Perspectivas electorales 2026 y las señales tempranas de un año decisivo

Pronosticar elecciones con muchos meses de anticipación siempre implica riesgos. Hacerlo con rigor exige algo más que intuición: requiere método, evidencia y, sobre todo, la capacidad de distinguir entre ruido coyuntural y tendencias estructurales. Desde el proceso electoral estadounidense de 2015–2016 he realizado, de manera sistemática, ejercicios de pronóstico electoral temprano, con una tasa de acierto elevada que forma parte central de mi trabajo como consultor y analista data-driven. El ejercicio de 2026 no es la excepción, aunque sí uno de los más complejos por la diversidad de contextos y calendarios.

Las elecciones que se celebrarán a lo largo de 2026 en Portugal, Costa Rica, Perú, Colombia, Brasil y las midterms de Estados Unidos configuran un mosaico de democracias con distintos niveles de institucionalización, fragmentación partidista y fatiga social. La selección de estos países responde a su peso político y a los vínculos históricos, culturales y estratégicos que mantienen con el espacio iberoamericano, así como a su relevancia para comprender las tendencias que hoy atraviesan a las democracias contemporáneas. El objetivo de este análisis no es ofrecer certezas absolutas, sino escenarios altamente probables, sustentados en datos, historia electoral y lectura estructural. Para ello he utilizado, en cada país, información proveniente de casas encuestadoras con probada precisión histórica en resultados electorales, como parte de un compromiso explícito con la objetividad metodológica y el uso responsable de herramientas empíricas.

Portugal

Portugal abre el calendario electoral de 2026 con elecciones presidenciales previstas para el domingo 18 de enero, con una segunda vuelta programada para el 8 de febrero, en caso de que ningún candidato alcance la mayoría absoluta en la primera ronda, conforme a lo establecido por la Constitución y la Ley Electoral. Aquí sí es metodológicamente válido trabajar con encuestas como evidencia, porque el menú de competidores está relativamente definido y la ciudadanía ya está proyectando preferencias reales. La referencia empírica central es la Sondagem de Aximage, Atualidade Política e eleições presidenciais (diciembre de 2025).

El primer punto analítico relevante no es únicamente quién encabeza la intención de voto, sino qué espacio ideológico está efectivamente disputando la presidencia. De acuerdo con Aximage, los dos punteros —André Ventura (19,1 %) y Luís Marques Mendes (18,2 %)— pertenecen al espectro de la derecha, seguidos muy de cerca por Henrique Gouveia e Melo (17,5 %), una figura que, aunque con un perfil más técnico e institucional, también es leída por amplios segmentos del electorado como una opción de orden y firmeza. Esto permite establecer desde ahora un marco claro: la presidencia portuguesa en 2026 será ganada por la derecha. La incógnita no es el signo ideológico del vencedor, sino qué tipo de derecha terminará imponiéndose.

Este dato es fundamental porque reduce de manera significativa el rango de incertidumbre. Cuando los dos primeros lugares comparten orientación ideológica, la elección deja de ser un plebiscito izquierda–derecha y pasa a ser una disputa entre estilos, credenciales y capacidades de ampliación de coalición. En ese contexto, el peso de los indecisos —que aún supera el 10 %— adquiere una función estratégica más que ideológica: no decidirán “el rumbo”, sino el perfil del liderazgo.

Los cruces regionales y demográficos refuerzan esta lectura. Ventura presenta fortaleza en el norte, mientras que Gouveia e Melo muestra mejor desempeño en Lisboa y entre los mayores de 65 años, un segmento con alta propensión a votar. Esto sugiere techos y pisos distintos: candidaturas con voto intenso pero limitado frente a opciones con menor polarización y mayor capacidad de capturar voto útil en la recta final.

Con base en esta evidencia, el pronóstico temprano para Portugal es el siguiente: el escenario más probable es una victoria de la derecha, definida por la consolidación de un voto de estabilidad en las últimas semanas, donde los indecisos tenderán a inclinarse por la opción que proyecte mayor gobernabilidad y menor riesgo institucional. La contienda será cerrada, pero el desenlace estará determinado menos por giros abruptos y más por la capacidad de cada candidato para representar orden, previsibilidad y experiencia en un contexto europeo marcado por presiones económicas y sociales.

