El Congreso peruano ha destituido nuevamente a un presidente en medio de un escándalo que combina opacidad, posibles influencias indebidas y explicaciones poco convincentes. José Jerí, quien ocupaba el cargo de manera interina, fue removido por una moción de censura aprobada con 75 votos a favor, 24 en contra y tres abstenciones. El detonante principal fue el llamado “Chifagate”: reuniones no registradas con empresarios chinos bajo investigación, incluyendo visitas a restaurantes y al Palacio de Gobierno que generaron sospechas de tráfico de influencias y patrocinio ilegal. A esto se sumaron acusaciones de contrataciones irregulares de jóvenes que habían sido recibidas en la sede presidencial. Jerí defendió sus acciones como “errores de forma” y negó irregularidades, pero sus versiones contradictorias no convencieron a un Legislativo fragmentado y ansioso por marcar distancia de cualquier señal de corrupción.
Este episodio no es aislado. Perú atraviesa una crisis de gobernabilidad persistente: en poco más de una década ha tenido ocho presidentes, la mayoría removidos por el propio Congreso mediante figuras como la vacancia por “incapacidad moral permanente” o censuras directas. Ninguno de los mandatarios posteriores a Ollanta Humala (2011-2016) completó su período constitucional. La secuencia incluye renuncias forzadas, vacancias exprés y sucesiones interinas de duración dispar. El resultado es un Ejecutivo debilitado, sin margen para políticas sostenidas, frente a un Legislativo que ha convertido su función de control en herramienta política cotidiana.
El problema no es solo la política, es el diseño
La inestabilidad peruana no puede explicarse únicamente por escándalos o polarización. El núcleo del problema se encuentra en un arreglo institucional que incentiva el conflicto y facilita la salida anticipada del presidente.
El sistema combina rasgos de presidencialismo y parlamentarismo sin reproducir los equilibrios de ninguno. El jefe de Estado es elegido por voto popular y no depende formalmente de la confianza del Congreso para gobernar, pero el Legislativo dispone de mecanismos relativamente accesibles para removerlo. La figura de la “incapacidad moral permanente”, contemplada en la Constitución de 1993, carece de una definición jurídica precisa. En la práctica, funciona como un instrumento político discrecional: una mayoría parlamentaria puede activar el proceso sin sentencia judicial ni pruebas concluyentes.
Este esquema genera incentivos distorsionados. En los regímenes parlamentarios, la caída de un gobierno suele conducir a elecciones anticipadas. En los presidencialismos clásicos, la remoción exige procesos judiciales rigurosos y mayorías calificadas. Perú ofrece una fórmula intermedia: el Congreso puede destituir al mandatario con relativa facilidad, pero sin asumir el costo político de acudir nuevamente a las urnas. El resultado es un sistema donde derribar presidentes se vuelve una opción recurrente.
A esta fragilidad se suma la debilidad del sistema de partidos. El Congreso se compone de numerosas bancadas pequeñas, sin disciplina interna ni coherencia programática. El transfuguismo es frecuente y las alianzas se arman y deshacen según intereses inmediatos. La prohibición de reelección inmediata ha producido una clase legislativa con alta rotación, escasa experiencia y fuertes incentivos de corto plazo. Muchos congresistas no buscan construir trayectorias políticas, sino aprovechar su paso por el cargo para posicionarse individualmente.
El diseño electoral también alimenta la fragmentación. Los bajos umbrales permiten el ingreso de organizaciones sin arraigo nacional ni estructura sólida, lo que produce bancadas heterogéneas e inestables. En ese contexto, el presidente suele gobernar sin mayoría propia, dependiendo de acuerdos precarios que pueden romperse en cualquier momento.
La consecuencia es un círculo vicioso: ejecutivos sin respaldo parlamentario enfrentan un Congreso fragmentado que dispone de herramientas institucionales para removerlos. Cada crisis, error o caída de popularidad se convierte en ocasión para activar la vacancia. El mecanismo deja de ser excepcional y se transforma en práctica habitual.
Los efectos de esta dinámica son profundos. En el plano político, la rotación constante impide la continuidad de políticas públicas. Reformas en seguridad, educación, salud o infraestructura se interrumpen con cada relevo en el poder. La inseguridad, marcada por extorsiones, sicariato y economías ilegales como la minería aurífera, se agrava porque ninguna administración logra sostener estrategias integrales a mediano plazo.
En el ámbito económico, el país ha resistido gracias a instituciones técnicas sólidas, como el Banco Central de Reserva. Sin embargo, la incertidumbre política reduce la inversión privada, retrasa proyectos estratégicos y eleva el costo del financiamiento. El crecimiento potencial ha caído de cerca del 6% a alrededor del 3%, mientras la informalidad supera el 70%, limitando la generación de empleo formal y la reducción de la pobreza.
En el plano social, el deterioro institucional es visible. La ciudadanía observa con escepticismo cómo un Congreso con baja aprobación decide el destino del Ejecutivo. Esto debilita la confianza en la democracia, alimenta la apatía electoral y abre espacio a liderazgos antisistema o populistas.
La destitución de José Jerí no resuelve los problemas estructurales de Perú. Solo confirma una dinámica donde las reglas del juego facilitan la caída de presidentes sin corregir las causas de fondo. Mientras el país se encamina a nuevas elecciones, la pregunta relevante no es quién ocupará el cargo interinamente, sino si existirá voluntad política para reformar un sistema que, en su afán de controlar el poder, ha terminado por volverlo inestable. América Latina debería observar con atención: cuando las reglas incentivan la confrontación permanente, la inestabilidad deja de ser accidente y se convierte en resultado previsible.
