A fines del siglo XIX, el presidente Nicolás de Piérola describió al país que gobernó 2 veces como “Perú: país de desconcertadas gentes esparcidas en un inmenso territorio”, en alusión a la caótica arquitectura social de una nación con múltiples visiones, muchas de ellas irreconciliables.
El Perú cuenta con 34 millones de habitantes, de los cuales 10 millones, un tercio de la población, viven en la capital, Lima, la Ciudad de los Reyes, antaño epicentro del poder colonial en Sudamérica. El resto de la población se disgrega básicamente en la región costera, donde se encuentran las grandes metrópolis peruanas.
Electoralmente, el mapa peruano divide el territorio en grandes bloques acordes a su desarrollo e idiosincrasia. Los Andes del centro y sur suelen votar por la izquierda; la costa norte y Lima suelen apegarse a la centroderecha, al igual que gran parte de la selva. Sin embargo, la región selvática suele tener menos población por su naturaleza agreste y, dentro de los Andes, uno de los departamentos más poblados, Junín, cuya capital, Huancayo, vive del comercio, resulta un departamento bisagra, pues bien vota a la derecha en una elección y a la izquierda en otra, algo parecido a lo que ocurre en Arequipa, la segunda ciudad más importante del país, que en 2016 votó masivamente por el derechista defenestrado Pedro Pablo Kuczynski y en 2021 por el profesor ultraizquierdista Pedro Castillo.
Pero lo que aúna a los peruanos de todos los bloques es, en su gran mayoría, el conservadurismo. El Perú es un país desconcertado, pero conservador ante todo. Tanto la ultraizquierda como la ultraderecha, ambas en boga en el mundo actual, se unen en Perú bajo la bandera del conservadurismo. No a la legalización del aborto, no al matrimonio entre personas del mismo sexo, menos aún a la adopción, no a la educación sexual integral y no a temas sensibles como la eutanasia. Tópicos que hacen que rivales tan disímiles en materia económica se unan en un solo frente. No es de extrañar ello, pues la izquierda que tiene apego en el sur andino tiene que mimetizarse con las costumbres conservadoras de la zona, mientras la derecha en la costa debe en gran medida su crecimiento a la fe religiosa. No en vano existe un papa nacionalizado peruano y un grueso poblacional cada vez mayor, el de las comunidades evangélicas. Cabe recordar que el fenecido presidente peruano Alan García creó como actividad oficial por fiestas patrias, paralela a la católica misa Te Deum, la Ceremonia de Acción de Gracias por el Perú, que congrega cada año a líderes evangélicos en Lima durante el aniversario patrio.
Bajo este paraguas poco diáfano de la política y la sociedad peruana, este 12 de abril se celebrarán elecciones para el periodo 2026-2031. Esta vez marcado por el desgaste de un Congreso que ha sobredimensionado su poder, aun cuando ha rozado casi el 90 % de desaprobación, y un Ejecutivo debilitado.
“No importa cuándo leas esto, el Perú tiene nuevo presidente”, decía un comentador cuando leía las noticias de la ascensión de José María Balcázar como nuevo presidente peruano tras la destitución de José Jerí, el breve. Y es que el Perú se ha vuelto tendencia mundial por la cantidad de presidentes que llegan y caen en tan poco tiempo desde 2016.
Ocho presidentes en solo diez años hacen que ser mandatario en Perú sea un trabajo de riesgo, pero no siempre fue así. La crisis política, que ahora parece permanente, inició en 2016, cuando el Congreso de la República se alistaba para un segundo proceso de vacancia contra el presidente electo Pedro Pablo Kuczynski, quien decidió renunciar antes de ser depuesto bajo la ambigua figura de la “permanente incapacidad moral” para gobernar, causal cuestionada que se encuentra en la actual Constitución. Hasta ese entonces, solo tres presidentes habían sido vacados en la historia peruana: José de la Riva-Agüero (1823), Guillermo Billinghurst (1914) y Alberto Fujimori (2000). Luego de 2016, la figura de la vacancia presidencial se volvió más una amenaza a los presidentes que un procedimiento extraordinario de destitución, siendo vacados 4 de los 8 que han gobernado en el decenio.