Costa Rica

Costa Rica celebrará elecciones generales el domingo 1 de febrero de 2026. Si ninguna candidatura supera el umbral requerido para ganar en primera vuelta, la segunda ronda está prevista para el domingo 5 de abril, conforme al calendario oficial del Tribunal Supremo de Elecciones.

A diferencia de Portugal, el eje del análisis no pasa únicamente por quién encabeza hoy la intención de voto, sino por la forma en que se estructura el liderazgo en un sistema donde la segunda vuelta es el momento real de definición del poder. En Costa Rica, la primera ronda cumple una función de ordenamiento y la segunda, de decisión.

La evidencia empírica que fija ese orden proviene de la medición de IDESPO–UNA, comparando noviembre y diciembre de 2025. En ese lapso, el bloque de personas indecisas sigue siendo el más numeroso, pero muestra una caída clara de 52,4 % a 43,9 %, mientras Laura Fernández crece de 28,1 % a 32,8 %. La lectura es directa: a medida que la indecisión se reduce, el primer lugar se fortalece. No se trata de volatilidad, sino de consolidación temprana de un piso competitivo.

Ese patrón se confirma cuando se observa el panel de ECP y CIEP–UCR del 3 de diciembre de 2025, que considera únicamente a quienes afirman que sí votarán y se declaran totalmente decididos, con una muestra de 1.223 personas que representa el 69 % del total. En ese universo más exigente, Laura Fernández alcanza 30,0 %, muy por encima de Álvaro Ramos con 8,0 % y del resto de las candidaturas, que permanecen en márgenes claramente secundarios. Incluso bajo este filtro estricto, el liderazgo no se diluye, se reafirma.

Desde el punto de vista ideológico, Laura Fernández compite como continuidad política del movimiento del presidente Rodrigo Chaves y como candidata del Partido Pueblo Soberano, plataforma oficialista para 2026. Su posicionamiento combina un discurso de ruptura con la política tradicional con rasgos propios de una derecha contemporánea, centrada en orden, eficiencia del Estado, liderazgo ejecutivo y una agenda orientada a resultados más que a consensos tradicionales. Esa identidad es relevante porque ordena la contienda no en términos partidistas clásicos, sino como una disputa entre oficialismo y una oposición fragmentada.

Con base en esta evidencia, el escenario más probable es claro. Laura Fernández llegará a la segunda vuelta con ventaja, no solo por encabezar la intención de voto, sino porque hoy es la única candidatura que muestra un piso sólido, crecimiento sostenido y capacidad de absorber voto útil en un entorno disperso. La elección no se definirá en febrero, pero el marco dentro del cual se resolverá en abril ya está trazado.

En Costa Rica, el dato duro no apunta a incertidumbre estructural, sino a una asimetría temprana. De un lado hay liderazgo concentrado y reconocible. Del otro, fragmentación persistente. Salvo un reordenamiento mayor del campo opositor, el proceso electoral de 2026 se encamina a una segunda vuelta en la que la candidatura oficialista parte con una ventaja real y verificable.

Perú

El país sudamericano celebrará elecciones generales con una primera vuelta el 12 de abril y una eventual segunda vuelta el 7 de junio, conforme al calendario electoral difundido por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

En el caso peruano conviene afinar el encuadre metodológico desde el inicio. A diferencia de Portugal y, en parte, de Costa Rica, aquí la herramienta demoscópica debe leerse con una cautela adicional, no por falta de calidad técnica, sino por el tipo de sistema político que enfrenta la elección. Con un campo altamente fragmentado y una conversación pública saturada de desinformación y precampañas permanentes, la encuesta de diciembre no “predice” el desenlace, describe la fotografía del momento en el punto más temprano del ciclo. Esa precisión no reduce el valor del dato, lo coloca en su lugar correcto.

