Bolivia atraviesa una crisis política y electoral profunda. La justicia está al servicio de intereses partidarios. El MAS, que alguna vez fue una fuerza dominante, ahora es un campo de batalla entre facciones enfrentadas. El Tribunal Supremo Electoral sufre presiones, las candidaturas surgen sin propuestas ni trayectoria, y los partidos reales han desaparecido. A solo meses de las elecciones presidenciales de 2025, el escenario es incierto. No solo preocupa la debilidad institucional: también crece el riesgo de que las elecciones no lleguen a realizarse, en medio del caos político, la crisis económica, energética y la ausencia total de liderazgo.
Faltan menos de tres meses para las elecciones judiciales —si es que se llevan a cabo— y el país sigue atrapado en un pantano institucional. La política ha contaminado todo. El voto ciudadano se ha vuelto un objeto judicial. El proceso electoral parece un juego sin reglas claras, sin árbitros confiables y con candidatos que cambian de camiseta según convenga. Bolivia no vivía un momento tan oscuro desde el retorno a la democracia en 1982.
La judicialización del proceso no es nueva, pero ha llegado a un nivel extremo. El sistema judicial, en vez de resolver disputas, actúa como actor político. Las peleas internas del MAS se trasladaron a los tribunales, que ahora definen candidaturas según el bando que presiona más fuerte. La situación llegó al límite cuando los vocales del Tribunal Supremo Electoral, Tahuichi Tahuichi Quispe y Óscar Hassenteufel, fueron amenazados y sus direcciones personales se hicieron públicas por sectores afines a Evo Morales. La presión fue tan grave que las autoridades del TSE pidieron garantías a la CIDH para poder seguir cumpliendo sus funciones. Las amenazas contra miembros del TSE son constantes, desde todos los frentes. Los vocales ya no garantizan nada: son rehenes del sistema.
El MAS dejó de ser un bloque cohesionado. Hoy es una pelea interna sin fin. A los “evistas” y “arcistas” se suma el grupo de Andrónico Rodríguez, presidente del Senado y nuevo actor con ambiciones propias. No se trata solo de egos. El partido atraviesa una crisis ideológica. Lo que fue un proyecto político ahora es un botín en disputa. Cada facción busca controlar el discurso, las candidaturas y los recursos, bloqueando cualquier avance. Ya no se trata de si el MAS llegará como un solo bloque: eso ya no existe. La disputa ahora es entre facciones que compiten abiertamente, cada una con su propia estrategia, candidato y narrativa. Evo Morales insiste en su candidatura a pesar de estar inhabilitado por la justicia. Esta semana, la situación se ha vuelto aún más tensa: el país enfrenta una crisis económica y energética creciente, mientras los bloqueos impulsados por sus seguidores agravan el conflicto y paralizan aún más al país.
Del otro lado, la oposición no ofrece una alternativa seria. Lo que hay son “partidos taxi”: sin base social, sin militancia, alquilados para habilitar candidaturas improvisadas. Muchos aspirantes no tienen historia política ni propuestas. Van de alianza en alianza sin rumbo. La política se ha convertido en un espectáculo de oportunismo, más cerca de un reality que de una elección democrática.
El calendario electoral es un campo minado. El TSE fijó las elecciones generales para el 17 de agosto de 2025, pero el proceso está trabado por impugnaciones, amparos y boicots cruzados. No hay certezas. Las campañas comenzarán oficialmente tres meses antes, y las encuestadoras deberán registrarse ante el TSE. En teoría, habrá al menos un debate obligatorio entre los principales candidatos. Pero ni siquiera está claro quiénes serán esos candidatos.
La política boliviana está podrida desde la raíz. Las alianzas que se inscriban ante el TSE llegarán sin ideología, sin propuestas y sin respaldo popular. En 2020 se registraron siete, y la mayoría no sobrevivió al proceso. Todo apunta a que se repetirá el mismo patrón: acuerdos de conveniencia entre empresarios, exfuncionarios, caudillos y celebridades.
Mientras tanto, la economía se desploma. El país enfrenta una crisis energética, escasez de divisas, inflación y pérdida de reservas internacionales. El gobierno ya no tiene margen. Y los rumores sobre una posible renuncia del presidente Luis Arce —ya sea por presión política o por colapso económico— suenan cada vez menos descabellados. Bolivia ha perdido el rumbo. Ya ni siquiera se sostiene en el mito de la estabilidad macroeconómica de la era del gas.
La preocupación no es quién gane o pierda. El verdadero peligro es que no haya elecciones. Que el proceso se caiga por falta de condiciones, violencia o colapso institucional. El país no solo enfrenta un ciclo electoral caótico. Enfrenta un vacío de poder, de credibilidad y de liderazgo. Hablar de democracia, en estas condiciones, es casi un acto de fe. El sistema electoral es débil, las instituciones no garantizan nada, los partidos están ausentes y los políticos solo piensan en sobrevivir. Bolivia no está eligiendo su futuro. Está tratando de evitar su colapso.
Licenciada en Ciencias de la Comunicación y MSc. en Marketing Político, es columnista especializada en temas de comunicación política y analista en este ámbito. Su experiencia incluye consultoría en transparencia electoral y participación como observadora internacional en procesos comiciales. Además, es socia de ACEIPOL, un espacio comprometido con la profesionalización de la política, desde donde impulsa estrategias innovadoras y análisis profundos sobre el panorama político contemporáneo.