Sin serlo, el Perú se parece más a un extraño sistema parlamentario que a uno presidencialista. El poder que ostenta el Parlamento nace no de las mayorías, sino de las alianzas, a veces impensables ideológicamente, que se forman para empujar procesos como los de la vacancia, reformas constitucionales o incluso para desoír la voluntad popular.
El 6 de marzo de 2024, el Congreso peruano aprobó una reforma constitucional para el retorno a la bicameralidad (rechazada por el pueblo peruano en el referéndum del 9 de diciembre de 2018), así como la modificación de otros 53 artículos de la Constitución, entre ellos la posibilidad de que un candidato a la presidencia también pueda postular simultáneamente al Senado o a la Cámara de Diputados. De los 35 candidatos en carrera (uno falleció durante la campaña electoral), 16 también están postulando al Senado y 6 a la Cámara de Diputados. Si no logran la presidencia, al menos obtienen una curul parlamentaria.
Lo curioso de esto es que el partido que impulsó la unicameralidad en los noventa, aduciendo el alto costo de mantener dos cámaras para el erario nacional, el fujimorismo, es el mismo que votó a favor del retorno a la bicameralidad 30 años después, con reglas de juego totalmente discutibles y más costosas (ahora se pasa de 120 congresistas a 130 diputados y 60 senadores).
Asimismo, según la reforma, para este nuevo periodo y de aquí en adelante, el Congreso no podrá ser disuelto en su totalidad. Si un presidente utiliza la opción constitucional de cerrar el Congreso ante la censura de dos de sus gabinetes, solo podría cerrar la Cámara de Diputados; la de Senadores, que es la que elegirá a los altos funcionarios de los órganos constitucionalmente autónomos, seguirá funcionando.
En ese sentido, el gran reto del próximo presidente no es mantener la economía a flote, que entra casi en automático debido en gran parte a la independencia del Banco Central de Reserva y la liberalización del mercado, sino llegar al Ejecutivo con un respaldo de su partido en el Congreso que le permita trabajar en el tema más importante para los peruanos: la seguridad ciudadana; tarea difícil teniendo en cuenta el atomizado escenario político peruano y las alianzas temporales que se suscitan en el Parlamento, donde las traiciones también rondan a la orden del día, sino que lo diga Dina Boluarte, la expresidenta que tenía todo el apoyo congresal hasta que su propia frivolidad hizo que cayera a lo más bajo de la aprobación presidencial, siendo poco rentable para la imagen de un Congreso que la ensalzó. La vacaron y se fue sin pena ni gloria.
A nivel interno, el Perú se juega la institucionalidad y la gobernabilidad en estas elecciones, donde parece que repetirán escaños algunos partidos responsables de la crisis continua. A nivel internacional, el país está bajo la atenta mirada de la administración norteamericana, que ya se ha mostrado opositora al puerto de Chancay, uno de los puntos más importantes de la nueva Ruta de la Seda china. Al ser un puerto privado, no opera como concesión, haciendo que el Estado peruano pierda facultades para su supervisión, lo que ha desatado la molestia del gobierno de Donald Trump, que ahora está invirtiendo 1.500 millones de dólares en la modernización y traslado de la nueva base naval en el vecino puerto del Callao. Así, estas elecciones también serán monitoreadas por ambas potencias.
Este domingo, más de 27 millones de peruanos tienen entre sus manos la decisión de continuar siendo el meme político de la región o dotar, de una vez por todas, de seriedad a su sistema político en medio de, como diría el Nobel peruano, tiempos recios.
Politólogo por la Universidad Nacional Federico Villarreal, con diversos estudios y certificaciones de la Escuela Nacional de Administración Pública de Perú. Cuenta con más de diez años de experiencia laborando en entidades públicas como la Municipalidad de Miraflores, el Jurado Nacional de Elecciones, el Ministerio de Educación y la Embajada de Israel en Perú. Actualmente labora como Analista de actividades académicas en la Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR. Además es Internacionalista certificado por la Fundación Konrad Adenauer.