Dicho eso, las dos mediciones utilizadas son consistentes en lo esencial y por eso resultan analíticamente relevantes. Se trata, además, de los estudios elaborados por las firmas con mayor trayectoria, reconocimiento técnico y credibilidad histórica en el análisis electoral peruano. En la encuesta nacional urbano-rural de Ipsos Opinión y Mercado, el primer lugar lo ocupa Rafael López Aliaga con 10 %, seguido por Keiko Fujimori con 7 % y Mario Vizcarra con 5 %, en un escenario en el que “blanco/viciado/ninguno” suma 28 % y “no precisa” 20 %.  La propia ficha técnica reporta una muestra de 1.211 entrevistas y un margen de error de ±2,8 % con 95 % de confianza.  

Datum Internacional, en su Estudio de Opinión Pública Electoral de diciembre de 2025, confirma el mismo orden en la punta, con Rafael López A. en 10,5 %, Keiko Fujimori en 7,5 % y Mario Vizcarra en 6,5 %.  En esta medición, la suma del bloque indeciso operativo es todavía mayor, “ninguno/blanco/viciado” 35,1 %, “no sabe” 14,7 % y “no iría a votar” 0,7 %, lo que coloca a más de la mitad del electorado fuera de una preferencia afirmativa por candidatura en este corte.  La ficha técnica reporta 1.201 encuestas, margen de error ±2,8 % y levantamiento del 4 al 8 de diciembre de 2025. 

La lectura política de la fotografía también es clara. Los dos punteros provienen de la derecha peruana, aunque de estilos distintos. López Aliaga se ubica en una derecha conservadora y de discurso de orden, mientras Fujimori representa la continuidad del fujimorismo como fuerza de derecha organizada con alta recordación, techo y piso electoral propios.  Esto importa porque, incluso en un escenario volátil, hay una implicación estructural que sí puede sostenerse desde ahora: la competencia real por entrar al balotaje, en el corte de diciembre, está siendo liderada por dos marcas políticas reconocibles que capturan voto duro en un país donde la dispersión suele castigar a candidaturas sin estructura territorial.

Con base estricta en la evidencia disponible, el pronóstico temprano para Perú debe formularse en dos niveles, sin forzar la conclusión final. Primero, el escenario altamente probable es una segunda vuelta, no como suposición, sino como derivación de fragmentación y del volumen de no definición que muestran Ipsos y Datum en diciembre.    Segundo, si la elección se mantuviera “congelada” en la fotografía actual, el escenario más probable es que Rafael López Aliaga y Keiko Fujimori sean los mejor posicionados para disputar uno de los dos lugares del balotaje, con una ventaja relativa sobre el resto del menú. Esto no es relativismo, es rigor temporal. En Perú, a diferencia de sistemas más consolidados, el dato serio no es afirmar hoy quién ganará en junio, sino identificar con precisión qué candidaturas ya muestran piso competitivo y cuáles están, todavía, en condición de expectativa mediática.

Brasil

El país más poblado de América Latina celebrará elecciones generales el domingo 4 de octubre de 2026, en las que se renovarán la presidencia, la vicepresidencia, el Congreso Nacional, los gobiernos estatales y las asambleas legislativas. A diferencia de otros países analizados, el proceso brasileño no parte de un escenario fluido ni de una competencia abierta, sino de una polarización política profundamente arraigada, consolidada a lo largo de la última década y todavía no resuelta.

En Brasil, las elecciones no se explican desde la coyuntura inmediata, sino desde la persistencia de dos grandes bloques políticos que han estructurado la competencia desde 2018. Este rasgo distingue al país del resto de América Latina. Aquí el electorado no está en búsqueda de referencias, sino dividido entre identidades políticas claras, con altos niveles de movilización y fidelidad. La contienda de 2026 será menos volátil que en otros casos, pero no por ello menos intensa.

Un elemento central del contexto actual es el papel activo del Poder Judicial en la arena política, particularmente del Supremo Tribunal Federal. En amplios sectores de la sociedad brasileña existe la percepción de que las decisiones judiciales más relevantes han tendido a alinearse con los intereses del campo gobernante. No se trata de afirmar un control formal del sistema judicial, sino de describir un fenómeno político concreto, una sensación extendida de desequilibrio institucional que incide directamente en la legitimidad del juego democrático ante una parte significativa del electorado.

