La confianza ciudadana en los partidos políticos atraviesa una crisis estructural. La Encuesta Nacional sobre Cultura Cívica (2020) muestra que apenas 2 de cada 10 mexicanos confían mucho o algo en estas organizaciones, y el Latinobarómetro 2023 indica que en América Latina, y particularmente en México, solo 3 de cada 10 encuestados mantienen algún grado de confianza en ellos. Esta erosión no es nueva, pero sí creciente: los partidos se han transformado en estructuras burocráticas costosas, alejadas de la ciudadanía, y en muchos casos, en negocios privados financiados con recursos públicos.
Financiamiento a partidos políticos en años electorales (2000 a 2025)
En México, el financiamiento público a los partidos ha escalado sin que esto se traduzca en mejores resultados democráticos. De hecho, distintos análisis comparativos —incluyendo datos de IDEA Internacional y del Instituto Nacional Electoral— colocan a México entre los países que más recursos públicos destinan a partidos políticos en todo el mundo, tanto en términos absolutos como en proporción al PIB, superando ampliamente a la mayoría de democracias consolidadas. El argumento histórico para sostener estos recursos ha sido evitar la penetración del narcotráfico o intereses privados indebidos. Sin embargo, la realidad ha demostrado que ni el financiamiento estatal ha blindado a los partidos de la infiltración criminal, ni ha fortalecido su representatividad.
Ejemplos internacionales sin financiamiento público
Las dos democracias más grandes del mundo funcionan sin financiar a los partidos con dinero público: Estados Unidos e India. En el primero, el financiamiento proviene de donaciones privadas reguladas, comités de acción política (PACs) y aportaciones individuales transparentes. En India, no existe un subsidio directo del erario para sostener partidos de manera permanente.
Otros países han seguido este camino. Suiza financia a sus partidos a través de donaciones privadas transparentes y deducibles de impuestos, con prohibición de aportaciones en efectivo. En Singapur, los partidos dependen de cuotas de afiliados y donaciones de empresas nacionales, con estricta prohibición de fondos extranjeros. Camboya establece que los partidos deben autofinanciarse con aportaciones voluntarias, actividades comerciales legales y recursos propios, con obligación de reportar anualmente ingresos y gastos al Ministerio del Interior.
En América Latina, el caso más reciente es Ecuador, cuya Asamblea aprobó a finales de 2024 retirar el financiamiento estatal a los partidos. Y en Argentina, el presidente Javier Milei ha anunciado su intención de eliminar el financiamiento público, argumentando que el dinero de los contribuyentes no debe sostener estructuras partidarias ineficientes y politizadas.
Por qué es viable el financiamiento 100% privado
Los que defendemos el financiamiento cero planteamos cinco beneficios principales:
- Reducción del gasto público: liberar miles de millones de pesos anuales para educación, salud o seguridad, en lugar de destinarlos a mantener burocracias partidistas.
- Autonomía de los partidos: eliminar la dependencia del Estado y la tentación de usar el presupuesto como mecanismo de control político.
- Vínculo directo con la ciudadanía: obligar a los partidos a convencer a sus simpatizantes de financiarlos, fortaleciendo la relación partido–elector.
- Competencia basada en mérito: sobrevivirán los partidos que logren movilizar apoyo real y efectivo, no los que dependen de una transferencia automática.
- Menor burocracia y corrupción: al desaparecer las estructuras estatales dedicadas a administrar el dinero de los partidos, se reducen costos y riesgos de desvío.
El contraargumento recurrente es que, sin financiamiento público, el dinero ilícito podría capturar a los partidos. Sin embargo, este riesgo ya existe con el esquema actual. La solución técnica no pasa por mantener subsidios, sino por prohibir el uso de efectivo y obligar a que todas las transacciones partidistas se hagan mediante cuentas fiscales auditables, con facturación y trazabilidad. Así, cada aportación quedaría registrada, como ocurre en Suiza desde 2023, donde incluso los donantes reciben comprobantes deducibles de impuestos.
Un problema de legitimidad, no solo de dinero
Más allá del financiamiento, la legitimidad de los partidos está en mínimos históricos. La encuesta de Cultura Cívica muestra que los partidos son la institución con menor confianza entre los mexicanos. Y el Latinobarómetro revela que cada vez más ciudadanos creen que la democracia podría funcionar sin partidos políticos: en América Latina, esta percepción pasó de 31% en 2013 a 42% en 2024.
Este dato es alarmante. No se trata solo de discutir presupuestos, sino de reconocer que el modelo actual ha fracasado en conectar con las demandas sociales. Los partidos, concebidos como vehículos de representación ciudadana, han derivado en corporaciones políticas que priorizan la supervivencia de sus cúpulas.
En México, crear un partido político se ha convertido en un negocio rentable para ciertos liderazgos. Algunos presidentes de partidos han acumulado fortunas personales mientras las organizaciones que dirigen pierden votos y credibilidad. La paradoja es evidente: cuanto más se alejan de la ciudadanía, más recursos reciben.
Una oportunidad para replantear el modelo
El financiamiento cero no busca eliminar a los partidos, sino forzarlos a transformarse. Bajo este esquema, su permanencia dependería de su capacidad real para inspirar y movilizar apoyo económico entre la ciudadanía, operando con transparencia absoluta en el manejo de sus ingresos y gastos. La competencia se daría en un terreno parejo, sin subsidios que premien la inercia o el simple hecho de existir, sino reconociendo a quienes demuestren eficacia, representatividad y compromiso con sus bases.
En un país donde los recursos públicos son limitados y las demandas sociales son urgentes, destinar decenas de miles de millones de pesos acumulados a partidos con credibilidad erosionada es un lujo insostenible. La pregunta central no es si debemos mejorar la fiscalización del dinero que reciben, sino si debemos seguir financiando con dinero público estructuras que han perdido su esencia representativa.
Adoptar un modelo de financiamiento 100% privado, con reglas claras y transparencia absoluta, no resolverá por sí solo la crisis de legitimidad, pero enviará una señal inequívoca: los partidos deben vivir del respaldo real de sus bases, no de la renta garantizada que otorga el Estado.
Discutir el financiamiento de los partidos es discutir el tipo de país que queremos: uno que destina miles de millones a sostener maquinarias políticas en decadencia o uno que invierte en seguridad, educación y oportunidades reales para su gente. Esta discusión debe ser abierta a toda la sociedad civil, no monopolizada por representantes de partidos que han hecho del financiamiento público un privilegio.
Consultor y analista data-driven. Egresado de la licenciatura en Ciencias Políticas por la Universidad de Los Andes (Venezuela), del Máster en Gestión Pública de la Universidad Complutense de Madrid (España) y de la Maestría en Política y Gestión Pública del ITESO (México). Fue Director Editorial de la revista Capital Político. Actualmente es Director General de la agencia Politics & Government Consulting y CEO de la revista Eje Global en la ciudad de Miami, Estados Unidos de América.
