Bolivia se acerca a las elecciones generales del 17 de agosto de 2025 en un escenario político dominado por la fractura, la crisis institucional y la descomposición de las estructuras partidarias. Lo que en otros tiempos se presentaba como la maquinaria monolítica del Movimiento al Socialismo (MAS) hoy aparece desgarrado en múltiples frentes. La pugna entre el presidente Luis Arce, Evo Morales y, ahora, Andrónico Rodríguez ha dejado al partido oficialista en un estado de guerra interna que parece no tener retorno. La reciente postulación de Rodríguez, presidente del Senado y considerado alguna vez el delfín político de Evo, ha sido descalificada públicamente por Morales, quien lo comparó con antiguos dirigentes que, tras romper con el MAS, intentaron proyectos personales fallidos. La referencia no es casual: Morales evocó la figura de Román Loayza, histórico líder campesino que abandonó el MAS para lanzar su propia candidatura presidencial en 2009, solo para terminar en el olvido político. Sin embargo, el contexto actual es distinto. Ni Evo conserva la fuerza y el magnetismo de antaño—desgastado por los escándalos y por la erosión natural de dos décadas de protagonismo político—ni Andrónico es simplemente un Román Loayza cualquiera; su liderazgo emerge de un nuevo escenario político, donde parte de la militancia joven y sectores renovadores buscan un recambio generacional y programático.
El desgaste de Morales es evidente no solo en las encuestas, donde ya no lidera cómodamente como en otros ciclos electorales, sino también en su creciente aislamiento político. Las bases que antes lo apoyaban sin fisuras hoy están divididas, y su insistencia en mantenerse como figura central del MAS ha provocado un estancamiento que impide cualquier renovación real dentro del partido. La ruptura entre Evo y Arce ha sido especialmente dañina: el aparato estatal, que en el pasado operaba casi automáticamente en favor del MAS, ahora está fragmentado entre dos lealtades que no parecen dispuestas a reconciliarse. La emergencia de Andrónico Rodríguez representa, por tanto, un síntoma de esta crisis interna más que una solución clara, y aunque su figura despierta cierta expectativa en sectores rurales y sindicales, enfrenta el desafío monumental de consolidar un liderazgo propio en medio de una tormenta política.
Por el lado de la oposición, el panorama es igualmente desolador. La derecha y el centro-derecha bolivianos siguen atrapados en una espiral autodestructiva, disputándose un mismo y limitado electorado con candidaturas débiles y sin ambición estratégica. Samuel Doria Medina, Jorge Quiroga, Manfred Reyes Villa y otros aspirantes compiten no por construir una alternativa real de poder, sino por asegurarse pequeñas cuotas de representación parlamentaria que les permitan mantenerse a flote en el escenario político. La falta de visión para ampliar su base electoral y la negativa a construir campañas territoriales serias han reducido a la oposición a un actor testimonial, incapaz siquiera de garantizar la presencia de delegados en las mesas de votación, un indicador mínimo de estructura y músculo político. Su actuación revela una verdad incómoda: la oposición boliviana no parece querer gobernar realmente, sino simplemente ocupar esporádicos espacios de poder sin disputar el modelo económico y social que ha conducido al país a la actual crisis económica y energética.
A esta parálisis estratégica se suma la profunda crisis de las estructuras partidarias en Bolivia. La política nacional está dominada por los llamados “taxi-partidos”: organizaciones creadas no para gobernar ni representar intereses colectivos, sino para alquilar sus siglas al mejor postor en época electoral. Esta práctica ha vaciado de contenido la representación política, favoreciendo la corrupción estructural y dejando a los votantes cada vez más desconectados de cualquier proyecto transformador. Lejos de fortalecer la democracia, este fenómeno ha hecho de las elecciones un mero trámite formal, donde las ofertas políticas carecen de ideología sólida y se limitan a ser vehículos oportunistas.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE), encargado de llevar adelante este proceso, ha anunciado un calendario que prevé la primera vuelta el 17 de agosto de 2025, la segunda vuelta (de ser necesaria) para el 19 de octubre y la posesión de las nuevas autoridades el 8 de noviembre. Las inscripciones para alianzas políticas están abiertas hasta mayo, y la presentación de candidaturas formales se cerrará en junio, conforme al cronograma oficial publicado en la web del Órgano Electoral Plurinacional (OEP). Sin embargo, la legitimidad de este proceso no está asegurada. La institución, presidida por Óscar Hassenteufel, carga con el lastre de cuestionamientos históricos sobre su independencia y eficiencia. Aunque formalmente cumple con los plazos y procedimientos, la confianza ciudadana en su imparcialidad sigue en entredicho, alimentada por la memoria reciente de fraudes, irregularidades y crisis electorales no resueltas. Hassenteufel, figura clave en esta coyuntura, enfrenta críticas por no haber logrado reformas estructurales que garanticen mayor transparencia y confianza pública, lo que mantiene en vilo la credibilidad del proceso.
Así, Bolivia se encamina hacia unas elecciones donde ninguno de los actores principales parece ofrecer un horizonte claro. La crisis del MAS es, en el fondo, la crisis de un ciclo político que ha agotado su capacidad de regeneración; la inoperancia de la oposición refleja la incapacidad de concebir un proyecto alternativo. En este paisaje desolador, la política nacional sigue siendo dominada por personalismos, luchas intestinas y la lógica clientelar, mientras las grandes cuestiones de fondo—la reactivación económica, la reforma energética y la reconstrucción institucional—quedan relegadas a la retórica vacía. La ausencia de partidos orgánicos, la proliferación de taxi-partidos y la corrupción que ello implica ha erosionado de manera profunda la democracia boliviana, reduciendo la política a un juego de intereses particulares y alianzas frágiles. Con partidos sin proyecto, liderazgos cada vez más cuestionados y una institucionalidad electoral debilitada, las elecciones de 2025 amenazan con ser otro capítulo más en la larga historia de estancamiento político del país.
Licenciada en Ciencias de la Comunicación y MSc. en Marketing Político, es columnista especializada en temas de comunicación política y analista en este ámbito. Su experiencia incluye consultoría en transparencia electoral y participación como observadora internacional en procesos comiciales. Además, es socia de ACEIPOL, un espacio comprometido con la profesionalización de la política, desde donde impulsa estrategias innovadoras y análisis profundos sobre el panorama político contemporáneo.