El caso más visible de esta dinámica es el proceso judicial contra Jair Bolsonaro. Más allá de la discusión jurídica de fondo, dicho proceso es interpretado por sus seguidores y por observadores críticos como una acción con claro impacto político, orientada a debilitar estructuralmente a la derecha brasileña y limitar su capacidad de competir en igualdad de condiciones. El efecto es tangible. El bolsonarismo sigue siendo una fuerza social y electoral relevante, pero se ve obligado a operar sin su principal figura, lo que introduce una asimetría sustantiva en la competencia.

Para el análisis de Brasil se utiliza exclusivamente la medición de AtlasIntel, firma de referencia internacional por su alto nivel de precisión empírica y su desempeño comprobado en elecciones recientes en América Latina y Estados Unidos. El análisis se basa en el informe Latam Pulse Brasil, diciembre de 2025, elaborado en conjunto con Bloomberg, con una muestra de 18,154 entrevistados, margen de error de ±1 punto porcentual y levantamiento realizado entre el 10 y el 15 de diciembre de 2025.

Los resultados muestran un país prácticamente dividido en mitades. La aprobación del presidente Luiz Inácio Lula da Silva se sitúa en 48,8 %, frente a una desaprobación de 50,7 %. La evaluación del gobierno replica ese equilibrio tenso, con 46,5 % que lo considera bueno u óptimo y 48,9 % que lo califica como malo o pésimo. No se observa un liderazgo expansivo, sino un respaldo suficiente para sostenerse frente a una oposición igualmente consolidada, aunque condicionada.

En los escenarios electorales modelados por AtlasIntel para 2026, Lula se mantiene como el referente dominante del espacio de izquierda y centroizquierda. Del lado opositor, la derecha aparece fragmentada y forzada a explorar alternativas con menor capital político propio, como Tarcísio de Freitas o Flávio Bolsonaro, ninguno de los cuales alcanza todavía niveles de competitividad equivalentes a los del liderazgo original. Esta fragmentación no es ideológica, sino consecuencia directa de las restricciones institucionales que pesan sobre su figura central.

Desde el punto de vista ideológico, el eje es nítido. El oficialismo representa una izquierda pragmática con fuerte énfasis social, estatal y redistributivo. La oposición de derecha articula conservadurismo cultural, discurso de orden y una narrativa antiestablishment que, paradójicamente, se ha visto reforzada por la percepción de exclusión institucional. La elección de 2026 se jugará tanto en el terreno electoral como en el simbólico, en torno a legitimidad, reglas y límites del sistema.Con base en esta evidencia, el pronóstico temprano para Brasil apunta a una elección altamente polarizada, con probable segunda vuelta y una ventaja estructural del oficialismo, derivada de la fragmentación de la derecha y por las restricciones institucionales que limitan a su principal liderazgo. Salvo un reordenamiento mayor del campo conservador o un evento disruptivo de gran magnitud, el escenario más probable es que Luiz Inácio Lula da Silva llegue al balotaje con ventaja y que el desenlace final se defina más por la arquitectura institucional y la capacidad de movilización que por cambios abruptos en la opinión pública.

Colombia

Este país celebrará elecciones presidenciales con primera vuelta el 31 de mayo y segunda vuelta el 21 de junio. A diferencia del resto de los países analizados, este es el único caso en el que no resulta metodológicamente responsable apoyar el pronóstico en encuestas de intención de voto. El motivo no es la ausencia de mediciones, sino su irrelevancia analítica en esta fase del ciclo. El sistema político colombiano entra en 2026 con un menú de candidaturas aún en construcción, múltiples procesos internos y consultas partidistas por delante y una fragmentación temprana que impide leer preferencias estables.

En este contexto, la variable decisiva no es quién aparece hoy con mayor recordación, sino el desempeño del gobierno saliente y su impacto sobre el clima político general. El mandato de Gustavo Petro llega a su tramo final con un desgaste significativo. La dificultad para traducir su agenda de cambio en resultados tangibles, los conflictos recurrentes con el Congreso, la rotación en el gabinete y una narrativa confrontativa han erosionado su capacidad de construir mayorías estables. Más allá de cifras coyunturales, lo relevante es que el gobierno ha perdido la iniciativa política y ha activado un voto de castigo latente, fenómeno bien documentado en democracias presidenciales de la región.

