes, mujeres, artistas, escritores, periodistas, sacerdotes, críticos y opositores (muchos antiguos compañeros de lucha), incluyendo la expropiación de sus bienes y el despojo de la nacionalidad, y el exilio; el genocidio de los miskitos; la apropiación del Estado como negocio familiar (por ejemplo, ya para 2019 había desviado 3500 millones de dólares del subsidio venezolano) y el enriquecimiento ilícito; y el establecimiento de la reelección indefinida para instaurar una nueva dinastía.
Esta tiranía se ha beneficiado de la poca visibilidad internacional de sus atrocidades, dada la existencia de otros regímenes autoritarios en América Latina de mayor impacto, como la Venezuela chavista, que, incluso, la ha subsidiado. Asimismo, el régimen ha gozado de una alianza con sus socios China, Rusia e Irán, que le ha redituado comercio, capitales y préstamos, y erigirse en base para el espionaje, persecución y asesinato de opositores en el extranjero, y para el narcotráfico, entre otras actividades.
Sin embargo, las masivas protestas antidictatoriales de 2018, los violentos enfrentamientos y la sangrienta represión (con miles de víctimas, detenidos y desaparecidos) a la que debieron recurrir la dupla Ortega-Murillo para sofocarlas, provocaron la condena de numerosos gobiernos y organismos internacionales (ONU, OEA, CIDH, ACDH, FIDH, etc.), que demandaron el cese de aquella. Ante la poderosa protesta social, el régimen se ha endurecido e intensifica las violaciones a los derechos humanos, y pretende eternizarse en el poder (instauró la copresidencia).
Pero a diferencia de la década pasada, la correlación de fuerzas no le favorece a la dictadura. Similares regímenes autoritarios van de retirada, y en la región proliferan gobiernos de derecha (que han llegado al poder por la vía democrática), respaldados por el presidente Donald Trump, cuyo liderazgo antisistémico, ha cimbrado el mundo. En América Latina, su política de combate de los cárteles del narco le ha permitido al presidente norteamericano ejercer presión sobre todo contra los Narcoestados (como el cerceo que actualmente hace de la Venezuela de Maduro), y llevar a cabo su agenda enunciada ahora en una nueva Estrategia de Seguridad Nacional.
Concretamente en el “corolario Trump a la Doctrina Monroe” se establece, entre otros puntos, que el hemisferio americano es una prioridad estratégica absoluta de Estados Unidos, el cual deberá “impedir que los competidores no hemisféricos posicionen fuerzas u otras capacidades amenazantes, o que posean o controlen activos estratégicamente vitales en nuestro hemisferio”. Por ello, entre sus objetivos, se buscará reclutar “a nuestros amigos para controlar la migración, poner fin al tráfico de drogas y reforzar la estabilidad y la seguridad en tierra y mar”.
En este contexto, el pasado dos de diciembre se instaló el Comité Mexicano por la Democracia y Libertades en Nicaragua como “una iniciativa ciudadana que busca denunciar las graves violaciones a los derechos humanos en el país centroamericano y acompañar a los miles de nicaragüenses que han huido al exilio para salvar sus vidas”. Reveló que “el régimen ha llegado al extremo de despojar de su nacionalidad a escritores, artistas, líderes opositores y religiosos, confiscándoles bienes y anulando sus pensiones”, y “que se han visto obligados a refugiarse en Costa Rica, España, Guatemala y México, enfrentando precariedad económica, falta de documentos y separación familiar”
El colectivo -integrado por académicos, periodistas, escritores, activistas y líderes sociales mexicanos- anunció su primera campaña “Navidad sin presos políticos”, para exigir “la liberación de los encarcelados, la aparición de desaparecidos y el fin de la persecución dentro y fuera de Nicaragua. También solicitarán al Gobierno de México que utilice sus canales diplomáticos para gestionar liberaciones y otorgar asilo humanitario”. En este sentido, recordaron “la históricasolidaridad entre México y Nicaragua, especialmente durante la lucha contra la dictadura de Anastasio Somoza y el triunfo revolucionario inspirado en la figura de Augusto C. Sandino”, y que nuestro país “siguió con especial interés el proceso de emancipación nicaragüense y respaldó las aspiraciones de democracia, soberanía y justicia social”.
Sin olvidar, hay que apuntar, el conflicto entre los presidentes Taft y Díaz en 1909 por el asilo al mandatario nicaragüense José Santos Zelaya en 1909 -crisis tan grave que propició una intervención norteamericana en Nicaragua-, y desde luego, el gran esfuerzo pacificador de México con la creación del Grupo Contadora en los años ochenta, que evitó una guerra generalizada en el istmo, aunque fue motivo de fuertes tensiones con el gobierno de Reagan.
Ahora, nueva que México puede y debe jugar un papel de líder en una América Latina mente, ante una inminente intervención estadunidense en Venezuela y en general por el efecto Trump, cobra relevancia lo declarado por la revolucionaria, expresa política y desterrada, Dora María Téllez que el gobierno de Sheinbaum “no puede escudarse en los principios de no intervención y autodeterminación de los pueblos para evadir asumir una posición más firme frente a la dictadura de los Ortega-Murillo”, “y contribuir a que los nicaragüenses encontremos ese camino de regreso a la democracia”.
De lo contrario, el gobierno de México corre el riesgo de ser acusado de complicidad de las dictaduras (al solaparlas o respaldarlas), sino es que de ser “miembro del club autoritario latinoamericano”, y quedar aislado y vulnerable ante la nueva geopolítica mundial.
Catedrático de la UNAM desde 1984. Doctor en Estudios latinoamericanos, experto en temas de historia de México y América Latina, de política internacional, socialdemocracia y populismo. Autor de 10 libros, entre los que se encuentran: Origenes y nacimiento de la autonomía universitaria en América Latina; Orígenes del pensamiento político en México y Pensamiento Político Socialdemócrata I. Ha sido Columnista del periódico Excélsior y de la revista Capital Político, entre otras. Fundador del Partido Socialdemócrata y Secretario de Ideología por ese partido.