Ese desgaste no se traduce automáticamente en una transferencia ordenada hacia una derecha tradicional. La experiencia colombiana sugiere lo contrario. Cuando el oficialismo llega debilitado y la oposición partidista aparece fragmentada o desacreditada, el sistema tiende a abrir espacio a figuras no convencionales, capaces de canalizar el descontento sin cargar con los costos del establishment. En 2022, el voto de ruptura benefició a Petro. En 2026, la lógica estructural apunta a que ese mismo impulso correctivo se moverá en sentido inverso.

Por ello, el eje analítico para Colombia no es izquierda contra derecha en términos clásicos, sino continuidad frente a corrección. El bloque asociado al petrismo llegará a la contienda con un piso ideológico definido, pero con dificultades para expandirse más allá de su base. Del otro lado, el campo opositor se perfila amplio pero disperso, con partidos tradicionales, liderazgos regionales y figuras emergentes compitiendo por el mismo electorado crítico del gobierno. En ese escenario, la probabilidad de que la elección se resuelva en segunda vuelta es alta.

La hipótesis central, sustentada en análisis políticos recientes y en la lectura histórica del comportamiento electoral colombiano, es clara. El desgaste del gobierno de Petro incrementa de manera significativa la probabilidad de un giro hacia la derecha o la centroderecha, pero no necesariamente encabezado por las figuras tradicionales de ese espectro. El candidato con mayores probabilidades de éxito será aquel que logre presentarse como outsider creíble, capaz de articular un discurso de orden, corrección institucional y eficacia, sin aparecer como restauración pura del pasado.

Con base en esta estructura, el pronóstico temprano para Colombia apunta a una elección definida en segunda vuelta, con un candidato asociado al bloque oficialista enfrentando a una figura emergente que concentre el voto anti-Petro. Si ese outsider logra sobrevivir a la fragmentación inicial y convertirse en el punto de convergencia del voto correctivo, será el favorito para imponerse en el balotaje. No se trata de anticipar un nombre propio, sino de identificar con claridad la lógica que decidirá la elección. En Colombia, 2026 no se perfila como un plebiscito ideológico, sino como un ajuste de rumbo, impulsado por el desgaste del gobierno y la búsqueda de una alternativa que prometa control, estabilidad y resultados.

Estados Unidos (Midterms)

La Unión Americana cerrará el ciclo de comicios analizado con las elecciones intermedias del 3 de noviembre de 2026, en las que se renovará la totalidad de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado. Conviene subrayarlo desde el inicio. Falta mucho para estas elecciones y, por definición, cualquier ejercicio de pronóstico temprano debe leerse con cuidado. Aun así, el sistema político estadounidense permite un análisis con un grado de certidumbre mayor que en otros países, debido a la consistencia histórica de los patrones de comportamiento electoral en elecciones de medio término.

Para este apartado se utilizan dos fuentes por su solidez técnica y desempeño histórico en Estados Unidos. La primera es AtlasIntel considerada una de las encuestadoras más precisas a nivel internacional tras los ciclos de 2020 y 2024. La segunda es Rasmussen Report, firma con larga trayectoria en la medición del pulso político y del voto genérico al Congreso, un indicador clásico para anticipar el balance de fuerzas en la Cámara.

Las elecciones intermedias en Estados Unidos han funcionado de manera recurrente como un mecanismo de contrapesofrente al poder presidencial. El electorado suele aprovechar estos comicios para equilibrar fuerzas en el Congreso, lo que se traduce, una y otra vez, en pérdidas legislativas para el partido que ocupa la Casa Blanca. Este patrón, conocido en la literatura como midterms effect o midterm curse, no responde a coyunturas específicas ni a crisis puntuales, sino a una regularidad histórica profundamente arraigada en el sistema político estadounidense.

Los datos durante muchas décadas han sido contundentes. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, el partido del presidente solo ha ganado escaños en la Cámara de Representantes en dos ocasiones, en 1998 bajo Bill Clinton y en 2002 con George W. Bush, este último en un contexto excepcional posterior al 11 de septiembre. En promedio, el partido en el poder pierde alrededor de 30 escaños en la Cámara durante las elecciones intermedias. En las últimas 25 elecciones de medio término, el partido presidencial ha perdido escaños en 22.

Sobre ese telón de fondo, las encuestas de diciembre de 2025 deben leerse con cuidado analítico. El estudio nacional de AtlasIntel, levantado entre el 15 y el 19 de diciembre con una muestra de 2,315 personas y un margen de error de ±2 puntos porcentuales, muestra que, si las elecciones intermedias para la Cámara de Representantes se celebraran hoy, el candidato demócrata concentraría 54,4 % de la intención de voto, frente a 38,4 % del candidato republicano, con un 6,0 % que aún no sabe y un 1,2 % que no votaría.

Rasmussen Reports confirma la misma dirección. En su medición de diciembre de 2025 sobre el generic congressional ballot, los republicanos registran 48 % frente a 43 % de los demócratas, una brecha de cinco puntos que, a un año de distancia, es estadísticamente relevante en el contexto de elecciones intermedias. Más que el número puntual, lo importante es la persistencia de la ventaja.

Un punto clave que debe precisarse es el nivel de aprobación presidencial. A diferencia de otros presidentes en ciclos comparables, la aprobación del presidente Donald Trump no es baja en términos históricos. De acuerdo con Rasmussen Reports, en este punto de su segundo mandato Trump registra niveles de aprobación superiores a los que tuvieron Barack Obama y George W. Bush en el mismo tramo de sus presidencias. Este dato rompe con la idea de un castigo legislativo motivado por rechazo masivo al presidente. En realidad, el midterm curse no requiere una mala evaluación presidencial, solo una aprobación insuficiente para movilizar al electorado propio en una elección donde la participación es diferencial y la oposición suele estar más motivada.

A este cuadro se suma un factor institucional adicional. Tras el último censo, se llevó a cabo el proceso habitual de redistritación electoral, mediante el cual se redefinen los límites de los distritos para la Cámara de Representantes. En la mayoría de los estados, este proceso ha estado en manos de legislaturas estatales, muchas de ellas controladas por republicanos. El resultado ha sido un mapa que tiende a reducir el número de distritos verdaderamente competitivos, concentrando voto demócrata en distritos urbanos seguros y distribuyendo de manera más eficiente el voto republicano en distritos disputables. Este reacomodo no garantiza victorias automáticas, pero eleva el umbral que el partido gobernante necesita superar para revertir el control de la Cámara y amplifica los efectos típicos de las midterms.

Con base en los patrones y en los datos actuales de AtlasIntel y Rasmussen Reports, el pronóstico temprano para Estados Unidos es consistente. El escenario más probable es que el partido del presidente pierda escaños en la Cámara de Representantes, como ocurre de manera recurrente en las elecciones intermedias. Sin embargo, esa pérdida no implica necesariamente un cambio de mayoría, ya que el Partido Republicano parte de una base suficientemente amplia como para absorber retrocesos moderados y aun así conservar el control de la Cámara, o incluso reforzarlo en términos funcionales.

En el Senado, el panorama es más complejo debido a que solo una parte de los escaños está en disputa y a la composición específica del mapa electoral. Aun así, la lógica estructural de las elecciones intermedias también tiende a favorecer a la oposición.

En síntesis, las elecciones intermedias de 2026 no se perfilan como una anomalía, sino como una confirmación del patrón. Incluso con un presidente relativamente bien evaluado, el midterms effect y el midterm curse siguen plenamente vigentes. Salvo un evento extraordinario que altere de manera abrupta el clima político, Estados Unidos se encamina a unas midterms en las que el voto legislativo volverá a actuar como mecanismo de contrapeso institucional, cerrando con coherencia el panorama electoral comparado de 2026.

Este ejercicio analítico permite identificar una dirección incipiente. La evidencia disponible muestra que, en la mayoría de los países analizados, el progresismo llegará en 2026 con menor capacidad de arrastre, mientras que las opciones de derecha aparecen mejor posicionadas para capitalizar el clima político por venir.